Por enésima ocasión, defensores de derechos humanos originarios del municipio de Apizaco se apostaron en la sede del Congreso local para exigir a los diputados la restitución de 24 artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, que fueron derogados en el año 2003.
Con pancartas y sonido alta voz, los inconformes se plantaron en la puerta de acceso principal del Palacio Legislativo para exigir a los diputados de los diversos grupos parlamentarios, atender su demanda que es “en beneficio de la sociedad y no de los partidos”.
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Juan Manuel Sánchez Hernández, uno de los inconformes, lamentó que desde hace 21 años se concretar la supresión de esos artículos y más aún, que el Congreso local haga caso omiso a su petición, por lo que han solicitado la intervención del gobierno federal.
“La petición es que nosotros queremos recuperar los 24 artículos que fueron masacrados aquí en el Congreso. Esos fueron eliminados por el exgobernador José Antonio Álvarez Lima y lo apoyó en su momento el entonces mandatario Alfonso Sánchez Anaya en su periodo. Venimos a solicitarles esa recuperación de esos 24 artículos que protegían al estado de Tlaxcala, a los ciudadanos de Tlaxcala”.
Sánchez Hernández expuso que en más de tres ocasiones han solicitado al Poder Legislativo la restitución de esos 24 artículos, pero “han negado toda la atención, nos han dado una patada por el trasero y nos han mandado a otro lado”.
Por ese motivo, indicó que han recurrido a la intervención del gobierno federal, quien a su vez los remitió “a los mismos lugares donde nos han maltratado. Pero hoy queremos que nos contesten por escrito porque ya nos dieron carpeta de investigación, ya nos dieron números de folio, ya nos dieron número de teléfono”.
Entre sus peticiones se encuentra que: la corrupción sea declarada como un delito de alto impacto en el estado.
“Estos diputados parece que están a favor de la corrupción a pesar de que son de Morena. Aquí están los oficios que les hemos enviado y entregado, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta”.
Además, piden restituir una serie de disposiciones a fin de fincar responsabilidades administrativas y legales en contra de quienes incurran en algunas irregularidades en el ejercicio de su función.
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El activista detalló que han interpuesto al menos 10 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del estado en contra de servidores públicos que supuestamente han incurrido en actos de corrupción porque “somos activistas y defensores de los derechos humanos, nosotros tenemos las carpetas de investigación, les puedo proporcionar los números que están en la fiscalía y en la Secretaría de la Función Pública pero hasta el momento no han querido actuar, por eso necesitamos la restitución de esos ordenamientos”.
