El Congreso del estado está ante el inminente riesgo de perder su legitimidad, porque los integrantes de la LXIII Legislatura local han priorizado muchos aspectos, menos representar todos la diversidad de intereses que existen en la sociedad tlaxcalteca, que en su mayoría no se siente parte de este poder.
Al hacer un corte de la actividad realizada por los integrantes de la actual Legislatura, a siete meses de haber iniciado funciones han sido más lo yerros, las pifias, los desencuentros y las cosas pendientes por hacer que las acciones de éxito a favor de la ciudadanía.
Efectuado el contraste entre lo prometido y los resultados reales de los inquilinos del Palacio Legislativo, persisten las promesas incumplidas; parece que al llegar a ocupar su curul, los discursos, los compromisos con la ciudadanía, con los electores y hasta con la militancia de las diversas nomenclaturas que los apoyaron, se fueron al retrete.
Y en ello se hace evidente una paradoja de nuestra época, que mientras se proclama y presume “el triunfo de la democracia y el surgimiento de la Cuarta Transformación”, el riesgo de la ilegitimidad en las acciones de los diputados es más cercana.
La sociedad, por ejemplo, no fue tomada en cuenta para definir el uso y destino de más de 404 millones de pesos en sendos fondos para el campo y obras de desarrollo social; tampoco en otros tantos temas que son pendientes. Entonces, dónde quedaron las promesas de campaña y sus plataformas electorales, ahora prefieren plagiar iniciativas y leyes para hacerse ver “bonitos y productivos” ante el electorado.
Quizá el tsunami electoral de julio de 218 llevó a la conformación de una Legislatura que en su mayoría desconoce que tiene la responsabilidad específica de conciliar expectativas, a través de sus promesas de campaña e intereses conflictivos de diversos grupos. Tienen la responsabilidad social, en esta democracia del primer cuarto de siglo, de generar disposiciones legales para resarcir las deudas sociales y, desde luego, que como órgano encargado de supervisar la acción gubernamental, garantice que el Poder Ejecutivo rinda cabalmente cuentas a los ciudadanos y también cumpla sus funciones.
Todo lo demás que hagan o dejen de hacer al final de su mandato, será perorata legislativa y, en este momento, todo eso los pone en la antesala de perder la legitimidad ante la ciudadanía que está necesitada de que la democracia les haga justicia.