Es necesario y urgente profundizar en los análisis respecto de las condiciones en las cuales las mujeres vivimos o no nuestros derechos humanos. Es importante poner atención a los discursos y mensajes que prevalecen en lo social, pues el poder acceder a derechos como a la educación, al trabajo, a la participación política o a la salud, no significa que estén garantizados plenamente.
Por ejemplo, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), las mujeres predominan en la producción mundial de alimentos, pero poseen menos del 10 por ciento de la tierra, lo que impacta en su autonomía, en la posibilidad de contar con un patrimonio y en la determinación de su toma de decisiones. Las brechas de género permanecen en gran medida en todos los ámbitos, negarlo e invisibilizarlo sólo aporta a la desigualdad, las violencias y la discriminación contra las mujeres.
En palabras de Patricia Castañeda (8M 2024: El llamado a invertir en la igualdad de las mujeres. Gaceta UNAM) “la ausencia, deficiencia e insuficiencia de los recursos destinados a impulsar la igualdad de las mujeres con las evidencias que conducen a este llamado, en un contexto mundial cada vez se vuelve más adverso: a nivel mundial hay guerras activas, las líneas de pobreza y pobreza extrema no se han abatido, el desplazamiento forzado y el número de personas en tránsito se han incrementado, el acceso a los recursos básicos para el buen vivir (alimentación, salud, educación, trabajo digno) está distribuido de forma completamente desigual, a lo que se suma una crisis ambiental sin precedentes”; en todas estas problemáticas, las mujeres son las principales afectadas, junto con niñas y niños.
Cada vez vemos con mayor frecuencia el uso de armas en contra de las mujeres, quienes son víctimas de feminicidio o en grado de tentativa, lo que indica el fácil acceso a éstas y la presencia de bandas delictivas que operan con total impunidad. Además de otros delitos como la trata de mujeres, la violencia sexual y la desaparición, que no sólo existe una gran omisión en su adecuada atención, sino que los niveles de impunidad siguen creciendo; prevaleciendo una fuerte simulación, pues de fondo no se han abordado de forma integral y profunda las causas que mantienen estas prácticas.
El acceso a los derechos más fundamentales aún es limitado, la violación a un derecho tiene impacto en todos los demás derechos; por ejemplo, negar el acceso a la salud integral de niñas y adolescentes ha significado la normalización de embarazos no deseados, colocándolas en riesgos feminicidas; una niña de 14 años víctima de feminicidio por la violencia física de su supuesta pareja, además de la violencia sexual que llevó al embarazo. Lo que evidencia la atención sanitaria, específicamente los servicios de salud sexual y reproductiva, la falta de condiciones y recursos para hacer frente a condiciones de salud en riesgo, la falta de difusión y acceso a métodos anticonceptivos de emergencia, así como de la Norma Oficial Mexicana 046 para la atención de la violencia sexual, pues no es la primera ocasión en la que se conocen casos como estos en el estado y que pone en lo público la falta de acceso a los derechos de las mujeres y niñas.
Debemos recordar que la conmemoración del 8 de marzo surgió desde las realidades de las mujeres trabajadoras, las condiciones en las que muchas tuvieron y han tenido que enfrentar para contar con un salario y poder pagar los servicios básicos; las condiciones actuales no son del todo favorables, pues muchas aún enfrentan las brechas salariales, la discriminación por edad, condición de salud o alguna discapacidad; así como el acoso sexual y hostigamiento laboral. Muchas mujeres se encuentran en trabajos informales, lo que las obliga a la movilidad, podemos ver a muchas afuera de las escuelas o en lugares públicos ofreciendo alimentos, ropa o diversos productos; pero, además, se enfrentan con el clasismo de personas que son insensibles a estas realidades, opinando que “se ven mal las calles” y pidiendo que simplemente se les impida ofrecer productos.
Cada marcha recordamos a las autoridades que es su obligación garantizar los derechos humanos de las mujeres, de visibilizar socialmente las condiciones en las cuales nos encontramos, de invitar a la reflexión sobre las desigualdades que todavía se normalizan por ser mujeres o niñas y que el Estado es el responsable de designar recursos, políticas públicas, servicios y estrategias para modificar no sólo las condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sino también las ideologías y prácticas machistas y misóginas que no permiten el avance para las mujeres.
Recordemos que el principio de progresividad de los derechos humanos busca que las autoridades promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos en beneficio de todas las personas, sin aplicar actos regresivos que los afecten; sin embargo, presenciamos en diversos espacios cómo las reformas legislativas, las prácticas institucionales, las conductas y decisiones que se toman, implican retrocesos para los derechos de las mujeres, ya sea por ignorancia o con la intención de seguir protegiendo al mismo sistema que les beneficia de manera personal, demostrando la falta de perspectiva de género, aunque se declaren gobiernos feministas, terminan siendo gobiernos feminicidas.
Cabe recordar las palabras de Marcela Lagarde que pronunció en un discurso ante el Instituto Nacional Electoral en 2020: “El feminicidio no sólo es el acto de matar, es el acto de matar a una mujer con una enorme tolerancia social”. Agregaría yo, promovida de forma institucional, cuando se niegan y no se respetan los derechos humanos de las mujeres, pues la misma Lagarde ha dejado claro que la violencia feminicida se puede prevenir y el Estado simplemente no ha querido prevenirla al ser omiso y corrupto en cada administración, minimizando nuestros derechos y designando recursos para otros intereses, menos para las mujeres.
*Colectivo Mujer y Utopía.
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