La opacidad alienta los visos de imposición y es, precisamente, la ausencia de transparencia lo que ha imperado en el proceso de integración y depuración de la lista de personas candidatas a participar en el proceso electoral para elegir a magistrados y diputados de los tribunales locales y jueces del Poder Judicial.
Los principios rectores de la función electoral, como son: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, previstos en el artículo 116 constitucional, han sido pisoteados, poniendo ya en tela de juicio la elección del 1 de junio.
A 10 días de haber concluido el proceso de registro de contendientes, nadie sabe quiénes son los aspirantes, porque la transparencia ha sido secuestrada por un grupo de abogados –en su mayoría perfectos desconocidos– que integran el Comité Estatal de Evaluación, quienes al parecer solo cumplen órdenes para asegurar la llegada a esos cargos jurisdiccionales de personas que ya han sido “palomeadas” desde el poder.
Ellos, con la complicidad del Legislativo, que desde un inicio escondió la rifa o tómbola que definió los espacios a renovar en el Poder Judicial, han puesto en riesgo toda la contienda electoral.
Ni el Legislativo, ni Judicial y mucho menos el Ejecutivo, han entendido que la transparencia es un pilar fundamental de la democracia y de la buena gobernanza, y todo este oscurantismo genera una percepción de imposición de los elegidos y un alejamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas.
Nadie sabe, por ejemplo, qué mecanismos públicos abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios han establecido los integrantes de los Comités de Evaluación para verificar que los interesados cumplan los requisitos establecidos; cómo medirán aspectos como honestidad, buena fama pública y competencia de los contendientes y, sobre todo, de qué modo se integrará el listado con las dos personas mejor evaluadas para cada cargo.
La opacidad en todo este proceso fortalece la idea de la imposición, por lo que estaríamos en la antesala de que los comicios del próximo 1 de junio solo sirvan para legitimar esas unciones que ya se dieron desde un escritorio del poder público.
Y en eso de la opacidad, toda una ficha salió el director de parquímetros de Apizaco, Baldomero Galaviz, quien ha hecho de su encargo una mina de oro en la que, sin importar que labora en una administración que llegó bajo la triada del no robar, no mentir y no traicionar, ha hecho todo lo contrario en perjuicio del edil Javier Rivera. Todos sus millonarios excesos ya están documentados, mismos que en unos días podrán salir a la luz pública dejando muy mal parado al gobierno municipal.