Evaluación exhibe deficiencias en atención a violencia contra población femenina en 2020
La Evaluación Integral del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del Estado de Tlaxcala 2020, muestra que en ese año no se destinaron recursos para el acceso de justicia a las mujeres y que las y los operadores del servicio de emergencia 911 no recibieron capacitación sobre igualdad entre hombres y mujeres, además de que carecían de exámenes de control y confianza.
En el capítulo 4 (de este documento difundido por la administración estatal en su sitio oficial en internet) relativo a la “Prevención social de la violencia y delincuencia con participación ciudadana”, refiere que el programa nacional en esta materia se compone de tres subprogramas, “sin embargo en el caso de Tlaxcala, únicamente se destinaron recursos al subprograma homólogo”.
Subraya la relevancia de este esquema porque coadyuva al mejoramiento de la coordinación de las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno e incentiva la participación de la sociedad civil en la tarea de atender factores de fondo que pueden propiciar el delito y la victimización.
Sin embargo, en cuanto al Programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres, expone que en el ejercicio fiscal 2020 no se asignaron fondos, ni al de Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas.
Destaca que no se llevó a cabo la certificación de algún estándar ofrecido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), pues solo en 2019 las y los servidores públicos recibieron el curso ‘Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género’.
Por otra parte, en el capítulo 6, referente al “Sistema Nacional de Información de Bases de Datos (SNSP)”, se explica que el Sistema Nacional de Atención de llamadas de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas es un subprograma que busca impulsar instancias y procedimientos homologados para atender solicitudes de auxilio y para coordinar la respuesta institucional eficiente y efectiva, mediante objetivos específicos.
Para el año pasado estableció como meta alcanzar 10 por ciento de capacitación en línea a personal del área de recepción de reportes en el servicio 911, por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y 50 por ciento en el de denuncias anónimas al número 089, señala.
Pero al preguntar, durante la evaluación, cuántas personas del servicio de emergencias y del de denuncia anónima fueron capacitadas en el curso en línea ‘Introducción a la igualdad entre hombres y mujeres’, no hubo respuesta alguna.
El documento precisa que para la realización de este subprograma, en 2020 fueron invertidos 22 millones 383 mil 548.23, de los cuales 12 millones 520 mil pesos correspondieron a una aportación federal y nueve millones 863 mil.23 pesos, a una participación estatal.
De acuerdo con este diagnóstico, en ese año el número total de personas “operadoras” del servicio de emergencias 911 era de 19 y la totalidad carecía de exámenes de control de confianza, y en la misma situación se encontraban las 35 “despachadoras”.
Asimismo, indica que el tiempo promedio mensual de atención desde el momento en que se recibió el reporte al 911 hasta el arribo de una unidad al lugar del evento, fue de 11 minutos con 25 segundos.
En enero, fue de 14 minutos con 31 segundos; similar al mes de febrero; en marzo, de 15 minutos con 15 segundos; en abril de ocho minutos con 41 segundos; en junio, de nueve minutos con 14 segundos; en julio de 17 minutos con 27 segundos (este fue el lapso máximo), y en agosto, de nueve minutos con 46 segundos, por citar a algunos.
Pero se consiguió efectuar un comparativo a partir de que este sistema fue puesto en operación, en 2016, por lo que solo se hizo con el año 2019, cuando el tiempo promedio fue de 17 minutos con 32 segundos, lo cual significa que en 2020 se redujo.
Anota que el dato relativo a 2016, 2017 y 2018 no se ingresó porque se llevó a cabo el cambio del software, por lo que “no fue posible realizar su respectiva extracción”.
Realza que las personas que operan y despachan en el servicio 911 disponen del equipo de trabajo para desempeñar su labor. Pero derivado de la evaluación, se recomienda que ante la carencia de exámenes de control de confianza y el rol que desempeñan en términos de atención a la ciudadanía, “no debe prescindirse de este filtro”.
Al respecto y como dato adicional, en 2020 fueron realizadas un total de cinco mil 438 llamadas de emergencia al número 911, por incidentes relacionados por algún tipo de agresión en contra de la población femenina de la entidad, como violencia de pareja o familiar, violación, acoso, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
Además, en ese año, a pocos días del inicio de la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y la cual orilló a las familias al confinamiento en sus casas por varios meses, la organización civil Mujeres con Poder denunció que el servicio 911 “no servía para nada” porque su actuación era omisa.
Señaló que la violencia familiar había incrementado, pero al solicitar auxilio la llamada no era contestada, no llegaba el apoyo policial requerido o los y las operadoras respondían que no podían intervenir en este tipo de asuntos.
La Evaluación Integral del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) del Estado de Tlaxcala 2020, fue revisada por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp) y la elaboración de su publicación estuvo a cargo de Polaris Group en coordinación con esta institución.