Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) reprocharon la reelección de Jakqueline Ordóñez Brasdefer como ombudsperson, por considerar que no ha garantizado el funcionamiento de este organismo, pues ha servido a “intereses de un gobierno indolente, violento y de simulación”, con acciones de colusión, ineficacia e indiferencia.
Además de poner en duda la transparencia del proceso de renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), agrupaciones defensoras de derechos humanos nacionales y locales emitieron un pronunciamiento para expresar su rechazo a esta forma de designación de la presidencia y a la del Consejo Consultivo para el periodo 2025-2029, por parte del Congreso local, en días pasados.
Te puede interesar: Feministas exigen a la CEDH autonomía e independencia en su actuación; una simulación, el proceso de selección de sus integrantes, exponen
Cuestionan que no se cumplieron los más altos estándares para cubrir el perfil para la presidencia de la CEDH, “que requiere no solo de conocimiento técnico, sino que exige de una cercanía con los contextos actuales que enfrentamos en el estado, sentido de humanidad, principio de autonomía e imparcialidad”.
“Una vez más, sin importar la relación que existe con la gobernadora, así como la Recomendación 47/2003 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su contra, se reelige a una persona que no ha garantizado el funcionamiento conforme a la ley de este organismo, sino que ha servido a los intereses de un gobierno indolente, violento y de simulación”, expresan.
Refieren que este contexto aumenta las vulnerabilidades a las que la ciudadanía se enfrenta todos Ios días, pues contar con figuras como la de Ordóñez Brasdefer que vuelve a asumir este cargo, “coloca en riesgo los derechos humanos de todas y todos, en un México donde las instituciones constitucionalizan la vulneración de éstos”.
Además, “se vuelve parte de la impunidad que hoy gozan los agresores, violadores, tratantes, feminicidas, homicidas y funcionariado público, al no contar con órganos autónomos locales” que acompañien a las víctimas ante la obstaculización, revictimización y omisión institucional.
Repasan que durante el periodo 2021-2025, el primero de Ordóñez Brasdefer como presidenta, “muchas de sus acciones fueron completamente de colusión, pasivas e ineficaces y de indiferencia”.
También puedes leer: Ordoñez Brasdefer fue ratificada como presidenta de la CEDH; activistas increpan designación
Entre otras cosas, subrayan que en este lapso hubo “graves omisiones” ante las violaciones a derechos humanos de los diversos grupos, como los de las mujeres, las cuales “han sido parte de la impunidad” pues nunca hubo pronunciamiento al respecto, y que en el caso de feminicidios el interés fue menor, así como en la problemática de las desapariciones en el estado.
“Para las manifestaciones del 8 de marzo de 2022, Ordóñez señaló que no hubo violencia, catalogando a la manifestación como ‘pacífica’, negando el secuestro arbitrario a una compañera y el uso de la fuerza policial a compañeras feministas el 16 de marzo de ese año”, acentúan.
Este pronunciamiento fue emitido por el Colectivo Mujer y Utopía (CMU), Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. y Yureni A.C, entre otras.
