Los lobos cuidan a los corderos. La violencia en que se encuentra sumergida Sinaloa, pone en jaque a los ciudadanos, pero lo que alarma son las declaraciones del presidente de la República y del general de zona. Porque olvidan su tarea.
El primero hace un llamado a los grupos delictivos para que “actúen con un mínimo de responsabilidad”. El segundo declara que la seguridad “no depende de nosotros”, sino de los “grupos antagónicos”.
La paradoja es evidente: se pide a quienes quebrantan la ley que sean los garantes de la paz social. Es como pedirle al lobo que cuide las ovejas. Esta retórica legitima implícitamente el poder de los grupos criminales, socavando la autoridad del Estado y el Estado de derecho.
Las autoridades electas y designadas tienen el deber constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos. No es una opción, es una obligación ineludible. Trasladar esta responsabilidad a los grupos delictivos es una admisión tácita de la incapacidad del Estado para cumplir con su función básica.
Es imperativo que las autoridades, desde los presidentes municipales, gobernadores y presidencia de la República, asuman su papel con determinación y estrategia. La seguridad ciudadana no puede depender de la “buena voluntad” de quienes operan al margen de la ley.
Se requieren políticas públicas efectivas, coordinación entre los distintos niveles de gobierno y un compromiso inquebrantable con el Estado de derecho. Los ciudadanos de México, de Sinaloa, de Tlaxcala, merecen vivir sin miedo.
Demandan autoridades que respondan por su seguridad, no que la deleguen a quienes son parte del problema. Es absurdo que demande patriotismo a quienes viven de la violencia y la inseguridad.
Es hora de que las autoridades democráticamente electas dejen de lado la retórica paradójica y asuman con valentía y responsabilidad la tarea para la que fueron elegidos: proteger y servir a la población.