La maternidad como función obligatoria de las mujeres, sin importar la edad, no ha dejado de ser una idea fuertemente difundida, arraigada y sostenida en la cultura y desde las instituciones; pues muchas de las acciones de estas últimas están acompañadas de mensajes que normalizan y obligan a la maternidad, además, estereotipada; que limita y viola los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.
No hay que olvidar que el origen del 10 de mayo como celebración del “día de las madres” tiene un enfoque conservador, a propuesta del periódico Excelsior en 1922 y en conjunto con José Vasconcelos, entonces secretario de Educación, la Cruz Roja y la iglesia católica, como reacción en gran parte a la demanda de mujeres organizadas en el primer Congreso Feminista realizado en Yucatán en 1916, que entre sus demandas se encontraba el acceso a métodos anticonceptivos y la libre decisión sobre la maternidad; impulsando un discurso sobre la familia tradicional en el que los roles de cada integrante quedaran bien establecidos, especialmente el correspondiente al personaje de la madre.
A un siglo de esta tradición, permanecen los pesos sociales e institucionales durante la celebración de esta fecha, pues, a pesar de que desde el movimiento feminista se han promovido maternidades elegidas y libres de estereotipos, aún no se ha modificado la imagen de madre sacrificada, manteniendo una cultura culpígena alrededor de ésta; los discursos que terminan responsabilizando a las mujeres de los machismos y violencias que vivimos “porque son las que educan”, quitando de toda responsabilidad a los mismos hombres que deciden ejercer violencia o que se resisten a modificar las prácticas machistas y misóginas; obligación, además, de las instituciones, quienes no han generado política pública de prevención encaminada a la eliminación de estas prácticas, normalizando, incluso, los impactos de la violencia sexual que miles de mujeres, niñas y adolescentes enfrentan y que son obligadas a maternar.
En el documento “Maternidad o castigo” se muestra la narración de los casos de criminalización por aborto documentados y acompañados por la organización GIRE, así como otros testimonios de mujeres privadas de libertad por aborto y delitos relacionados recopilados por AsiLegal y Las Libres. Los hallazgos fueron contrastados con los estándares de derechos humanos que el Estado mexicano está obligado a cumplir, derivado de lo cual se elaboraron recomendaciones dirigidas a diferentes autoridades desde 2018, de las cuales poco ha sido considerado en las acciones institucionales, ya que en las diferentes administraciones de gobierno, el tema de aborto sigue siendo incómodo para las autoridades, quienes prefieren no abordarlo.
Este se ha traducido en tortura sexual, ya que obligar a las mujeres, especialmente a menores de edad a llevar a término un embarazo no deseado, viola todos sus derechos y pone en riesgo sus propias vidas, lo que implica violencia feminicida de Estado, ya que, como lo ha establecido Marcela Lagarde, estas violencias pueden prevenirse y, al no existir respuesta del Estado, se convierte en el responsable de muchas muertes que pudieron prevenirse y no se hizo.
Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Informe del relator especial contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, Juan Méndez, en 2011 declara que “en los casos de embarazo forzado producto de violencia sexual, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos vigentes, todas las niñas, adolescentes y mujeres deben tener acceso a una interrupción legal y segura de estos embarazos (A/HRC/16/52); de lo contrario, implica una forma de tortura sexual contra las mujeres, siendo parte de la violencia feminicida y normalizada en nuestro país, y para el caso de Tlaxcala, también negada e invisibilizada.
Junto con estas formas de tortura que enfrentan miles de mujeres en el estado, se suman otras formas de violencia feminicida que impacta gravemente a las mujeres que viven su maternidad (ya sea elegida o impuesta) como las desapariciones, explotación sexual y feminicidios; todo ello queda completamente invisibilizado en los festejos institucionales, pues se carece de estrategias de análisis de los contextos que viven las madres y cubrir las necesidades y realidades que no permiten la vivencia de maternidades plenas y seguras.
En medio de estas problemáticas, sólo veremos festejos con flores, conciertos, regalos y felicitaciones como si las madres pudieran celebrarlos con sus hijos e hijas desaparecidas o asesinadas, quienes exigen justicia en medio de la impunidad casi absoluta en el país y el estado; en donde estas madres, hijas y hermanas llevan años enfrentando al sistema de justicia que no responde y no contribuye a la reparación del daño.
Como parte del trabajo institucional, las escuelas también deben poner atención a la construcción de las maternidades, pues continúa siendo un espacio en el que se promueven estereotipos y expectativas en torno a la maternidad, junto con el rol de cuidadoras principales; por lo que los festivales siguen cargados de prácticas machistas, sin prestar atención a las repercusiones que tienen para las mujeres, así como para las infancias el transmitir a una generación más la romantización de la maternidad y prácticas de desigualdad en los cuidados de niñas y niños.
Es difícil aceptar que a pesar de los avances en términos de derechos de las mujeres, la maternidad siga siendo una de las formas de controlar los cuerpos, las decisiones y las vidas de las mujeres; que las luchas que las madres han enfrentado simplemente no sean escuchadas por las autoridades, o que en tiempos electorales sean tomadas en sus discursos solo para ganar votos y no se traduzcan en el cumplimiento de sus obligaciones. Aun cuando no es una realidad para todas las mujeres que viven su maternidad, tendríamos que ser un poco más sensibles y sumarnos a las exigencias de justicia y verdad para muchas madres que no tienen razones para festejar este 10 de mayo.