Jueves, febrero 13, 2025

No sólo se trata de paridad, sino también de perspectiva de género en candidaturas

Destacamos

Algunos antecedentes registrados sobre los primeros movimientos de mujeres en México son entre 1884 y 1887, la revista Violetas del Anáhuac demanda el derecho al sufragio femenino; para 1910 diversas asociaciones feministas se unen a Madero, entre ellas el Club Femenil Antireeleccionista “Las Hijas de Cuauhtémoc” y poco tiempo después protestan por el fraude en las elecciones y demandan la participación política de las mujeres mexicanas. En 1916 se realiza el Primer Congreso Feminista impulsado por el general Salvador Alvarado como gobernador de Yucatán, uno de los principales acuerdos a los que se llegó en este congreso fue demandar que se otorgará el voto ciudadano a las mujeres.

En Chiapas, Yucatán y Tabasco se conquista la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser elegidas en puestos públicos de elección popular; lo que llevaría al reconocimiento de los derechos políticos y electorales para todas las mujeres mexicanas en 1953, después de un largo proceso.

Esto representa los primeros antecedentes de la igualdad entre mujeres y hombres, y que darían paso a las primeras acciones afirmativas en nuestro país, las cuales han impulsado la progresividad de los derechos de las mujeres en todos los espacios, sobre todo los públicos; en materia electoral, esta acción se impulsa para lograr una sociedad democrática con una amplia participación ciudadana, donde mujeres y hombres puedan decidir sobre su vida dentro de un Estado de derecho, con instituciones que integren transversalmente el enfoque de género en sus políticas.

A razón de estas luchas, fue hasta el pasado ejercicio electoral que los resultados del impulso de la paridad se vieron reflejados en la mayoría de los puestos públicos, ya que las mujeres obtuvieron lugares entre el 40 y poco más del 50 por cierto, logrando representatividad femenina.

Sin duda, esto ha significado un importante logro para la modificación de las condiciones que enfrentamos las mujeres, pero también sigue implicando otros retos, ya que cuando las mujeres que obtienen puestos públicos no necesariamente son sensibles a las necesidades sentidas de las mujeres, los cambios siguen pendientes; por lo que no es la paridad per sé lo que impulse las acciones necesarias desde las instituciones para atender y proteger los derechos de las mujeres, sino que significa no quitar el dedo del renglón de la necesidad y urgencia de la transversalización de la perspectiva de género en el interior de los partidos políticos para disminuir las brechas de género y se garantice el pleno derecho a la igualdad de condiciones para la participación política de mujeres respecto de los hombres.

La presencia de mujeres en las instituciones ha reflejado la efectividad de las acciones afirmativas para el logro de la igualdad; sin embargo, en un país donde el sistema patriarcal sigue dominando las dinámicas institucionales, exige esfuerzos mayores por aquellas que impulsan una agenda feminista, pues como lo hemos externado en diversos momentos, ser mujer no es garantía de comprender los contextos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres a quienes representa, sino que se mantienen fieles a las agendas partidistas, a pesar de que estas puedan significar retrocesos para nuestros derechos, o incluso obstaculizando el logro de iniciativas impulsadas por movimientos de mujeres.

No sólo requerimos de la presencia de mujeres en las instituciones para que dé pie a la protección y garantía real de los derechos de las mujeres, sino que también urge de presencia de hombres no machistas, misóginos y violentos, quienes históricamente no sólo han decidido el rumbo de nuestra nación, sino que han hecho uso del poder para mantener desventajas y desigualdades para nuestras vidas y la toma de decisión sobre nuestros cuerpos, imponiendo posturas conservadoras y machistas desde los partidos políticos.

Actualmente, México se encuentra como uno de los países con más mujeres en el parlamento, posicionándose como un país “igualitario” y “de avanzada”, cuando en la práctica sigue imponiendo ideologías retrógradas e impidiendo la plena participación y toma de decisiones de las mujeres en estos espacios para el avance de todos nuestros derechos.

En este sentido, hemos mirado la postura respecto de la interrupción del embarazo; por un lado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ha expresado en repetidas ocasiones su postura sobre el impulso de la despenalización del aborto en México, así como algunas mujeres en el Senado y en el Congreso; sin embargo, el presidente evade y obstaculiza el tema; como recientemente, tras el histórico logro de Argentina en la despenalización del aborto, expresara con despreocupación que lo dejará a la consulta ciudadana, dejando clara su postura.

En un país donde la misoginia se expresa diariamente de formas tan brutales contra los cuerpos y las vidas de niñas y mujeres, en donde las feministas y defensoras de los derechos de las mujeres debemos exigir a las instituciones que cumplan con sus obligaciones, en un país donde existe más del 90 por cierto de impunidad, ya no necesitamos a machistas y conservadores gobernando, tomando decisiones que implican retrocesos y desprotección.

Este año electoral, en medio de una pandemia que ha evidenciado prácticas omisas y una gran ausencia de perspectiva de género para la atención de la violencia en contra de las mujeres, exigimos a los partidos políticos que no sólo garanticen la paridad de género en todas las candidaturas (que cabe recordar la reacción que muchos partidos tuvieron en contra de esta determinación, reflejando su machismo), sino que incluyan sustancialmente este enfoque, pues sólo se ha usado para ganar adeptos en campañas políticas y, posteriormente, cualquier tema sobre el avance y protección de los derechos de las mujeres se vuelve irrelevante y relegado en último lugar de importancia.

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