Entre quienes figuraron en los agradecimientos y reconocimientos del gobernador Marco Antonio Mena al inicio de la entrega de su Segundo Informe de Gobierno sólo cinco fueron mujeres y nueve hombres; mientras que todo el discurso mantuvo invisibilizadas a las mujeres, desde el genérico en masculino, hasta los impactos a la población femenina en materia de empleo, salud, educación, campo, deporte, seguridad y pobreza.
Contradictorio al declarar que “independientemente de declaratorias, alertas, estudios, mediciones, nosotros realizamos y ponemos en práctica acciones para perseguir, investigar y castigar toda manifestación de violencia en contra de las mujeres”, cuando de las ocho acciones que reportó, tres de ellas son resultado de las recomendaciones hechas por el grupo experto de la Conavim: el protocolo unificado para los casos de violencia, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de la Trata de Personas y la creación del Centro de Justicia para las Mujeres, aunque estas dos últimas se llevaron a cabo el año anterior; ninguna de éstas propician un cambio estructural.
El resto de las acciones son por mandato federal, como las Unidades de Género en las dependencias e instituciones estatales y municipales, de las cuales reportó 40 y no especificó el porcentaje total que esto representa; sin embargo, es claro que a nivel municipal no se han establecido en un 100 por ciento, ni tampoco dimensionó el impacto de estas unidades en beneficio de las mujeres.
El Consejo Estatal contra la Trata no es un logro concreto de este año. Su instalación y funcionamiento debe ser de manera permanente conforme lo establece la ley, lo realmente relevante y clara deuda, fue dar a conocer las estrategias concretas que este grupo ha llevado a cabo, cuáles fueron los resultados del Plan de Trabajo que este año terminó y cómo ha abonado o no a la disminución del delito.
Por otro lado, en materia de salud habló de la inversión que se ha llevado a cabo para mejorar los hospitales generales y el Hospital Infantil, pero de las mujeres sólo hizo referencia a la realización de mastografías, cuando aún en este sentido no se cuenta con las herramientas necesarias y suficientes para dar abasto a la demanda, teniendo que esperar meses para poder llevar a cabo este examen. En este mismo sentido, se habló de una “Ciudad de la Salud”, sin hacer mención del lugar donde se establecerá y de los mecanismos que desarrollarán para que el acceso no represente obstáculos físicos, de tiempo, económicos y de traslado como lo sucedido con Ciudad Judicial.
Sobre la salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y mujeres, no se dijo qué se está haciendo para disminuir el número de embarazos no planeados, sino que sólo visibilizó la atención prenatal y postnatal, sin diferenciar cuántos de estos son producto de la violencia sexual que viven las mujeres y que ha ido en constante aumento, ni cuántos de estos fueron en edades infantiles y adolescentes; la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (Endireh) 2016 ubicó a Tlaxcala en el tercer lugar de mujeres que viven violencia obstétrica, el 37.7 por ciento en comparación de una media del 33.4 por ciento. Se observa una fuerte normalización de la maternidad, así como una grave omisión de la Norma 046 sobre Violencia Sexual, Familiar y contra las Mujeres.
Además, ni siquiera se mencionó la situación de feminicidio que se vive en el estado, no se habló del supuesto Protocolo para investigar este delito que desde inicios de año declararon estar elaborando; con lo sucedido el pasado 30 de noviembre suman ya 16 feminicidios este año, de los cuales sólo dos declararon se iniciaron investigaciones por este delito, aunque al momento ninguna sanción se ha dado a conocer al respecto. Lo mismo sucedió con el tema de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres y el Protocolo Alba.
Cuando Fina Sanz hace referencia a la frase: “lo que no se nombra no existe”, deja muy claro que al no hablar de todas estas realidades que vivimos las mujeres, quedan invisibilizadas; al negar su existencia, se niegan también las posibilidades para contrarrestarlas y queda inexistente el compromiso para garantizar a las mujeres una vida libre de toda violencia. El mensaje que da el Ejecutivo en materia de desigualdades y violencia de género es muy claro: no es ni será una prioridad de su administración.