Este mes de julio, de acuerdo con varios calendarios en los que se publican los días mundiales e internacionales con motivos ecológicos, podemos darnos cuenta de que todos los asuntos que se tratan no tienen que ver solamente con cuestiones meramente ambientales.
Es decir, por un lado es claro que la tendencia impuesta desde hace muchos años y casi generalizada es la de fragmentarlo todo para reducirlo a interpretaciones, afectaciones y búsquedas de solución individual a los problemas; la promoción del individualismo para evitar el acuerdo social, el tejido, la comunidad. De este modo, en esos calendarios ambientales se presenta una larga lista de temas a considerar, algunos muy sensibles mundialmente, como el agua, el árbol, el cambio climático, la conservación del suelo, la eliminación del plástico en asuntos de comercio cotidiano (popotes, bolsas y otros empaques…), la protección de los mares, pero pocas veces se establece una relación explícita entre los temas y menos se motiva una reflexión que en el fondo vaya más allá de la mera acción de las personas en lo individual –o cuando mucho por sector– en contra del ambiente y, de la misma forma, que vaya más allá de la mera acción individual –por sector o amorfa y generalizada de los gobiernos– para emprender acciones que solucionen o mitiguen los efectos de las catástrofes que ya vivimos. Se habla de que todas las personas debemos hacer o dejar de hacer, pero de manera tan general que el énfasis se diluye cuando termina el discurso, o el párrafo, y que las acciones quedan sólo en la voluntad individual, en la voluntad del sector o en la conveniencia gubernamental.
La reflexión propuesta para estas conmemoraciones suele ser tan superficial que, aunque se ofrezcan datos duros y contundentes, son aprovechadas sin falta por grupos empresariales –transnacionales o locales– para emprender campañas de cuidado del agua, los bosques y el medio ambiente en general, mientras van destruyendo todo a su paso, contaminando y agotando los recursos naturales, sobre todo el agua, de los lugares donde establecen sus industrias. Y esto lo pueden hacer legalmente porque cuentan, como ya se ha mostrado desde hace años, con el aval de gobiernos como los de Tlaxcala, Jalisco, Guanajuato y otros estados.
Pero, afortunadamente, todavía se puede afirmar que esta tendencia es solo casi generalizada. Esto se muestra porque en todo el país, y aquí mismo en Tlaxcala, habemos muchos grupos sociales y comunidades organizadas que sabemos, porque lo vivimos, que todos los problemas ambientales están relacionados y que no es sólo cuestión de buscar maneras de arreglar desperfectos para que el agua se limpie, para que haya más árboles o para que bolsas y popotes de plástico no lleguen a los mares. Sabemos que para solucionarlos se requiere una revisión profunda de sus causas, de los procesos que nos han traído a la situación de emergencia sanitaria y ambiental, y por eso de las afectaciones que han provocado en la vida y en la salud de las comunidades. Y sabemos que, también, para que se puedan abrir vías de solución realistas y adecuadas para estos problemas es necesario que las decisiones importantes dejen de ser tomadas por las grandes industrias y acatadas por los gobiernos en turno; en lugar de eso es necesario que se lleven a la práctica los compromisos adquiridos por los gobiernos, ya no en las campañas (porque esos siempre son meramente promocionales), sino los firmados y ratificados en los acuerdos y tratados internacionales, como el Acuerdo de Escazú, por el que el Estado mexicano en todos sus ámbitos se obligó a no tomar ninguna decisión sobre asuntos ambientales, del nivel que sean estos, sin la participación de la ciudadanía y, por lo mismo, sin tomar en cuenta todas las relaciones que el asunto y el proceso de toma de decisiones tiene con todos los aspectos de la vida en la región.
*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.