Viernes, febrero 7, 2025

Los asuntos urgentes para las mujeres, no son urgentes para el gobierno

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Durante los 16 días de activismo en el marco del 25N, el gobierno de Tlaxcala realizó una serie de actividades para simular el interés por la situación de violencia que vivimos las mujeres, entre ellas, el 4 de diciembre se realizó un evento para hacer pública la instalación de un juzgado especializado en asuntos urgentes de las mujeres en situación de la violencia, el cual quedó establecido en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) con la finalidad de “brindar una atención inmediata a las mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan todo tipo de violencia y requieran de la expedición de medidas de protección urgentes”; lo cual, de inicio, abre otras interrogantes, ya que, en teoría, el CJM debe ser un espacio que brinde atención integral, incluido otorgar las medidas de protección, ya que debe contar con la participación de diversas instituciones que garanticen la atención inmediata e integral a las mujeres que lo requieran.

Sin embargo, como en otros espacios obligados para la protección de las mujeres, estas acciones no siempre se garantizan, han quedado únicamente en nombres institucionales más que en espacios especializados verdaderamente, pues el CJM no ha atendido todo tipo de violencia, obligando a las mujeres a buscar en otros espacios, institucionales y sociales, la atención y asesoría, lo que aumenta las condiciones de riesgo para ellas y sus hijas e hijos. Recordemos que, desde su creación en 2017, el CJM no ha contado con perfiles especializados para su funcionamiento, impidiendo garantizar a las mujeres las condiciones para iniciar procesos judiciales que garanticen el derecho al acceso a la justicia.

De inicio, pareciera que el anuncio de este juzgado especializado fuera una acción para el fortalecimiento en la atención para las mujeres en situación de violencia; sin embargo, una vez más, el gobierno demuestra la falta de compromiso para hacer frente al contexto de violencia feminicida, una gran ausencia de política para la protección de las mujeres y el acceso a la justicia, ya que después de la presentación de este juzgado especializado, se informó sobre la designación de un juez interino, quien no cuenta con ningún tipo de experiencia para el cargo, cuando debería contar con un perfil especializado en la materia y favoreciendo en los procesos que inician las mujeres; lo que sigue dejando mensajes de desinterés para contar con instituciones especializadas en funcionamiento, que garanticen un acompañamiento adecuado para disminuir las condiciones feminicidas que se viven en todo el país y el acceso a la justicia.

No da confianza un gobierno que crea un juzgado para atender los asuntos urgentes de las mujeres en situación de violencia y en la designación del responsable demuestre la falta de criterios especializados, la falta de autonomía de poderes y la falta de interés para su funcionamiento adecuado; pues no sólo se evidenció la falta de práctica profesional al obtener este mismo año su cédula, sino que se desempeñaba hasta un día antes de su designación, como chofer de la gobernadora, lo que hace bastante cuestionable la toma de decisiones del Poder Judicial respecto de los intereses del Poder Ejecutivo, ya que bastó con tener la Licenciatura en Derecho, como si las mujeres mereciéramos lo mínimo de formación para recibir atención ante el ejercicio de las violencias.

Después de la presión social de las defensoras de derechos humanos, el Consejo de la Judicatura del Estado llevó a cabo una “revisión” sobre esta designación; aunque se informó que la jueza electa cuenta con 30 años de experiencia profesional, tampoco han dado a conocer qué criterios se consideraron para esta elección; aunque declararon que no es de forma definitiva, sino hasta junio de 2025, después de la elección, de acuerdo con la reforma judicial, no justifica que un juzgado que requiere de los más altos estándares, sea operado durante medio año por alguien que no aportará ningún tipo de seguridad para las mujeres, ¿o es que será hasta el próximo año que este juzgado opere realmente?

Pero además, lo ocurrido demuestra los impactos que esta reforma tendrá para las mujeres en materia de justicia, pues las elecciones no serán garantía de que el sistema de justicia favorezca a las mujeres, cuando en México se ha demostrado que estos procesos no son realmente confiables y que el llegar a puestos públicos por voto popular sea garantía de experiencia y beneficio para toda la población; este es un claro ejemplo de lo que podemos enfrentar ante perfiles mínimos y no estándares internacionales y amplia carrera profesional o que cuenten perspectivas sensibles a los contextos de las mujeres como la perspectiva de género, interseccional e intercultural; pues a pesar del trabajo que hemos hecho para que el sistema de justicia contemple estos enfoques, no siempre se ha garantizado, dejando grandes vacíos para el acceso a la justicia.

La creación de este juzgado “especializado” nos hace preguntarnos también ¿qué está pasando con los juzgados ya existentes?, que deberían estar juzgando conforme a las recomendaciones y jurisprudencia internacional y nacional en materia de género, pues el acceso a la justicia para las mujeres sigue dejando mucho qué desear; no existe justicia restaurativa para las mujeres, las sentencias no contemplan acciones encaminadas a la modificación de los contextos misóginos, no existen acciones colectivas ni la garantía de no repetición.

En el marco de la Alerta por Violencia de Género las autoridades han declarado acciones y campañas que no atienden de fondo esta problemática, un mecanismo que busca la erradicación de la violencia feminicida de forma estratégica, ha sido utilizado como un eslogan más del gobierno, abonando al aumento de condiciones de riesgo para las mujeres y no en la construcción de estrategias reales y serias para la implementación de las medidas que tengan impacto directo en la vida de las mujeres y niñas del estado.

La justicia para las mujeres ha sido negada, tras procesos burocráticos y administrativos interminables, continuamos con un sistema de justicia insuficiente para atender los delitos contra las mujeres, un sistema que protege a los violentadores a través de acciones que no tienen ningún impacto en favor de las mujeres, no sólo la política de simulación es preocupante, sino las graves omisiones que el gobierno comete y los riesgos inminentes que esto significa para las mujeres, con bandera de “gobierno feminista” y el mínimo de esfuerzo para dar respuestas a las mujeres en situación de violencia; esto ha sido parte del aumento de la violencia feminicida, a pesar de su negación y fabricación de estadísticas.

*Colectivo Mujer y Utopía A.C.

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