En el actual contexto electoral, todos los días escuchamos spots de las y los candidatos quienes compiten por los diversos puestos de gobierno, vemos alguna lona o pared pintada con su nombre o pasan a nuestros hogares presentando sus propuestas de campaña y pidiéndonos nuestro voto. Al conocer sus propuestas difícilmente encontramos ideas claras para enfrentar la violencia hacia las mujeres y la trata con fines de explotación sexual, una de las principales demandas de la sociedad civil en Tlaxcala. También es cierto que, de una gran cantidad de candidatos, me refiero a los hombres, desconocemos si tienen antecedentes de haber ejercido violencia hacia las mujeres.
El Instituto Nacional Electoral (INE), a finales de 2020, aprobó los modelos de formatos de la declaración 3de3 contra la violencia de género para que quienes aspiren a ser candidatos manifiesten que no han sido condenados o sancionados por:
- violencia familiar o doméstica,
- delitos en contra de la libertad sexual, o la intimidad corporal, así como
- no estar registrado como deudor de una pensión alimentaria.
Esta iniciativa es muy importante para que conozcamos a quienes aspiran a ser funcionarios y lo más importante, que no hayan cometido ningún hecho de violencia contra las mujeres.
La Observatoria (sic.) Ciudadana Todas Mx, que se conforma por más de 154 organizaciones de la sociedad civil, colectivas, defensoras de derechos humanos y activistas con agendas dedicadas a impulsar el reconocimiento, respeto, garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, a la prevención y erradicación de la violencia por razones de género y defender el acceso a la justicia de las víctimas, ha señalado la existencia de 77 candidatos que mintieron al presentar su declaración 3de3 contra la violencia, de los cuales, hay 24 que son acusados por violencia sexual, 18 tienen antecedentes por haber ejercido un hecho de violencia familiar, dos son deudores de pensión alimenticia, siete han ejercido violencia de género en otros ámbitos, a lo anterior hay que sumar los casos del Instituto Electoral de Chiapas que identificó 26 candidatos que presentan algún delito de los mencionados anteriormente.
Estos datos demuestran que al interior de muchos partidos políticos no hay un verdadero compromiso para enfrentar la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas, pues si así fuera, empezarían por evitar el registro de sus candidatos quienes hayan ejercido cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, sea parte o no de un proceso judicial.
Desafortunadamente, los datos antes señalados indican que al interior de los partidos políticos se continúa solapando que los violentadores de mujeres sean quienes se registren como candidatos y que probablemente nos gobiernen, lo cual explica por qué es tan difícil la aplicación de la legislación y política pública que garantiza a las mujeres y a las niñas una vida libre de violencia y de explotación sexual.
Nuestro papel como ciudadanía es muy importante, nos toca exigir que no haya candidatos con antecedentes por cualquiera de los tipos de violencia de género que establece la declaratoria 3de3, si sabemos de alguno evitemos continuar con el sistema patriarcal–machista que nos han impuesto y pensemos que si mintió en un ejercicio administrativo, ¿qué será capaz de hacer cuando este en el poder?
Como sociedad debemos evitar que los agresores lleguen al poder y al servicio público, de lo contrario será imposible romper con la impunidad y la corrupción, que impiden avanzar en la construcción de una vida sin violencia hacia las mujeres. Como hemos señalado, sería incluso importante que todo candidato y servidor público demuestre haber vivenciado cursos sobre masculinidades positivas o no violentas. Si los partidos políticos quieren mantener cierta representatividad social, es necesario que actúen con ética y congruencia ante la violencia y explotación sexual que viven hoy las mujeres en México y en nuestro estado de Tlaxcala.