Domingo, mayo 26, 2024

Necesaria, una ley de aguas que garantice derechos humanos y participación comunitaria

En los últimos meses se ha generado un debate en torno a la iniciativa de ley existente en el Congreso del estado de Tlaxcala mediante la cual se pretende abrogar la actual Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala y aprobar una supuesta nueva ley. Sin embargo, en mucho del contenido de la iniciativa permanecen las intenciones de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico oficial del estado de Tlaxcala el 22 de diciembre de 2009, es decir, las de mantener el control del agua por parte del gobierno estatal, trasladar a los ayuntamientos la responsabilidad y costos del servicio de agua potable y su saneamiento, responsabilizar a la ciudadanía del cuidado del consumo del agua, pero excluirla de los procesos de toma de decisión, gestión por usos y costumbres e información.

Además, es importante señalar que la ley de 2009 no establece regulación para el tratamiento de agua por parte de las industrias, no porque entonces no se estuvieran arrojando tóxicos industriales al agua, sino porque en ese momento deliberadamente se desregulaba el control industrial.

Elaborar una iniciativa de ley que garantice el derecho humano al agua y su saneamiento, tal y como se establece en el artículo cuarto constitucional, y que respete los diversos acuerdos y tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, tendría que partir del reconocimiento de la realidad del estado, es decir, ubicar cuál es la situación actual del agua: disponibilidad, grado de contaminación (ubicando fuentes y responsables), accesibilidad y asequibilidad para la población, necesidades de las comunidades en la gestión del agua potable, entre otras. Se trata no de llegar con una iniciativa ya hecha, sino primero preguntar a las comunidades y ciudadanía ¿Cuáles son los problemas que enfrentan para tener garantizado sus derechos humanos al agua y a su saneamiento?  Y debe ser así porque los derechos humanos se les garantiza a las personas y pueblos, no a otros entes como podrían ser las industrias.

Teniendo presente la realidad que vivimos en el estado de Tlaxcala y las voces de personas y comunidades que se han ido pronunciando en este proceso, algunos elementos que deben incluirse en una ley garante de los derechos humanos son los siguientes:

–Establecer que el servicio de agua potable y su saneamiento debe estar a cargo de los municipios o bajo gestión comunitaria –este segundo elemento teniendo presente que en Tlaxcala hay una gran cantidad de Comités Comunitarios del agua que desde sus usos y costumbres por décadas han garantizado el agua–, ser de carácter público y prestado sin la intermediación de ninguna entidad privada o concesionario. De tal manera que las industrias no participen en la prestación del servicio pues su lógica siempre es la mayor ganancia.

–Establecer de manera explícita que queda prohibida la suspensión del suministro de agua de uso personal y doméstico, así como la desconexión del servicio de drenaje de las personas usuarias registradas bajo los usos personal, doméstico y público urbano, pues ello pone en riesgo la integridad y la salud.

–Establecer políticas públicas y destinar recursos que tengan como fin conservar la Cuenca del Alto Atoyac, teniendo como prioridad asegurar agua sostenible para usos domésticos y vida silvestre.

–En el caso donde existen Comités Comunitarios del agua, las autoridades deberán establecer los mecanismos y las estrategias necesarias para proteger, facilitar y apoyar el pleno ejercicio de los derechos de las comunidades para acceder, administrar, usar y conservar el agua en cantidad y calidad suficiente.

–Prohibir explícitamente la descarga en drenajes municipales de sustancias contaminantes en las aguas superficiales o subterráneas, que por su toxicidad sea dañina para la salud humana o la integridad de los ecosistemas.

Es claro que requerimos una nueva Ley de Aguas en el Estado de Tlaxcala, pero una que sea garante de los derechos humanos, que respete los usos y costumbres de los pueblos en la gestión del agua y que no mercantilice al agua y su saneamiento. Además, el Congreso local debe esperar a que en el nivel federal se apruebe la nueva Ley General de Aguas que busca garantizar los elementos antes mencionados, para que así en lo local exista armonización. Desafortunadamente la actual iniciativa de ley existente en el Congreso no cumple con estos requisitos por lo cual debería ser desechada.

*Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

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