Ante la coyuntura administrativa en los gobiernos federal y municipal es necesario insistir en la garantía de nuestros derechos, de ser tomadas en serio y exigir respuesta a las problemáticas que se mantienen y algunas de ellas se agudizan; sin embargo, a nivel estatal, que aún faltan otros tres años, también se han anunciado cambios, por lo que es necesario no quitar el dedo del reglón sobre las deudas que han sido atendidas, o que se pretende simular como parte de un gobierno omiso; por lo que necesitamos estar atentas al actuar de las autoridades y no permitir que sigan usando a las mujeres para posicionamiento y beneficio personal y político.
El logro en 2001 de contar con una institución a nivel nacional que diseñe e implemente acciones con el fin principal de promover y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres fue en sí mismo una lucha ganada por el movimiento feminista y de mujeres defensoras de los derechos humanos de las mujeres y niñas; a pesar del trabajo que se ha realizado para su fortalecimiento y obtener resultados visibles, no se ha podido combatir de fondo las desigualdades que enfrentamos las mujeres, ni mucho menos disminuir los niveles de violencia, contrario a las declaraciones tanto a nivel federal como estatal, que sólo invisibiliza y niega estas problemáticas.
En el estado de Tlaxcala se impulsó la creación del Instituto Estatal de la Mujer en junio de 1999, dos años antes que se lograra, bajo mucha presión del movimiento feminista, el Instituto Nacional de las Mujeres en México; lo que implicó un paso importante para las mujeres, colocando como objetivo fundamental, impactar en la vida de las mujeres a partir de acciones para la igualdad y el acceso a nuestros derechos; desafortunadamente, desde su creación no se ha modificado su reglamento de funcionamiento.
Si bien es necesaria su actualización y fortalecimiento, necesitamos que esto se dé bajo un marco de los más altos estándares, que las funciones y atribuciones profundicen en estrategias con impactos reales hacia las mujeres y no sólo sea un espacio de difusión de los derechos de las mujeres; ya que en su mismo reglamento se establece que se debe contar con un área de atención a la violencia familiar, así como de asesoría jurídica; sin embargo, el presupuesto y el plan de trabajo poco ha atendido esta obligación, lo cual se ha logrado con mayor efectividad a partir del programa federal de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef), con recurso federal y con especialización en su personal.
La presentación de la próxima Secretaría de las Mujeres en Tlaxcala no parece un compromiso real del Poder Ejecutivo de ahora sí favorecer su creación, más bien da la impresión de una instrucción de la presidenta electa del país, pues este anuncio se da después de la presentación de la titular de la Secretaría de las Mujeres a nivel nacional, lo que demuestra la falta de atención que ha tenido este gobierno durante tres años ante las exigencias de la sociedad civil como una deuda para las mujeres.
Ante este contexto de lo que sucederá en los próximos meses, no podemos perder de vista que el cambio de nombre no garantiza una política pública especializada (ahora sí), pues podemos tomar como ejemplo la transición a Fiscalía, ya que, durante tres años de gobierno la Procuraduría no generó ningún cambio en el sistema de justicia, y con la permanencia de la misma titular, no se apuesta por un cambio de fondo, sino sólo de nombre y para dar trámite a una de las medidas de la Alerta por Violencia de Género, un checklist que en nada favorece a las mujeres que buscan justicia y reparación del daño ante las violaciones a sus derechos humanos, lo que ha sido una constante en el estado. Del mismo modo, parece que se dará el mismo trato a la anunciada Secretaría de las Mujeres; la cual no solo se trata de “subir de nivel o de rango”, sino que implica y exige otras medidas para el funcionamiento estratégico y con resultados.
Como parte de las primeras declaraciones sobre la creación de esta secretaría, se afirma que se realizará un “análisis meticuloso” para la designación de la titular, así lo han anunciado las autoridades; quisiéramos pensar que verdaderamente se buscará un perfil con experiencia en la política pública para la defensa de los derechos de las mujeres, con conocimiento sobre los contextos de las violencias que vivimos las mujeres y las condiciones de desigualdad y discriminación que se vive en el estado; quisiéramos pensar que se buscará a una candidata que ha pugnado por mejoras en los mecanismos o marcos normativos para la protección y garantía de los derechos de las mujeres en nuestro estado o con amplia experiencia en la perspectiva de género para su transversalización en la política pública con los más altos estándares.
Quisiéramos ser optimistas y pensar que no será una designación clientelar o por cuota política, como ya es tradición, desearíamos que ese supuesto compromiso e interés por las mujeres (que sólo ha aparecido en los discursos mediáticos), se reflejara en la elección de la mejor candidata para lograr avances sustantivos y de fondo que alcance a las vidas de las mujeres para sentirnos seguras y disfrutemos plenamente de nuestros derechos; pero a tres años de gobierno, los cambios que se han realizado en las diversas instituciones no necesariamente han sido para su fortalecimiento o en miras de beneficiar a la población, sino en pagar cuotas y deudas políticas.
Es importante observar las experiencias que en otras entidades federativas se han tenido con estos cambios que ya se han realizado, pues estados como Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Nuevo León, ya cuentan con una Secretaría de la Mujer y en el caso de Puebla el cambio fue a Secretaría de Igualdad, ya que las atribuciones y enfoques que se implementan no necesariamente significan un avance en nuestros derechos, por lo que será necesario seguir de cerca las modificaciones a la ley para establecer qué facultades, atribuciones y alcances se tendrán en el estado.
Tanto a nivel nacional como en lo local, se debe seguir exigiendo una atención seria y especializada a las problemáticas que vivimos las mujeres, no pueden basarse estas decisiones solo en el populismo y acciones de simulación, las mujeres necesitamos contar con la garantía de todos nuestros derechos y su protección como política de Estado.
direcció[email protected]