El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) hizo un llamado al gobierno estatal “para que reconozca que el estado de Tlaxcala vive un momento crítico y que la violencia contra las mujeres es una problemática que permanece”; asimismo, para que garantice el trabajo de defensoras de derechos humanos en condiciones de seguridad.
En conferencia de prensa virtual, Atziri Ávila, integrante de esta organización, manifestó que existe preocupación por la situación de defensoras de derechos humanos en la entidad, por su seguridad e integridad física.
Puntualizó que el OCNF ha recibido información sobre “las agresiones” de las que ellas han sido objeto a partir de las movilizaciones del pasado 8 de marzo (8M) en el marco del Día Internacional de la Mujer, como son las de tipo físico y digital a través de redes sociales; detenciones arbitrarias, intimidaciones y denostación, con las cuales se vulneran sus derechos y se violenta los de libertad de expresión y libre manifestación.
Por ello, hizo un llamado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros “para que en congruencia con su postura feminista garantice el derecho de las mujeres e impulse de manera urgente y efectiva las acciones preventivas, de atención, sanción y erradicación de la violencia” de género en el estado.
Dijo que con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en 2021fueron asesinadas 37 mujeres en la entidad, pero de ese total “solo” 10 casos se investigan como feminicidio, mientras que el resto como homicidio doloso o culposo. En cuanto a desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, el año pasado “fueron documentados 281 casos y 25 violaciones sexuales”, añadió.
A pesar –resaltó- de contar con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), los avances para garantizar a esta población femenina una vida libre de agresiones y crímenes, “son casi nulos”; a la fecha no ha sido publicado el informe reciente sobre la implementación de este mecanismo en portales oficiales de transparencia.
“Sabemos que el reto de Tlaxcala es grande, lamentablemente es conocida históricamente como un estado en el que prevalece la violencia criminal contra las mujeres con delitos como feminicidio, la desaparición, la trata de personas, entre otros”.
Asimismo, demandó a la mandataria fijar un plazo específico para evaluar dichos trabajos a fin de verificar su eficacia, y llevar a cabo, “sin retraso”, las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación (SG) en la AVGM, con el objetivo de reducir la problemática y generar políticas de largo alcance.
Además, brindar garantías de libre expresión en condiciones de seguridad y revisar los casos de las participantes del 8M que hayan sido criminalizadas por manifestarse. Al tiempo, llamó al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México a que observe y emprenda acciones que permitan que las defensoras de Tlaxcala “ejerzan su labor sin ser violentadas”.
Por su parte, Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía (CMU), asociación civil tlaxcalteca articulada al OCNF, comentó que fue invitada a la reciente reunión convocada por la gobernadora con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la cual fue realizada en menos de 24 horas, pues ella recibió una llamada la tarde del miércoles de la semana pasada y el encuentro fue el jueves a las 18:00 horas.
Dijo que preguntó el objetivo y la agenda a tratar, pero no se le precisó; por tanto, consideró que solo fue un llamado para que escuchar discursos que han permanecido por parte de las autoridades, “sin acciones de fondo, comprometidas, reales y efectivas”.
Pero –acentuó- nos preocupa que el gobierno informe en sus boletines que el Protocolo Alba es una de las medidas que se aplican, pues esta herramienta existe desde años, derivada de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el caso de la niña Karla, desaparecida en San Pablo del Monte.