Con la finalidad de superar la omisión legislativa en la que está inmerso el Congreso del estado y con ello, mejorar la distribución de las participaciones federales a los municipios, así como incentivar la recaudación local, la diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano presentó al pleno de la LXIII Legislatura local una iniciativa para crear la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tlaxcala, así como la propuesta para derogar diversos artículos del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios.
En la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora hizo esta propuesta luego de que un grupo de ayuntamientos acudieron tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como al Poder Judicial de Tlaxcala para denunciar la omisión legislativa en la que está inmerso el Congreso local respecto al proceso de distribución de participaciones federales, pues a pesar que desde hace seis años se modificaron las reglas en la materia y éstas no se han actualizado en el ámbito estatal.
La legisladora explicó que Tlaxcala ocupa a nivel nacional el lugar 29 por recaudación por derechos de agua, y ello se debe “a la existencia en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de una fórmula de distribución de participaciones federales y estatales que, en lugar de incentivar a los municipios a mejorar sus procesos administrativos que les permiten incrementar sus niveles de captación de impuesto predial y agua potable, fomenta el conformismo hacendario”.
Ello porque, dijo, el actual esquema de distribución de participaciones, vigente desde el año 2007 en el Código Financiero, se basa en criterios históricos o inerciales. “Estos criterios solo toman en cuenta los montos distribuidos en años pasados para asignar los recursos en el ejercicio fiscal para el cual se hace el cálculo. En nuestra legislación, este procedimiento se lleva a cabo por medio de un Fondo de Garantía (establecido en artículo 504 del Código Financiero), el cual ni siquiera asegura a los 60 municipios que van a tener al menos la misma proporción de recursos que recibieron el año anterior”, alertó la congresista.
Aunado a esta situación, recordó que en 2013, el Congreso de la Unión reformó la Ley de Coordinación Fiscal y a través de estos, se obliga a las legislaturas locales al momento de establecer la distribución de las participaciones federales entre sus municipios, a atender principios recaudatorios.
“Es decir, esta reforma al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal busca que los estados legislen criterios similares a los que usa la Federación para distribuir las participaciones federales a las entidades federativas desde el año 2007, ya que dichos criterios, los recaudatorios, fomenten la actividad económica y estimulen la recaudación de los municipios”, explicó.
Con esta enmienda, abundó, busca que los municipios tengan mayores ingresos propios por el incremento esperado en la recaudación; más ingresos derivados del Fondo de Fomento Municipal; una participación más elevada de los recursos del Fondo General de Participaciones, como consecuencia del incremento en la recaudación, pero “dichos beneficios no se han visto reflejados en las haciendas públicas de los 60 municipios de Tlaxcala por una omisión de este Poder Legislativo”.
La legisladora reconoció que el Congreso local, al menos en tres legislaturas, ha omitido reformar y actualizar la formula y criterios de distribución de las participaciones federales a los poderes y 60 municipios, pues hasta la fecha, “para la distribución de las participaciones federales a los poderes y ayuntamientos, la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado aún sigue aplicando una fórmula legislada desde el año 2007, la cual atiende principalmente el criterio histórico o inercial, lo que es contrario a lo ordenado por el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal”.
Flores Lozano recordó que por esa omisión diversos municipios de la entidad han promovido juicios en contra del Congreso de Tlaxcala, ante el Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, pues consideran que no la actualización de la formula y criterios de distribución de participaciones federales ha perjudicado gravemente sus ingresos participables.
Además, como lo informó La Jornada de Oriente Tlaxcala, varias Comunas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a demandar al Congreso y a la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado, porque estiman, en sus controversias constitucionales, que en el presupuesto de egresos del año 2019, se realizó una indebida distribución de las participaciones federales participables a los 60 municipios del Estado, alegando también que la formula prevista en el Código Financiero se encuentra desfasada a lo que ordena el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Ante tales condiciones, la diputada llamó a los integrantes de la LXIII Legislatura local a establecer esta nueva norma local en materia de coordinación fiscal en la que establezca “una fórmula de distribución de las participaciones federales acorde no solamente con las bases establecidas en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, sino también que atienda y se ajuste a la nuevas realidades y exigencias presupuestales y hacendarias que hoy en día enfrentan los 60 municipios del estado de Tlaxcala, y las casi 400 presidencias de comunidad”.
Entre los planteamientos de la propuesta de nueva ley establece que el Estado destinará a los municipios el 23 por ciento –y no 20 por ciento- del Fondo General de Participaciones que reciba de la Federación, el cual representa más del 80 por ciento del total de recursos que reciben las haciendas municipales.
“Con esta propuesta Tlaxcala se uniría a los estados de Campeche, Aguascalientes, Querétaro, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Baja California Sur, Colima, Tabasco, Oaxaca y Sinaloa, entidades que desde hace muchos años, destinan a sus municipios más del 20 por ciento de los recursos del Fondo General de Participaciones. Solo con acciones de este tipo es como se demuestra que esta LXIII Legislatura del Congreso del Estado esta decida a respaldar a los 60 ayuntamientos y las casi 400 presidencias de comunidad de nuestro estado, en su hacienda pública”, concluyó.
