Hay acciones que no están surtiendo efectos en la atención a mujeres violentadas, evidencian

A casi cinco años de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y a cuatro de la emisión de recomendaciones al gobierno de Tlaxcala, activistas feministas y representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) evidenciaron que algunas acciones implementadas “no están surtiendo efecto”, debido a la resistencia, opacidad y omisión al llevarlas a la práctica.

El análisis refiere al trayecto que esta petición ha seguido desde agosto de 2016, cuando se presentó esta petición vinculada al problema de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, hasta la resolución de la Secretaría de Gobernación (SG) en sentido negativo en agosto de 2017, así como en el cumplimiento de una serie de encomiendas a la entidad para fortalecer sus capacidades institucionales de atención.

Este ejercicio fue convocado por la Red Nacional de Alertistas (RNA), rumbo al informe alterno a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), correspondiente a este año.


Silvia Nava Nava, moderadora de este panel transmitido a través de plataformas de redes sociales, integrante de la RNA y consejera por Tlaxcala ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), resaltó que se vive un presente lleno de violencia estructural en un marco de retos por la pandemia del Covid-19, en el que se acentúan las agresiones, la falta de resolución de problemas y un recorte presupuestal grave al Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), único órgano que opera de manera directa con víctimas.

En su turno, Rosario Mendieta Herrera, activista, consultora y exdirectora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), señaló avances y pendientes en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) al estado.

En cuanto a los cursos de capacitación sobre perspectiva de género a servidores públicos, los informes enviados por el gobierno estatal a la Conavim, muestran la ausencia de una evaluación sustancial y el impacto que han tenido en la prevención y atención.

En el caso del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), los municipios integrados en la solicitud de AVGM “no están generando información”, además de que en los delitos de feminicidio y trata de personas, las estadísticas son mínimas, comparativa con otros reportes, incluidos los de la sociedad civil. Mientras que en el tema de las órdenes de protección, consideró que es necesario precisar si han surtido efecto o no.

Cuestionó la forma en que se ha aplicado la Norma Oficial Mexicana 046, relativa a la prevención y atención al maltrato sexual, pues en los informes se hace referencia a algunas interrupciones del embarazo de manera voluntaria, pese a que este procedimiento no está legalizado como tal en Tlaxcala, pues la legislación lo permite solo con ciertas causales.

Recalcó la importancia de que las acciones reportadas en el informe 2020 sean evaluadas, que se explique la articulación de trabajo entre las instituciones y cómo han surtido efecto los mecanismos aplicados; que se transparente el uso de recursos públicos con perspectiva de género y que se fortalezca al Centro Estatal de Justicia para las Mujeres (Cejum), que se decrete en ley su funcionamiento y que se le dote instalaciones propias e infraestructura para que brinde una atención integral, como ministerios públicos y jueces.

Edith Méndez Ahuactzin, directora de la asociación civil CMU (asociación solicitante de la segunda AVGM), enfatizó que en la atención al problema de violencia contra la población femenina tlaxcalteca, expuestos en las diversas solicitudes de la AVGM, hay deudas pendientes de hace mucho tiempo, pero “parece que no interesa, no es prioridad”.

Puntualizó que a cuatro años de la negativa de declaratoria de AVGM para Tlaxcala, “observamos que se sigue minimizando el tema” y que lo que está plasmado en el papel en los informes a la Conavim, “es muy diferente a lo que se ve en el día a día”.

Lamentó que se hayan detenido acciones en las dependencias por la pandemia del Covid, “parece que es muy conveniente”, a pesar de que las agresiones perpetradas contra las mujeres son un asunto de emergencia. Criticó que se habla de política pública “desde una comprensión desde el escritorio” y que no haya diagnósticos sobre violencia sexual.

Asimismo, reprochó que la ahora ex titular de la Conavim, Candelaria Ochoa, “puso un muro” al diálogo con las OSC y preguntó cómo se mide la voluntad de un gobierno (mencionada en la resolución de negativa de la SG) para atender la violencia contra mujeres, que permita saber si es la necesaria.

Subrayó que a diferencia de otros estados, el gobernador de Tlaxcala ni el procurador de justicia, han mostrado apertura al diálogo con la sociedad civil para coadyuvar.

En la práctica, los vacíos identificados en el protocolo unificado para trata, violencia sexual y feminicidio, han derivado en impunidad y en la no acreditación de este último, por lo que es necesario contar con uno especializado para cada caso. Insistió en que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mantiene actitudes de negación para mejorar sus prácticas, acentuó.

Recordó que el diagnóstico del CMU muestra que de 2017 a 2019 solo hubo tres sentencias condenatorias, de un total de nueve carpetas de investigación por feminicidio, y que de 2012 a 2019, se habían cometido 105 asesinatos de mujeres en forma violenta.

Por su parte, Herminia Hernández Jiménez, integrante de la Red de Abogadas Feministas de Tlaxcala, expuso que el incremento en el número de feminicidios es una realidad en Tlaxcala. En el primer cuatrimestre de 2020 se han contabilizado 13, “así lo consideramos”  porque los cuerpos de las víctimas presentaban huellas de violencia.

Hizo un llamado a las autoridades, en específico al procurador, Antonio Aquiáhuatl, para que las carpetas de investigación sean iniciadas como feminicidio, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya emitió una resolución al respecto.

Desde la academia se ha observado que uno de los principales problemas a los que las mujeres se enfrenta es a la falta de perspectiva de género desde las instituciones públicas, y que en el caso de Ministerios Públicos, aún hay quienes regresan a las víctimas “a arreglarse con su marido agresor, no pasa nada, y siguen normalizando la violencia” que en ocasiones termina en feminicidio.

Consideró que un problema de fondo es que muchas veces la declaratoria de AVGM depende de lo que se tarden en hacer investigaciones o en determinar si vale la pena o no decretarla. “Se pierde tiempo valioso”.

En su opinión no hay voluntad política para decretar la AVGM, como si fuera a generar  mala fama al estado, en lugar de que sea una herramienta para buscar fallas y mejorar la atención y la prevención; además de que “siguen cerrando los ojos” a los problemas.

Luz María Vázquez Ávila, ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y académica universitaria, subrayó que a casi cinco años de la primera solicitud de AVGM (presentada por la organización Todos para Todos), “un reto es el tiempo”.

Destacó que en las instancias o direcciones municipales de la Mujer “hay una gran resistencia a trabajar en el tema” de perspectiva de género, además de que carecen de recursos, por lo que preguntó cómo se puede ayudar para que las capacitaciones que reciben se socialicen en las comunidades.

Acentuó que esos órganos no están reglamentados en la legislación, por lo que es necesario resolver esta laguna. Observó que un problema es el cambio de servidores públicos capacitados y las trabas que jueces municipales ponen por desconocer sus atribuciones  para emitir una orden de protección a favor de mujeres víctimas de violencia o por tener alguna relación con el agresor.

Insistió en que el uso de recursos públicos debe reflejarse en la atención a niñas y mujeres violentadas, principalmente. Dijo que no hay diagnósticos específicos a cada tipo de violencia para dar un tratamiento acorde.

Aseveró que los políticos “no tienen interés real… solo es tema de campañas, en el discurso” y reiteró que las recomendaciones de la Conavim no solo se deben cumplir en estadística, sino en la práctica. Urgió a decretar la AVGM para Tlaxcala.

En tanto, Eréndira Jiménez Montiel, exfuncionaria pública, exdiputada local y delegada estatal de la organización civil Nosotrx, abordó el tema de violencia política contra las mujeres por razón de género y resaltó que todo el devenir en torno a esta problemática ha estado cargado de hechos constitutivos.

“Lamentablemente es de esperarse que a cada reforma en favor de la erradicación  de la violencia contra las mujeres, surja una especie de contrarreforma conductual de parte de sectores radicales adversos a la igualdad entre géneros y que buscan acotar los mandatos de las modificaciones legislativas mediante actos que inhiban a la mujeres en sus pretensiones de acceder a espacios de decisión que tradicionalmente han ocupado los varones”, tal y como ocurre actualmente en el Congreso local.