A 20 días que el Poder Legislativo acordó la extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (IAIP), solo 23 ayuntamientos han avalado la reforma constitucional en materia, por lo que el Poder Legislativo no ha podido realizar la declaratoria de validez de esas enmiendas.
De acuerdo con información proporcionada por el Congreso local aún se requiere de la aprobación de ocho ayuntamientos más para que los integrantes de la LXIV Legislatura realicen la declaratoria del dictamen aprobado el pasado 29 de mayo, en el que se estableció que las funciones del órgano garante de información pasarán a formar parte de las instancias internos de control de los propios sujetos obligados en los tres poderes, órganos autónomos, ayuntamientos, y otras instituciones que ejerzan recursos públicos o actos de autoridad.
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Para llevar a cabo esta declaratoria, cabe señalar que, el dictamen fue remitido a los 60 ayuntamientos de los municipios que integran el territorio del Estado de Tlaxcala, para que procedieran a su aprobación en términos de lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Política Local.
Dicha disposición establece que para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución local, se requiere que el Congreso, por el voto de las dos terceras partes del número total de sus miembros, acuerde éstas y que sean aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos, quienes para tal efecto y con carácter vinculatorio, consultarán al Cabildo, el cual resolverá con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus miembros. Si transcurrido un mes, a partir de la fecha en que hubieren recibido los Ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas, no contestaren, se entenderá que lo aprueban.
Sin embargo, hasta este jueves, en Poder Legislativo no ha recibido las actas de cabildo necesarias, de ahí que los diputados están en espera de que el resto de las autoridades municipales se pronuncien sobre el tema.
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Con la citada reforma, los diputados desaparecerían al IAIP, y crean un nuevo esquema donde las contralorías internas de los poderes del estado, los órganos autónomos y los entes públicos que manejan recursos se convierten en las nuevas autoridades garantes de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Además, contempla la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que se comenzará a conformar como nueva dependencia estatal encargada de encabezar las políticas de transparencia y rendición de cuentas, hasta que el Congreso realice los ajustes legales correspondientes.
