En Tlaxcala, mil 503 acreditados han obtenido ahorros por 36 millones 568 mil pesos por pagar su crédito de manera anticipada ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), reveló el representante de la Dirección General en la entidad, Vicente Corral Lastra.
El funcionario federal explicó que los acreditados que tienen un saldo restante del 25 por ciento o menos a su deuda inicial, pueden recibir un descuento del 50 por ciento si liquidan su crédito de manera anticipada.
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Expuso que este número de acreditados beneficiados abarca del año 2019 al primer semestre de 2024, siendo 2020 el ejercicio en el que más personas liquidaron su crédito de manera anticipada con 378 casos, seguido de 2021 con 322 acciones de este tipo y 2023 con 319.
En 2019 fueron 95 acreditados, en 2020 fueron 188 y en lo que va del actual ejercicio fiscal suman 201 casos.
Corral Lastra refirió que los descuentos por liquidación anticipada son un producto que ya se hizo para todos los créditos, pues “habiendo pagado tres cuartas partes del crédito que formalizado originalmente, del último 25 por ciento se puede recibir un 50 por ciento de descuento si se liquida de manera anticipada y en una sola exhibición”.
Este beneficio es parte de las acciones emprendidas por el Infonavit en la cobranza social, a fin de ofrecer diversas soluciones a los acreditados.
Además, recordó que en el programa de Responsabilidad Compartida, hasta el primer semestre de 2024, ya son más de 6 mil 400 trabajadores los que han reestructurado sus créditos, por lo que ese número de familias ahora tienen certeza de su patrimonio, en virtud de que ya saben exactamente cuánto van a pagar cada mes y cuándo van a dejar de pagar sus créditos.
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Aunado a ello, dijo, pueden aprovechar el beneficio de un descuento y que a la fecha asciende a 540 millones de pesos en este programa que liberan carga financiera a las familias con los beneficios de descuentos en los saldos.
Recordó que el Infonavit se transformó a partir de esta administración federal en favor de los trabajadores, pues migró de un modelo de cobranza judicial donde se privilegiaba la recuperación de viviendas ante la falta de pago para ponerlas en esquemas de subasta, a una política de cobranza social que prioriza la voluntad de pago y la mediación para que todos los acreditados, a través de un acercamiento transparente y oportuno, tenga una solución adecuada a sus necesidades y pueda continuar con el pago de su crédito y conservar su patrimonio.