Martes, agosto 16, 2022
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Omisión e ineptitud=Corrupción

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La omisión e ineptitud en el ejercicio de un cargo público es corrupción en perjuicio de la sociedad y estas dos condiciones parecen que arrastran a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) a un gran abismo, en donde prácticas como la tortura se están haciendo comunes con desenlaces funestos.

El desarrollo y la implementación efectiva de las políticas públicas de un gobierno dependen en gran medida de la calidad de sus funcionarios. En el papel, los servidores públicos con responsabilidades técnicas o especializadas, como es el caso de la figura del Ministerio Público, deberían estar sujetos a procesos de selección meritocráticos, en los que se toman en cuenta su instrucción, experiencia y capacidades específicas.

Sin embargo, en los hechos, los nombramientos suelen ser resultado de cálculos que privilegian el beneficio político de quien los designa o a la protección de determinados intereses particulares o de grupo, pero los paganos somos la sociedad. Esto es corrupción.

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De acuerdo con una investigación del área de Posgrados de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, hay diversos tipos de corrupción, entre ellos, la generada por ineptitud y omisión, en el ejercicio del cargo.

Estas dos condiciones parecen que afloran en la PGJE, en donde policías de investigación, presuntamente, provocaron la muerte cerebral de Juan Carlos N., considerado el principal sospechoso de la desaparición de la joven Ana Laura, ocurrida desde el pasado 4 de abril.

Dos días después de que familiares y amigos de Ana Laura realizaron una manifestación para denunciar la falta de atención y apoyo de la PGJE y de que la procuradora Ernestina Carro asegurara que estaban efectuado una labor “muy puntual de inteligencia y científica”, policías de la dependencia detuvieron y golpearon a Juan Carlos N., al grado que le ocasionaron la muerte.

Si bien la funcionaria cesó a los entonces titulares de la Policía de Investigación y de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, está claro que el proceder de la PGJE sigue siendo errático, reaccionario a la presión pública y con prácticas que se creían desterradas, como la tortura. Cuántas confesiones a punta de garrotes habrán logrado.

Si la titular de la PGJE, imputada por abusos y excesos en contra de algunos trabajadores, no sabe del proceder de sus subordinados, alejado de medios científicos y de inteligencia, es malo, pero si lo conoce, es peor, lo que evidenciaría que su permanencia en el cargo es corrupción, por la ineptitud y la omisión con la que se conduce.

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