Los integrantes de la LXIV Legislatura local están en riesgo de perder todo, en credibilidad, honra y futuro político, si en el proceso de dictaminación de las cuentas públicas incurren, como en el pasado, en un manejo económico, discrecional, electoral y político al momento de emitir sus resolutivos.
Son cientos, casi miles de millones de pesos, los que se han dilapidado, producto de la corrupción, la omisión, abusos, excesos y negligencias que imperó, tanto en las administraciones municipales como en la estatal; no solo con los que se fueron, sino también, por desgracia, con los que llegaron.
No es una simple ocurrencia esta afirmación. Ahí están los informes de cuentas públicas que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) entregó a los diputados locales; también está el antecedente que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF); ambos coinciden en el manejo irregular de fondos que padeció Tlaxcala.
Muestra de esos abusos son los 344 millones 834 mil 106.64 pesos que fueron malversados por las ex autoridades de los 60 municipios que concluyeron su mandato constitucional el pasado 30 de agosto.
Ahora corresponderá a los diputados actuar conforme a derecho; y tal como lo ha pregonado la mayoría que en la era del no robar, no mentir y no traicionar, son distintos, por lo que la sociedad espera que por fin sea derrotada la impunidad que ha prevalecido. Cambiar esos datos, para ayudar al amigo o perjudicar al adversario, sería una bomba en la humanidad de los congresistas.
Es grande el paquete que tienen los diputados; quizá es la prueba de fuego de quienes se ufanan en enarbolar la Cuarta Transformación. Aseguran que sí darán audiencia a los ex alcaldes, principalmente, en aquellos casos que demuestren que sus sucesores bloquearon o, incluso, les impidieron hacer una correcta comprobación del gasto ejercido en los últimos días de su mandato.
Los diputados, que presumen impulsar el parlamento abierto, deben actuar con transparencia, pero, sobre todo, sin titubeos; sancionar con todo el peso de la ley a quienes abusaron del poder, pero garantizar el debido proceso a quienes fueron bloqueados por revanchas políticas.
No hacerlo así pondrá en riesgo todo el trabajo que le queda a esta Legislatura y para muchos de sus integrantes podría ser una pesada losa en su carrera política, de la cual, quizá, jamás se quitarán.