Se nos acusa de segregarnos, mientras enfrentamos exclusiones históricas. En el hogar, la mayoría de las niñas y los niños sordos crecen sin LSM, condenados a la incomunicación por familias que insisten en el oralismo.
En la educación, aulas sin intérpretes y profesores que niegan la LSM como lengua nos obligan a adaptarnos a un sistema que ignora nuestra cultura.
El ámbito laboral impone techos de cristal: entrevistas inaccesibles, jefes que evitan intérpretes y colegas que confunden sordera con incapacidad. Se nos relega pese a nuestra preparación.
En lo social, la indiferencia de una sociedad que no aprende señas se combina con la condescendencia de quien cree que incluirnos es “hacer un favor”.
En salud, la exclusión puede ser vital: médicos que no nos miran, diagnósticos malinterpretados por falta de intérpretes y tratamientos explicados en tecnicismos incomprensibles.
En la política, no hay representación sorda, las leyes se redactan sin consultarnos y nuestros derechos lingüísticos se consideran “gestiones especiales”.
La verdadera segregación no es reunirnos para conservar nuestra lengua, sino lo que sufrimos cuando el mundo oyente prioriza su comodidad sobre nuestros derechos. No nos separamos: existimos sin pedir permiso.
