Es preocupante el nivel de violencia que viven las mujeres en nuestro estado. De enero a abril del presente año, en medios de comunicación, se han publicado ocho casos de violaciones de mujeres menores de edad en seis municipios. Por otra parte, respecto a los posibles feminicidios publicados en medios de comunicación, en lo que va del año se han hecho públicos 10 casos de posibles feminicidios en 10 municipios. Por otra parte, es bien sabido que la trata de mujeres con fines de explotación sexual está presente en 40 municipios de Tlaxcala.
En el actual contexto de campañas electorales, los y las candidatas que contienden por el puesto de presidente o presidenta municipal no presentan propuestas claras para prevenir y por consiguiente para erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas, incluidas la desaparición, la trata y los feminicidios. La Ley Municipal, en su artículo 33, fracción XXXV plantea que es facultad y responsabilidad de los ayuntamientos el promover “programas de difusión y reeducación permanente para quienes ejercen violencia en contra de las mujeres”, así como la “creación y apoyo a centros de atención y salvaguarda a mujeres víctimas de violencia”. También especifica en su artículo 47, fracción IX, que en la primera sesión del cabildo deberá crearse una:
“Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género”, quien, entre otras funciones, deberá “participar en el diseño y actualización permanente de la guía de asistencia inmediata para miembros de seguridad pública y protección civil para atender casos de violencia contra mujeres”.
Además de las anteriores obligaciones, respecto a la trata de personas, los gobiernos municipales tienen responsabilidades establecidas en el artículo 115 de la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos” y en el artículo 8 de la Ley Estatal en materia de Trata. En síntesis, y como se ha promovido por el Centro Fray Julián Garcés, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, las Organizaciones de la Iniciativa Popular, la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala y la Pastoral de Derechos Humanos, en la “Agenda ciudadana ante la crisis socioambiental y la grave situación de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”, podemos resumir que estas leyes mandatan a los municipios las siguientes obligaciones:
- Instrumentar políticas y acciones para prevenir y erradicar la trata de personas.
- Crear programas de sensibilización y capacitación para los servidores públicos y funcionarios que integran el ayuntamiento.
- Apoyar la creación de refugios o modelos de protección y asistencia de emergencia, hasta que la autoridad competente tome conocimiento del hecho y proceda a proteger y asistir a la víctima, ofendido o testigo de este delito.
- Detectar y prevenir la trata de personas en el territorio bajo su responsabilidad, durante los trámites para la autorización del funcionamiento de establecimientos como bares, clubes nocturnos, lugares de espectáculo, recintos feriales o deportivos, salones de masajes, hoteles, moteles, baños, vapores, loncherías, restaurantes, vía pública, cafés internet y otros, así como a través de la vigilancia e inspección de estos negocios donde puede promoverse o llevarse a cabo este delito.
Quienes hoy están promoviendo sus candidaturas en los municipios, de llegar a ganar en las elecciones y por tanto asumir la conducción de los ayuntamientos, tendrán la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y de explotación sexual. Por tanto, deberán incorporar las obligaciones antes enumeradas dentro de su trabajo, así sea con la exigencia ciudadana.