El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) mantiene activas alrededor de 190 denuncias por posibles actos u omisiones constitutivos de delitos o daño patrimonial cometidas por autoridades municipales, estatales y de organismos autónomos, informó su titular, Arturo Lucio Salas Miguela, quien precisó que estos procedimientos están en curso tanto en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET) como en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Explicó que la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en julio de 2017 modificó los procesos de fiscalización, pero aun así el organismo continúa dando seguimiento a casos iniciados desde años anteriores.
“Todavía traemos arrastrando algunos de ejercicios anteriores, de 2014 y 2015. Ya son menos; en la última revisión que hice, teníamos presentadas 190 denuncias que están vigentes”, detalló el funcionario.
Respecto al estado procesal que guardan las denuncias penales presentadas entre 2014 y 2023, el titular del OFS aclaró que el organismo no cuenta con información completa sobre avances, debido a que por ley no tiene la calidad de parte dentro de los procesos penales.
“El OFS únicamente coadyuva con el Ministerio Público. No tenemos conocimiento directo del estado procesal porque los delitos se investigan en agravio de la sociedad y la Fiscalía es la autoridad responsable de integrar las carpetas”, explicó.
Precisó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es la institución facultada para conducir las investigaciones y dar seguimiento jurídico a cada carpeta, incluida la eventual judicialización de casos o determinación de sanciones.
En ese sentido, dijo que el OFS cumple con atender los requerimientos de información que solicite el Ministerio Público, tal como lo establece la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala.
Cuestionado sobre cuántas denuncias han sido judicializadas o han derivado en sanciones, reconoció que estos procesos suelen ser prolongados.
“Sí se han hecho, pero vamos a proporcionarle el dato que tenemos, porque hay muchos datos que solo la Fiscalía puede confirmar. Los procesos tardan: los servidores públicos se amparan, impugnan y se defienden, y es un derecho que les da la ley. Eso hace que se alarguen por varios años”, dijo.
Consultado sobre posibles prescripciones, afirmó que el OFS mantiene un seguimiento puntual para evitar ese escenario.
“Tenemos mucho cuidado de que no caigan en prescripción, porque caeríamos en responsabilidad por omisión. El jurídico tiene la instrucción de dar seguimiento oportuno a cada uno”, aseguró.
Lucio Salas reiteró que el organismo continúa recibiendo, documentando y turnando denuncias conforme avanza la revisión de cuentas públicas y aseguró que el volumen actual confirma que las investigaciones por presuntas irregularidades continúan activas y en proceso de sustanciación ante las autoridades competentes.
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