Más de 500 mujeres de Tlaxcala no han accedido a la justicia, permanecen desaparecidas, han sido asesinadas o fueron enganchadas en el estado y están siendo explotadas por redes de tratantes en México y otros países; son miles de mujeres las que viven todas las formas de violencia y que no reciben respuesta del gobierno local y federal, que enfrentan procesos judiciales interminables y llenos de corrupción, obstáculos e injusticia.
En un estado que reconoce apenas el 30 por ciento de los feminicidios ocurridos, que niega otros delitos como la desaparición, la trata de mujeres, la violencia obstétrica, digital y sus diversas expresiones; que, además, obstaculiza y niega el acceso a la justicia para las mujeres y sus familias, pues quienes enfrentan procesos judiciales no cuentan con programas de acompañamiento integral que realmente favorezcan procesos ágiles, con el debido proceso y que no les coloque en riesgo, como ha ocurrido a cientos de mujeres que accedieron a una orden de protección, pero que el Estado no ha garantizado el cumplimiento de estas órdenes, favoreciendo que los agresores continúen ejerciendo violencia y poniendo en riesgo la vida de las mujeres.
A ellas no las ha querido mencionar el gobierno en voz alta, las ha invisibilizado todos los días, negando la justicia, los programas de atención integral y pronta, presupuestos adecuados, personal especializado y sensible, manteniendo una política de mentira respecto de ser un testado seguro; el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres ha quedado disminuido a un eslogan, se revictimiza a las mujeres que presentan denuncias, se minimizan las desapariciones de mujeres y niñas, las investigaciones no son eficaces mientras se mantienen en riesgos de ser víctimas de otros delitos; eso no lo reconoce el gobierno.
La falta de reconocimiento de los delitos hacia las mujeres ha significado una narrativa falsa de seguridad, a través del uso engañoso de la información “oficial”, cuando les ha convenido, cuando muestra la información que el mismo gobierno crea para las plataformas nacionales; pero niegan otros datos oficiales cuando contradice sus narrativas como la vertida por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, no le gustó al gobierno que Tlaxcala se ubicara en los primeros lugares de prevalencia de delitos.
Tampoco se reconoce la presencia de delincuencia organizada en sus diversas líneas, lo que ha encrudecido la violencia contra las mujeres, el acceso a armas de fuego, el uso de inmuebles relacionados con actividades delictivas, el uso de la violencia contra las mujeres como motín de guerra, pero que el gobierno nombra de otra manera, menos como lo que es, violencia feminicida, estructural, sistemática y sistémica; la negación ha llevado a la falta de políticas públicas para modificar estas realidades, el Estado ha sido responsable del aumento de estas violencias contra las mujeres en Tlaxcala.
Sin embargo, con el pretexto del festejo de 500 años de la fundación de Tlaxcala (por demás cuestionada esta narrativa histórica), el gobierno estatal y municipal de Tlaxcala, presentaron una serie de actividades, en la que se incluyó el reconocimiento “500 Mujeres Destacadas del Municipio de Tlaxcala”, del cual existe un registro de difusión de la convocatoria entre algunos medios de comunicación digitales del estado durante algunos días en la semana del 12 al 18 de agosto; sin embargo, al parecer hasta hace unos días se inició a informar a las mujeres sobre su postulación y, en algunos casos, se les pidió cumplir con requisitos que debían ya existir.
En las bases de participación se describen 10 categorías, en donde las mujeres “con su trabajo, esfuerzo y ejemplo han dejado huella en el municipio de Tlaxcala”; todos los días las mujeres estamos contribuyendo en el desarrollo del estado, cotidianamente siendo invisibilizadas por una cultura machista, violenta y desigual; por lo que resulta contradictorio un reconocimiento que se vuelve una más de las tantas actividades, que una política de Estado con la que deben cumplir las autoridades, no podemos esperar otros 500 años para que el gobierno simule que le interesan las vidas de la mitad de la población.
Contradictorio que, durante las marchas del 8M, el gobierno no sólo no reconoce las exigencias de las mujeres, de las familias de víctimas de los delitos que este gobierno niega, sino que envían al grupo antimotines como respuesta, agrede y silencia a quienes levantan la voz y hoy invita a recibir un reconocimiento y un presente, pero en otros momentos cierran los espacios por resultar incómodas.
Sin duda, no fue difícil seleccionar a 500 mujeres que recibieran un reconocimiento, pues todos los días se encuentran desarrollando acciones y actividades que tienen impacto en la vida de otras mujeres y de la comunidad; sin embargo, otras han servido al gobierno omiso y machista, se han alineado a su política de simulación y silencio, o que han utilizado el ámbito de lucha como plataforma política y de impacto personal, lo que al final del día demuestra las grandes desigualdades que enfrentamos las mujeres para acceder a ciertos espacios de participación pública y a derechos.
Es lamentable que, a poco tiempo de terminar esta administración, su política siempre haya sido negar los contextos de violencia e inseguridad que vivimos las mujeres, no puede haber congruencia cuando estas problemáticas no las atienden, ni siquiera las entienden, pero no sólo por una falta de capacidad, sino por la falta de interés y desde su machismo. El reconocimiento que deben hacer las autoridades es de todas las mujeres a las que les deben justicia, reparación del daño, a las que no han escuchado y han colocado en riesgo feminicida.
*Colectivo Mujer y Utopía A.C.