Sábado, junio 19, 2021

Son obligaciones del Estado; no favores ni promesas

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Bajo la óptica de la Organización de las Naciones Unidas, la democracia tiene como sustento la participación de los individuos en los asuntos de su comunidad y tal participación se manifiesta no sólo mediante el voto. La ONU estableció que:

“La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación plena en todos los aspectos de su vida”.

El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, mediante la participación de diversos sectores sociales, que recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo; la ciudadanía tiene el derecho de presentar a quienes contienden por cargos públicos los contextos que enfrentamos respecto de nuestros derechos humanos, siendo siempre los derechos de las mujeres aquellos que se minimizan y relegan.

Es necesario que quienes encabecen el gobierno deben dejar de negar la grave problemática de violencia feminicida que vivimos las mujeres de todas las edades en el estado, pues esto se ha reflejado en la falta de política pública y especialización para atender, prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, manteniendo altos niveles de impunidad en el acceso a la justicia y falta de modelos y protocolos especializados para el acompañamiento a víctimas directas e indirectas.

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Las demandas que presentamos desde el Colectivo Mujer y Utopía A.C., en la Agenda Feminista que estamos entregando en manos de quienes aspiran a la gubernatura del estado de Tlaxcala, parte del acompañamiento integral a mujeres en situación de violencia y del trabajo realizado con grupos de mujeres de diferentes edades, contextos y ámbitos sobre los ejes temáticos que rigen nuestras acciones; así como del resultado de las mesas de Análisis de Contexto llevadas a cabo durante el mes de febrero con expertas y expertos en la materia, a nivel local y nacional; así como del trabajo de observación de manera permanente a las acciones de las instituciones.

Hemos observado constantemente que se carece de un trabajo interinstitucional, por lo que las acciones no resultan suficientes, ni de manera integral para las mujeres, atendiendo sólo una parte del problema y, en consecuencia, no se logran avances sustanciales para la modificación de los contextos de riesgo y violencia feminicida; se requiere de un verdadero compromiso, sensibilidad y capacidad de quienes ocupen cualquier cargo público por el que hoy contienden.

Del mismo modo, el personal responsable de diseñar y aplicar las acciones y política pública dirigidas a mujeres, deben asumir sus obligaciones de forma que no antepongan sus prejuicios y prácticas machistas, pues esto ha llevado a brindar los servicios con sesgos y a obstaculizar la garantía de nuestros derechos, incluso, violando el principio de Progresividad de los derechos humanos, poniendo en riesgo la vida de las mujeres, incluidas las niñas y adolescentes.

Por lo que es imprescindible transitar hacia un pacto de sororidad, en el que se deje de abordar las problemáticas de las mujeres como temas secundarios o de relleno, donde no siga protegiéndose a los agresores, violadores y feminicidas, que el sistema funcione para crear condiciones de igualdad, seguridad, justicia para las mujeres, así como garantizar la reparación del daño y garantía de no repetición.

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El no querer ver también es violencia, no querer resolver las situaciones de riesgo y desigualdad que vivimos las mujeres, es otra expresión de la violencia institucional, machista y misógina, los pactos patriarcales no sólo son mantenidos entre hombres, sino desde las instituciones, desde las omisiones y la falta de claridad en las agendas políticas y de gobierno; pues para conocer las situaciones que actualmente enfrentamos las mujeres de todas las edades es preciso escuchar a la sociedad, a las víctimas y familias de las víctimas, quienes afrontan también los obstáculos, largas y excusas para acceder a todos sus derechos, para acceder a la justicia integral.

Por otro lado, la falta de diagnósticos sobre las realidades que vivimos las mujeres ha sido una muestra de la falta de interés por conocer los contextos de esta población para desarrollar la política pública y las estrategias para dar respuesta y disminuir los riesgos que permanecen en todos los ámbitos. Si bien, esta Agenda que presentamos no es exhaustiva respecto de todos los derechos de las mujeres, confiamos en que otras organizaciones y compañeras estarán colocando las necesidades a partir de sus experiencias y, en el mismo sentido, quienes aspiran a la gubernatura las reciban a fin de atender de forma integral para el avance de todos nuestros derechos.

Es necesario que como votantes distingamos de aquellos discursos que generan promesas como si pidiéramos favores, olvidan que con cualquier cargo público adquieren obligaciones que deben cumplir, obligaciones que se encuentran no sólo en el marco normativo local, sino en instrumentos internacionales para garantizar los derechos de las mujeres, pero que desconocen. Queremos escuchar los cómo para modificar de fondo las problemáticas de las mujeres.

Cabe señalar que estamos seguras que la construcción de la igualdad y no violencia nos convoca a diferentes sectores y grupos que compartimos un territorio, por lo que la presentación de esta agenda no se limita a dejar la tarea a quienes ocupen los cargos públicos, sino que reiteramos nuestro compromiso como sociedad civil de coadyuvar en las acciones que sean necesarias para modificar las condiciones de desigualdad, violencias y omisiones, donde no seamos más tratadas como ciudadanas de cuarta. 

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