Viernes, agosto 12, 2022
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Los retrocesos que el patriarcado quiere

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Como integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Observatorio (OCNF) manifestamos como inadmisible y un grave retroceso la intención del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el tipo penal de feminicidio para redefinirlo como agravante del homicidio, en el marco de la iniciativa de creación de un Código Penal Único en México.

De acuerdo con información hecha pública por las propias diputadas federales, el pasado miércoles 28 de enero de 2020, en la reunión plenaria realizada entre el fiscal General y las diputadas/os del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gertz Manero externó la intención de eliminar el tipo penal de feminicidio, argumentando la dificultad que tiene el Ministerio Público para acreditarlo. Sin embargo, la propuesta de Gertz Manero NO responde a un estudio diagnóstico previo que haya identificado los obstáculos en la acreditación del delito por parte de todas las procuradurías y fiscalías de Justicia del país, que justifique dicha propuesta. Además, la Fiscalía General de la República NO cuenta con elementos para sostener esa valoración, principalmente, porque el feminicidio es generalmente un delito del fuero común, que no es investigado y judicializado por dicha instancia.

Como ha demostrado el OCNF en sus últimos informes sobre la implementación del tipo penal de feminicidio en el país (informes 2014 y 2018), existen discrepancias normativas en la tipificación del feminicidio en los estados y resistencias para investigar como posibles feminicidios las muertes violentas de mujeres, como lo marca el estándar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Mariana Lima Buendía, el cual fue investigado en un inicio como suicidio y posteriormente la SCJN ordenó que se reabriera y se investigara como feminicidio.

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Adicional a los tipos penales de difícil acreditación y a las resistencias de las procuradurías y fiscalías para iniciar las investigaciones como posibles feminicidios, se ha documentado la existencia de una ruta de impunidad que inicia desde las primeras diligencias y los primeros respondientes en la falta de debida diligencia de peritos, policías y ministerios públicos, ausencia de sanciones a las y los servidores públicos que por acción y omisión obstaculizan el acceso a la justicia para las víctimas, y que culmina con criterios judiciales que adolecen de perspectiva de género, invisibilizan la violencia contra las mujeres, culpabilizan a las mujeres y sus familias de la violencia de las que son víctimas y/o justifican a los agresores con penas bajas o argumentos revictimizantes.

En el plano local, la violencia feminicida sigue siendo invisibilizada, los delitos contra las mujeres no son investigados de manera adecuada y en la gran mayoría de los casos ni siquiera se abre una carpeta de investigación; como ejemplo más reciente, la organización México Evalúa en su análisis que realiza con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de diciembre de 2019, pues de 2 mil 339 mujeres que fueron víctimas de algún delito de acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación existe un 100 por ciento de impunidad.

La justificación del fiscal General de la República sobre las dificultades del Ministerio Público para acreditar el delito, no es más que una afirmación falaz y sin sustento práctico, muestra de la incapacidad existente de las autoridades para atender la violencia feminicida que enfrentamos las mujeres, la ausencia de la perspectiva de género, resistencia por actuar con debida diligencia y dejar de lado sus preconcepciones machistas que impiden atender los casos de feminicidio como tal y no buscar justificaciones o mantenerse en graves omisiones como hasta el momento se observa en Tlaxcala, evidencia cómo la problemática que ha quitado la vida a miles de mujeres no es una prioridad para las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, dejando clara su falta de voluntad política. Pues en otros estados se han tenido resultados muy positivos logrando acreditar de manera adecuada los feminicidios y garantizando la reparación del daño a las familias de las víctimas; cosa que en las dos sentencias en el estado no se visibiliza.

Existe una negativa por iniciar investigaciones por el delito de feminicidio, donde ni siquiera se hace un intento por acreditar este delito, a pesar de que en todos los casos es evidente la presencia de alguna razón de género de acuerdo con el tipo penal vigente en Tlaxcala. El reconocimiento y tipificación del delito de feminicidio es resultado de la lucha de mujeres, madres y familiares de víctimas de feminicidio, académicas feministas y defensoras de derechos humanos que visibilizamos esta grave problemática desde los años noventa en Ciudad Juárez y posteriormente en todo el país. La tipificación responde a los resolutivos de la sentencia de Campo Algodonero dictada contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para nosotras, defensoras de los derechos de las mujeres, eliminar el delito de feminicidio y dejarlo como una agravante del homicidio, no solo sería una acción regresiva, insensible y contraria a los estándares y recomendaciones internacionales en la materia, sino echa por la borda la histórica lucha de las madres y familiares de víctimas de feminicidio en México, que con el dolor a cuestas han contribuido a que el feminicidio sea nombrado, tipificado, investigado y sancionado, con el único fin de encontrar justicia para sus hijas.

Lo que acontece en el plano nacional sólo es el reflejo de lo que en estados como Tlaxcala se vive, lo que las mujeres y las familias enfrentan, además de lo que hemos tenido que exigir para que exista y dejen las autoridades de minimizar esta realidad.

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