Si bien la campaña internacional de los 16 días de activismo en el marco del Día Internacional por la eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres invita a todos los sectores de la sociedad a sumar esfuerzos para garantizar a mujeres de todas las edades y condiciones una vida libre de violencia, no sustituye las obligaciones constitucionales para la erradicación de las violencias contra las mujeres; sabemos que estos 16 días permiten colocar en la agenda pública aquellos pendientes y deudas institucionales que hace falta designar mayores presupuestos, compromiso y especialización para lograr un verdadero impacto en la vida de las mujeres, lo que no se ha observado de manera concreta en lo cotidiano.
Desafortunadamente, las acciones que se llevan a cabo desde las instituciones federales, estatales y municipales no responden tampoco a una realidad sentida, siguen siendo actividades que no tienen ningún seguimiento y que, en algunos casos, ni siquiera se cuida el no reproducir estereotipos hacia las mujeres.
A nivel federal, se informó a través de medios de comunicación el programa que supuestamente se implementaría en los 32 estados de la República, en donde se pueden observar las mismas acciones que a lo largo de este año se han aplicado como parte de las acciones de la nueva Secretaría de las Mujeres, como la entrega de la cartilla de los derechos de las mujeres, la cual se ha presumido como la gran política de Estado en favor de las mujeres, llevando a cabo diversos eventos para su difusión y que en estos días formó parte de la campaña de activismo en el marco del 25N; pero que carecen de elementos y compromiso para su garantía, de nada sirve que difundan derechos, cuando las mismas instituciones revictimizan y violentan, ejemplo de política de papel.
Otra actividad que hay que cuestionar en esta campaña son las pláticas de sensibilización para personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno. Pues con pláticas de una hora no se brindan los elementos necesarios para que las personas responsables de brindar atención e implementar acciones de prevención de la violencia lo hagan de manera especializada, además del presupuesto que cada año se designa para capacitaciones, pareciera que son meramente acciones de relleno para cumplir con actividades durante estos 16 días; no existe compromiso para la modificación de las prácticas violentas y machistas.
En los últimos años hemos observado cómo el “activismo institucional” informa acciones en el marco de fechas conmemorativas, pero se contradice en sus narrativas cotidianas, negando estas violencias, aferrándose al discurso de que los niveles de violencia contra las mujeres han disminuido durante la administración, cuando la tasa de víctimas de delitos contra las mujeres va al alza, tal es el caso del secuestro, ocupando en octubre de este año el lugar cinco por cada 100 mil mujeres; también el quinto en llamadas por violación; el lugar 11 por llamadas relacionadas con la violencia de pareja y en el delito de feminicidio el lugar 12; información que la Fiscalía del Estado hace llegar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que contrasta de la realidad, ya que en otros delitos, como la trata de personas, se mantienen en ceros y que no es más que la impunidad institucional al no iniciar debidamente las carpetas de investigación.
Desafortunadamente, cada vez se confía menos en las instituciones debido a los discursos que carecen de compromiso para modificar los contextos de violencias hacia las mujeres y niñas, pues la política pública ordinaria no parece transformadora, sino más bien, acciones para cumplir con lo establecido en las facultades del gobierno; pocas son las acciones que contienen elementos profundos para impactar de forma positiva a las mujeres en la garantía de nuestros derechos. Pareciera que con estas acciones cumple el gobierno en atender de manera eficiente estas problemáticas, que el esfuerzo en suficiente, que no se necesitan estrategias permanentes o que la información llegará a todas las mujeres que lo necesitan.
Este 10 de diciembre, que cerró la campaña de activismo, coincidió con la cuarta audiencia de reposición del juicio oral por el feminicidio de Estefani Hernández, ocurrido en 2021, ejemplo de que se siguen violentando los derechos humanos al obligar a la familia de Estefani a repetir el proceso que ha llevado ya cuatro años para obtener justicia, la no revictimización debe ser parte de la política de Estado, que en 16 días no alcanza para modificar las estructuras institucionales, burócratas y machistas; el sistema de justicia no ha garantizado procesos con enfoques diferenciados y que, como lo dijo Pilar, hermana de Estefani en la acción de memoria por su feminicidio el pasado 3 de diciembre, “de qué sirve que presuman 11 sentencias por feminicidio, cuando su familia no tenido acceso a la justicia”, ¿cuántos años deben seguir pasando para que exista alguna reparación del daño?
Presumir números desde discursos vacíos no abonan en la eliminación de las violencias contra las mujeres, no garantizan el acceso a la justicia, ni a la garantía de no repetición; mucho menos la negación de que las mujeres no vivimos violencias y estamos seguras, pues se refleja en las presupuestos designados para prevenir, atender, sancionar y erradicar estas violencias, no son suficientes, no existe compromiso para la implementación de la Alerta de Violencia de Género que presumen como un logro de esta administración, otra contradicción al negar los delitos contra las mujeres; negando la despenalización del aborto, a pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; protegiendo a violentadores; devastando nuestros espacios naturales.
Más que “activismo institucional”, se necesita que el gobierno cumpla con sus obligaciones constitucionales para la protección y garantía de los derechos humanos, que las mujeres conozcan no sólo sus derechos, sino que podamos acceder a cada uno de ellos de manera efectiva, justa e igualitaria. Después de los 16 días de activismo, ¿con qué acciones cuenta el gobierno del estado para atender, prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres?