La contaminación y desastre hídrico es en gran medida producto de la destrucción institucional construida estratégicamente a lo largo de más de 30 años en el país, bajo un marco jurídico tendencial de simulación que legitima decisiones de grupos de poder, aseveró Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Al abordar la problemática de devastación del río Zahuapan-Atoyac, destacó que las élites dominantes en colusión con poderes públicos crean un contexto jurídico-institucional “propicio para el despojo, la privatización y mercantilización de bienes esenciales para las personas: tierra, territorio, agua, biodiversidad, recursos energéticos, comunicaciones, alimentos, transporte, educación, etcétera”.
Todo este apoyo económico, financiero, político y militar de regularización y privatización logró avanzar a pasos muy acelerados, mientras de forma contraria las instituciones de protección de derechos lo han hecho “muy lentamente”, incluso con retrocesos al acceso a la información y con un sistema de procuración y administración de justicia “con muy poca autonomía que continúa funcionando bajo una lógica de simulación”, expuso.
Acentuó que los “proyectos de despojo” permanentemente son impugnados por los pueblos que se enfrentan a cientos de procesos represivos para criminalizarlos, pues en México todo esfuerzo que surja en defensa, se arriesga a la persecución, a las amenazas, al encarcelamiento y hasta al asesinato.
“La consecuencia grave de todo esto es el fortalecimiento de los poderes privados que hoy siguen imponiendo sus decisiones a gobiernos de izquierda o de derecha”.
Apuntó que los gobiernos federales, estatales y municipales son capturados y son débiles; por lo que al retirar al Estado de sus funciones esenciales de protección, redistribución y rectoría económica, “han sido las transnacionales, incluso el narcotráfico, quienes están ocupando esos espacios”.
En este contexto, el derecho constitucional como instrumento de cohesión social sigue sin poder asumir su valor social e impersonal y “continúa operando bajo un formulismo legalista útil para legitimar las decisiones de los grupos de poder”.
Los poderes legislativos “son capturados por poderosos lobby de las transnacionales y siguen aprobando nuevas leyes o reformas ya existentes; y el ámbito judicial sigue siendo un intrincado laberinto” que solo es posible sortear si se cuenta con recursos económicos necesarios para sobrellevar juicios interminables plagados de corrupción.
Cuestionó que las sentencias o recomendaciones de las Comisiones de Derechos Humanos no se cumplen ni transforman la realidad; mientras que la administración pública se caracteriza por la opacidad, arbitrariedad, impunidad y corrupción.
Por eso, concluyó que el derecho se crea, se modifica y aplica con algunos matices y con un “patrón tendencial de simulación frente a los derechos fundamentales y de blindaje de las libertades de mercado y de propiedad privada”. Es decir, existe una apariencia de legalidad bajo la cual las instituciones legislativas, judiciales y ejecutivas “simulan actuar conforme a un Estado de Derecho”.
Pero –añadió– el comportamiento de estas, desde un análisis integral, sistémico e histórico, demuestra que operan a favor de las élites económicas y políticas dominantes en contra de intereses de campesinos, pueblos indígenas, trabajadores y de personas que viven en las periferias.
Observó que el resultado “es una crisis jurídica institucional de magnitud no vista”, lo cual convierte a México en un “Estado fallido”, por lo que insistió en que sería conveniente preguntar a quién beneficia toda esta condición. El investigador es miembro de la Caravana Toxi-Tour que visitó la entidad para verificar la contaminación del río Zahuapan-Atoyac, atribuido a las descargas tóxicas de las industrias.