Lunes, junio 16, 2025

Nuevamente, presupuesto para el Programa Estatal contra la Trata de mujeres genera desarticulación de estrategias y líneas de acción, señala CFJG

Por segundo año consecutivo, el presupuesto destinado al Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres, coloca rubros que no contribuyen a erradicar este delito, como el denominado “La tauromaquia generadora de fuentes de empleo” y el de “Desarrollo Turístico”, lo cual refleja una desarticulación de estrategias y líneas de acción, señaló el Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local.

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A propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, cada 8 de marzo, la organización civil se pronunció contra la violencia “y una de sus desgarradoras expresiones: la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual”.

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Repasó que miles de mujeres son víctimas de este flagelo en el país, “como parte de un negocio ilícito que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), genera a nivel mundial, ganancias de hasta 36 mil millones de dólares al año”.

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Señaló que en el estado de Tlaxcala estas violencias hacia este sector de la población se perpetuán a través de algunas “estrategias gubernamentales”, como la negación de este delito, como ha ocurrido desde el inicio de la actual administración estatal,  al señalar constantemente que el problema ya no existe, a pesar de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reconoce que durante 2023 hubo ocho denuncias y de que entre 2022 y 2023 se iniciaron 11 carpetas de investigación, periodo en el que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) emitió una sentencia condenatoria firme.

Reiteró que hay una simulación en el desarrollo de acciones y que ante la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) decretada para el estado, en la décima tercera sesión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), de fecha 5 de julio de 2023, “dictaminó que no se han cumplido 29 de las 30 medidas establecidas”.

“Esta simulación -expuso-también se ha evidenciado en el presupuesto destinado a implementar el Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres”, al que dijeron destinar 655 millones 372 mil 419 pesos en 2023 para “la prevención, sanción y erradicación de este ilícito,  “pero en realidad no se ejerció para el desarrollo de las estrategias y líneas de acción establecidas, por lo cual no se ha avanzado en su implementación”.

Añadió que para este ejercicio fiscal 2024, dicho gasto incrementó a 730 millones de pesos, es decir, 355 mil 245 pesos. “Sin embargo, se insiste en colocar rubros que no contribuyen a erradicar la trata, como el denominado ‘La tauromaquia generadora de fuentes de empleo, impulso económico y como tradición que caracteriza al estado de Tlaxcala’ y el de ‘Desarrollo Turístico’. Nuevamente se nota una desarticulación de las estrategias y líneas de acción” establecidas en el Programa Estatal.

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Reprochó que el contexto se agrave por la participación y permisibilidad del gobierno en el ámbito municipal, pues recordó que vía acceso a la información, conoció que de 2021 a 2023 se expidieron 65 licencias de bares, hoteles, moteles y centros botaneros en 14 municipios del sur del estado de Tlaxcala, donde se acentúa la trata de mujeres y niñas, lugares donde se puede concretar la explotación sexual de mujeres; además de que se renovaron 109 permisos en esos giros comerciales.

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“Particularmente la trata con fines de explotación sexual se sigue perpetuando en el estado de Tlaxcala, aunque el gobierno en turno insista en su minimización, y se complejiza en medio de la industrialización que se sigue generando”, acentuó.

Por ello, consideró de suma importancia que el Estado asuma las obligaciones que le corresponden y reiteró su exigencia de reconocimiento público del problema “y no simulación”.

Asimismo, la implementación integral del Programa Estatal Contra la Trata de Personas y de la legislación y políticas públicas existentes “que lleven a erradicar la violencia hacia las mujeres, que impliquen reducación hacia los hombres y transitar hacia masculinidades no violentas”.

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