Una lucha interna se gesta y desarrolla en casi toda la estructura interna del Poder Ejecutivo estatal; el botín es la no tan lejana sucesión y en esa pugna parece que quien manda está perdiendo el control sobre los grupos políticos que ella misma incrustó en su gabinete; se le están saliendo del huacal con graves daños a su administración.
El más claro ejemplo es el que encabeza el ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya, quien con habilidad indiscutible, ha incrustado a familiares y amigos no solo en el gobierno estatal, sino también en los poderes Legislativo y Ejecutivo, organismos autónomos y agrupaciones empresariales.
No solo es evidente que desde la Secretaría de Infraestructura, Alfonso Sánchez García ocupa la plaza para presentarse en todo el estado, con el pretexto de inaugurar obras, acompañando a la mandataria. Para los incautos, les hace creer que es carta de la mandataria.
Dentro del Ejecutivo, también tiene control sobre el secretario de Medio Ambiente, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien lleva la interlocución política y muchas órdenes con los diputados locales. Aunque la imagen del morelense cada vez está más vilipendiada y sus días en el gobierno están contados, por aquella nueva disposición que prohibirá emplear a deudores alimentarios, el trabajo y los daños, los sigue haciendo.
En el Congreso local es sabido que la diputada Marcela González Castillo, actual coordinadora de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), usa el nombre de la mandataria como picaporte, llevando mano en la Secretaría Administrativa, en la Dirección de Comunicación Social y la Dirección Jurídica, y en casi todas las comisiones ordinarias, desde donde ya trabaja para imponer a quien ocupará la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Claramente, el grupo de Sánchez Anaya se fortalece y con talento está llegando a posiciones que buscan poner en jaque a sus eventuales rivales políticos y hacer realidad su proyecto dinástico.
Si no me cree, ahí está lo sucedido en la Oficina para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, donde colocó a Víctor Manuel Ávila García, en sustitución de Leonel Tlalmis Robles. Parece que, como Caballo de Troya, se ha colocado una pieza útil en el terreno de la Secretaría de Gobierno, para minar a su titular Sergio González Hernández; falta ver qué dice este último.
Los movimientos de los Sánchez Anaya son claros signos de actividad política anticipada, pero parece que en Casa de Gobierno estos no se perciben como riesgos, aunque le hacen ya muchos daños.