A siete años y medio de la emisión de la Recomendación 10/2017, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), está muy lejos de cumplirse el derecho humano al agua y su saneamiento, concretamente en la Cuenca del Alto Atoyac, pese a los recursos económicos invertidos en infraestructura y los planes de limpieza anunciados, por lo que es impostergable esta obligación del gobierno, exigió el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C (CFJG).
A propósito del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, esta organización civil puntualizó que desde hace 14 años la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el agua y el saneamiento de esta como un derecho humano, mediante la aprobación de la Resolución 64/292.
Mientras que en la Observación General número 15 de 2012 se asienta que este derecho humano implica disponer de un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todas las personas.
Asimismo, recordó que el 8 de febrero del 2012, en México se elevó a rango constitucional el derecho al agua y al saneamiento a través de la reforma al artículo cuarto constitucional, el cual establece toda persona debe disponer del vital líquido en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, entre otras cosas, y que el Estado debe dar garantías.
En tanto, el artículo primero dispone que todas las autoridades “tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, de tal manera que las de Tlaxcala deben cumplir este mandato.
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Sin embargo, a siete años y medio de la emisión de la Recomendación 10/2017, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “es evidente que esta obligación adquirida ante el mundo a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante el pueblo de México, a través de la Constitución, está muy lejos de cumplirse en la Cuenca del Alto Atoyac, pesar de todos los recursos económicos invertidos en infraestructura y los planes de saneamiento que se han anunciado”.
El CFJG remarcó que con base en las investigaciones realizadas por científicas y científicos, con apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) durante los últimos tres años, la contaminación y las afectaciones a la salud de la población que ésta produce, “se mantuvo igual y, en algunos casos se agravó”, como es en los de enfermedades renales y leucemia linfoblástica aguda, de 2012 a la fecha.
Si bien recalcó que en Tlaxcala es recibida “con esperanza el mensaje de la presidenta de México (Claudia Sheinbaum Pardo)”, relativo al número 92 de sus 100 compromisos, para la limpieza y saneamiento de los tres ríos más contaminados del país: Lerma Santiago, Tula y Atoyac.
“Sin embargo, nos preocupa la manera en que se busca concretar este compromiso a través del Plan Hídrico Nacional cuando, a pesar de que en su discurso la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) puso el énfasis en que dicho plan pretende ‘privilegiar el agua para el consumo humano frente a usos intensivos con otros fines, la tecnificación y la recarga natural de los acuíferos’, en la parte correspondiente al río Atoyac… se enuncian solamente obras para seis plantas de tratamiento y un acueducto para riego, pero ya existen o están en curso sobre el cauce del Zahuapan en Tlaxcala”.
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Reiteró que ha sido mostrada “la ineficacia de este tipo de infraestructura” y sin que se contemplen acciones para una verdadera restauración de la Cuenca entera del Alto Atoyac, como está pendiente al menos desde el 2017, de acuerdo a la recomendación 10/2017.
Por ello, para garantizar realmente los derechos humanos al agua y su saneamiento en el Alto Atoyac, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, exigió que el Plan Hídrico para el saneamiento del río, se elabore con la perspectiva de restauración de toda la cuenca.
Además, que se incluya lo establecido en la “Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la Cuenca del Alto Atoyac – Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades”, elaborada por personas de las poblaciones afectadas, así como por científicas y científicos.
Demandó que para la elaboración del diagnóstico se tome como base “al menos lo ya trabajado por los equipos de investigación que participaron durante los últimos tres años en los Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia (Pronaii), apoyados por el Conahcyt y gobierno federal, en toda la cuenca.
Requirió que el Plan Hídrico “realmente privilegie la realización de acciones de restauración que se concreten en soluciones basadas en la naturaleza, conforme a lo indicado por la Semarnat, y no la realización de obras de infraestructura que favorecen principalmente el uso industrial y agroindustrial del agua”.
Pidió que la participación de la ciudadanía se promueva y se favorezca desde el compromiso firmado y ratificado por México en el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, el cual obliga a que las autoridades, en todos los ámbitos de gobierno, implementen una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Solicitó la garantía de mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluso cuando puedan afectar la salud.
Reclamó la participación de la sociedad desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, con plazos razonables, información clara, comprensible y oportuna, brindada a través de los medios tradicionales apropiados, para que la población pueda participar de manera informada en todos los momentos, y que las autoridades de todos los niveles respeten y garanticen el derecho al agua y al saneamiento, “lo cual es una obligación impostergable”.