Niñas comercializadas por sus padres en tiempos de pandemia, a cambio de dinero o propiedades

La ‘venta’ o ‘canje’ es por cantidades de cinco mil a 30 mil pesos: Ddeser

En San Pablo del Monte, Ana, de 12 años de edad, fue ‘vendida’ por su padre a un comerciante por la cantidad de 30 mil pesos y una consola de videojuegos; la niña era obligada a dormir con un joven mayor que ella. A Sofía, de 10, la entregaron a cambio de un terreno, en Zitlaltépec.

Estos casos fueron atendidos por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19; sin embargo, Rosario Texis Zúñiga, directora de esta asociación civil en Tlaxcala, reconoce la dificultad para vincularlos a algún delito, sobre todo al de trata por trabajo forzado o al de tráfico de personas, incluso al de matrimonio infantil forzado

La niña de San Pablo del Monte elige el nombre de Ana, para proteger su identidad. Fue “vendida” al dueño de una tortillería reconocida en ese lugar, quien “la hizo noviecita” de uno de sus hijos. Su padre le dijo al comerciante: “Te la llevas y que se quede contigo”. Ella se opuso rotundamente.


Logró escapar y pretendió retornar con su familia. Suplicó no volver con esas personas porque la obligaban a dormir con un joven de 19 años de edad (vástago del hombre que la “compró”), para que iniciara su vida sexual con él. “Me tomó varias veces… mis papás están de acuerdo; yo no quiero eso”, confió la menor.

Rosario Texis refiere que Ddeser interviene en este asunto “porque una aliada del DIF estatal nos preguntó cómo hacía para encontrar un refugio para la niña”.

Obviamente –asienta– lo vivido por Ana es violencia, una cuestión gravísima, por lo que buscamos apoyo de la Red Nacional de Refugios (RNR) para garantizar su seguridad, pues “en estos casos lo más importante es la víctima”. Una tía materna ya se hace cargo de ella y ahora se trabaja en un proceso para que la adopte.

“Le preguntamos a Ana si quería proceder legalmente, pero ella dijo que por tratarse de sus papás no quería hacerlo. Se le dio seguimiento psicológico y psicoemocional, pues es uno de los factores en los que más se trabaja en este caso. La abogada de la asociación orientó en algunas acciones, mientras se abrían los juzgados”.

Comenta que tuvo acceso con la familia de la niña y que la madre “dijo que quienes orquestaron la ‘venta’ fueron los dos hombres, el papá y el dueño de la tortillería, que eran amigos”. El convenio mercantil fue por una suma de 30 mil pesos y un ‘Xbox’. De esta forma quedaría saldada “una deuda” con ese comerciante. “Por eso él se la llevó y dijo que mejor ya la iba a tener como su nuera, según la versión de esa mujer”, añade.

A Sofía, así se le llama a la niña de Zitlaltepec, a quien su padre la ‘vendió’ porque debía un terreno. El hombre le dijo a su acreedor, “llévate a mi hija, te va a servir para algo”.

La esposa del señor que se la llevó –refiere Texis Zúñiga– argumenta: “Él (su marido) no le ha hecho nada, por eso queremos ver qué sigue, si la adoptamos… yo no sabía qué hacer, no tengo hijas, solo hijos”.

Pero –añade– se le explicó a esa mujer que esta es una cuestión de trata de personas, de tráfico o de trabajo forzado, es decir, un delito; sin embargo, ella contestó, “es que mi esposo hizo el trato y ya no se puede deshacer, además, su papá dijo que ya no tenía (dinero) para darle de comer, entonces, pues mejor que se quede con nosotros”.

Ante esta respuesta, fue necesario realizar un trabajo de concientización, junto con el DIF, para dejar en claro que se trataba de un hecho ilícito, menciona.

Actualmente la niña se encuentra en condición de orfandad porque no fue reclamada por sus familiares; “es complicado porque de por sí salió de un entorno violento, pero ahora qué futuro le espera. Ningún escenario es seguro y para que ingrese a un proceso de adopción se deben realizar varias etapas previamente”.

La también activista expone que estas “son historias bastantes crueles”. En ocasiones es difícil atender este tipo de situaciones “porque la cuestión jurídica y el mismo contexto no ayudan mucho”.

-¿Ddeser presentó denuncias penales contra los padres y los ‘compradores’?.

-Se vincula el delito, porque de lo contrario estaríamos en el papel de denunciantes,

Se detecta el asunto y la abogada lo revisa para definir quién puede realizar la denuncia, que en este caso es el DIF, nosotras solo ayudamos a mediar.

“Buscamos que la justicia llegue para iniciar el procedimiento que desde fuera podemos mirar, en algunos casos, y en otros, como en los que la víctima va a un refugio donde tenemos colegas y aliadas, se nos informa de los avances. Intentamos que el estado se haga responsable de la denuncia”.

En cuanto al matrimonio infantil, tanto en la legislación  como en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente en niñas de entre 10 y 14 años, “se establece que debe ser considerado como forzado y se tiene que castigar”, subraya.

-¿Estos asuntos se han vinculado al delito de trata o de tráfico de personas?.

-Sí, pero luego lo desestiman; por una cuestión legal no se alcanzaba la trata con fines de explotación sexual, por lo que se clasifican como violencia sexual infantil o violencia familiar, según sea el caso, y se retoma el concepto de trabajo forzado. Además al gobierno no le gusta escuchar mucho ese tema de trata, la verdad no lo quiere aceptar”.

-¿En estos asuntos de ‘venta’ de niñas, no se descarta la posibilidad de trata con fines de explotación sexual, es decir, que se las lleven un tiempo para ‘trabajar’ y después las regresen a la familia?

-Sí, de hecho en 2019 vimos bastantes casos de esos, de que las obligaban; ellas eran de comunidades alejadas y algunas no eran del estado. Las adolescentes habían sido como engañadas o vendidas por sus propios papás.

“De este tipo se detectaron entre cinco y siete, pero solamente en dos hubo denuncia penal, en otros llegaron a un acuerdo con el agresor, ya sea con la devolución del dinero o del bien material, o la cancelación de la deuda, para evitar el proceso judicial”.

Ddeser conoció de estos casos a través de acciones estratégicas emprendidas para brindar información a víctimas de violencia sexual; “pero no todo lo podemos resolver como organización, por eso se buscan aliadas, tanto en el estado como en otros, porque se requiere de mucha especialización”.

-¿En estos casos se han detectado embarazos o se han interrumpido algunos?.

-No en todos hay embarazo; algo está cambiando en el tráfico de personas, porque las violentan y les dan anticoncepción de emergencia.

“Esa es una de las cosas que ha estado pasando, las niñas dicen, él me dio a tomar una pastilla; porque para muchos de ellos, tanto papás como compradores, es más útil que no estén embarazadas… aunque sí se dan embarazos. La pregunta es, ¿cuántas habrá que nunca supieron que estaban tomando anticonceptivos?”.

-¿A qué se debe que a pesar de varios siglos aún se ve a las niñas y a las mujeres como mercancía y no como personas?.

-“Nos siguen viendo a las mujeres como objetos sexuales o de cambio; tiene mucho que ver con la construcción de una visión muy machista, muy permeada y muy estructural, pensar que no valemos, y eso es muy complicado”.

La violencia está tan normalizada “que pareciera que no está pasando, pero ahí la tenemos, necesitamos que se mire el fenómeno de la trata de personas como un problema y que se actúe; a lo mejor por intereses políticos y económicos no se llega a ver así, pero en el caso de las niñas y adolescentes se tiene que castigar lo más pronto posible, porque la situación es mucho más cruel”.

En materia de violencia sexual se deben generar estrategias para atenderla, mediante un trabajo coordinado; “que el Estado garantice derechos de niñas niños y adolescentes y que las instituciones se comprometan”, plantea.

Tan solo –puntualiza– en 2019 Ddeser registró cuatro embarazos en niñas de ocho a 10 años de edad, pero también hay un número importante a partir de los 17. Ese año se identificaron alrededor de 30 casos, producto de violencia sexual contra menores de entre nueve y 14; muchas de ellas son de la zona oriente del estado, pues en Cuapiaxtla y Huamantla “la situación está muy normalizada” y la mayoría sufre abuso por parte de familiares.

Asimismo, hubo algunos en la región sur (conocida como ruta de la trata), pero ahí es donde “tienen relación con cuestiones de ‘venta o tratos’ comerciales entre los papás y ’compradores’, en una cuestión de ‘te presto a mi hija, llévatela a trabajar’, pero en el entendido de que es para otros fines, ahí le dan ‘permiso’ a esa persona, quien tiene mayor capacidad económica, pero al final de cuentas es violencia sexual”, resalta.

“Los progenitores reciben de cinco mil hasta 30 mil pesos, por prestarlas un mes. Dicen que los que se las llevan son gente de la misma localidad, sin embargo muchos son de Puebla u otros lugares; ellos piden, quiero una niña para que me ayude o me acompañe”.

Comenta que Ddeser emprende estrategias para hablar con niñas, niños y adolescentes sobre abuso sexual infantil y violencia sexual, “porque las niñas no se dan cuenta de esto hasta que están embarazadas; saben que no les gusta, que no está bien, pero desconocen lo que realmente les están pasando”.

Delitos contra infantes en Tlaxcala

En el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advierte que la comercialización de seres humanos con fines de explotación se extiende a través del mundo y México no es la excepción. Muestra que en Tlaxcala, de 2012 a 2017 (periodo del estudio), la Procuraduría  General de Justicia  del Estado (PGJE) identificó víctimas en todos esos años.

La entidad se ubicó en primer lugar dentro de un grupo de 13, en cuanto a la proporción de mujeres y niñas víctimas (con 99 por ciento), ya que es mayor a la media nacional. En el país, del total de la población femenina afectada por este delito, 25 por ciento corresponde a personas menores y el resto a adultas.

Por otra parte, el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) sobre delitos cometidos contra las mujeres, con corte al 31 de agosto, el estado no ha reportado ningún caso de tráfico de menores.

Pero de las nueve denuncias por trata de personas, indica que entre las víctimas hay personas de menos de 18 años de edad, y la entidad se sitúa entre las primeras del país con mayor número de casos y una tasa de 1.27 por cada 100 mil mujeres.

A mediados de 2019, el Consejo Estatal de Población (Coespo) informó que de enero a junio de ese año, el Sistema Estatal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) había registrado 10 embarazos en niñas de 10 a 13 años de edad, pero solo ocho fueron denunciados penalmente por abuso sexual.

En marzo de 2018, Coespo reconoció que el matrimonio infantil en Tlaxcala aún era un problema, a pesar que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado y el Código Civil establecen que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años.

Sin embargo, precisó que en poblaciones aún persisten tradiciones “y por costumbre” se llevan a cabo uniones con menores de edad, pero afirmó que el índice “es mínimo”. Asimismo, puntualizó que algunos no son reportados y que en las zonas rurales la incidencia es mayor, entre ellas las de los municipios de Huamantla e Ixtacuixtla. El año pasado informó que este problema ya estaba controlado, pues no hubo ningún caso.