Durante el siglo XX el paradigma refundacional de la Revolución Mexicana rearticuló a los cuerpos militares, la Constitución de 1917 fue el libro desde el cual la milicia y fuerzas armadas se disciplinaron e institucionalizaron, a pesar de que los generales y caudillos detentaron, desde entonces, el poder.
Disciplinados los generales y caudillos posrevolucionarios, las funciones del Ejército y las fuerzas armadas se readecuaron a asuntos propiamente domésticos. La lógica de esta norma fue un factor meramente geográfico, particularmente, las fronteras norte y sur. La frontera norte se comparte con un país poderoso económica y militarmente, mientras que la frontera sur se comparte con dos países pobres, tanto económica como militarmente. La reducción de los riesgos de una amenaza externa configuró que las fuerzas armadas replegaran sus labores en asuntos internos, en problemáticas domésticas, como han sido los planes DN1, DN2 y DN3, obligando a que el papel de las fuerzas policiales o civiles fuera marginal en los ámbitos estatales, municipales y muy marginal en términos de legislación como de operación de investigación y vigilancia.
Desde entonces ha existido algo parecido a un desdén por el papel desempeñado por las policías civiles, una baja preocupación legislativa, pocos recursos económicos y una constante simulación profesional de los cuerpos policiales civiles. Desde el periodo posrevolucionario, las policías han fungido como un actor político que se subordina y negocia con los actores que detentan el poder. Las policías se convirtieron en un brazo represivo de un sistema autoritario y de sus gobiernos en turno, la proliferación de policías secretas, de investigación, judiciales, todas actuando siempre desde la ambigüedad legal e ilegal, pero siempre, en completa impunidad. Desde el Servicio Secreto, Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, Dirección Federal de Seguridad, Policía Federal Preventiva o la Agencia Federal de Investigación, recientemente, la Guardia Nacional.
Con el paso del tiempo estas agencias policiales fueron capturadas por agentes militares, la modificación de los marcos jurídicos y constitucionales lo permitieron, particularmente los artículos 129, 29,32,89,123, 16 y 73, por ejemplo. Reformas que la Suprema Corte de Justicia ha avalado a lo largo del tiempo, como sucedió con la reciente Guardia Nacional, legalizando la presencia militar en labores de una policía en apariencia de carácter civil.
La presencia militar o castrense en los ámbitos políticos ha sido una latencia, que la Constitución del 17 ha avalado y que nuestro sistema presidencial ha robustecido la gradual militarización en nuestro país. De esta forma, la milicia ha supeditado la legislación castrense y policial, así como el papel del Poder Ejecutivo, siempre presidencial y semiautoritario.
La militarización en México ha sido un proceso dinámico y de larga duración que, como ya se mencionó, se ha fortalecido por un sistema judicial maniatado, un presidencialismo exacerbado que ha permitido la intromisión castrense a los ámbitos sociales y políticos, de forma legal–constitucional. Relegando el papel de las policías civiles, sin un principio federalista e integral, y la cada vez más constante militarización, la cual no se podrá revertir si todo el sistema presidencial y sus estructuras operativas no son desmontadas.
De esta forma, el papel de los militares en labores de seguridad civil será legal, pero no democrática, porque no ha estado sometida a controles civiles, contrapesos y, como la historia lo ha demostrado, en completa autonomía y desmedida impunidad. Todo en detrimento del poder que puedan tener las instituciones civiles en temas de seguridad. La razón de Estado sobre el principio democrático del consenso de seguridad. Es una alarmante confirmación de la excepcionalidad como regla. Bajo este paradigma, los discursos militaristas –tal como lo hemos visto hasta ahora– ha predominado por sobre el lenguaje de las libertades, los derechos, la inclusión, la igualdad y la democracia. Principios que están patentados en una Constitución que, ambiguamente, permite la presencia militar en cada uno de los reductos públicos y privados en todo el país.