Martes, agosto 16, 2022
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La seguridad en Tlaxcala sigue en suspenso

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Después de seis meses sin responsable de esta institución y sin un plan estratégico claro para los contextos de inseguridad de nuestro estado, tomó protesta el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Tlaxcala, se comprometió a reforzar la confianza de la ciudadanía, cuando es un porcentaje muy bajo el que confía en esta institución dados los acontecimientos en los últimos meses.

Tras el respaldo de sus cuatro décadas de experiencia, Raúl Ruiz García se comprometió a mantener a Tlaxcala como una de las entidades más seguras del país, en este mismo discurso de esta administración; a pesar de los altos niveles y en aumento de delitos contra las mujeres, esa realidad sigue pasando desapercibida para las autoridades, un contexto que en nuestro estado se ha mantenido invisibilizado y negado.

¿Ya se habrá puesto al tanto de estas realidades?, dado que no es tlaxcalteca debe informarse de las faltas que cometen los policías, de las omisiones en su actuar ante casos de violencia familiar, de la constante negativa por responder de forma inmediata ante los llamados de emergencia al 911, o de la aplicación de las órdenes de protección por tratarse de agresores pertenecientes a su familia, amistades o de compadrazgos.

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Devolver la paz, dice la presidenta del PAN en Tlaxcala, como si durante otras administraciones los niveles de seguridad fueran muy altos, y como si el camino para la paz fuera la militarización.

Cabe recordar que los análisis que se han realizado sobre la participación de figuras militares al mando de municipios y estados, se han evaluado los resultados hasta de catastróficos; además de las tantas denuncias por violencia en contra de estos, pues si bien se cree que con mandos militares se crea disciplina, también han evidenciado efectos en la relación con la ciudadanía, y el efecto más grave es que esta disciplina militar pondera el uso de la fuerza.

En noviembre de 2021, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia alertó sobre riesgos de militarizar la seguridad, mediante una entrevista a El Economista indicaron que no es nuevo el nombramiento de mandos militares en instancias estatales y municipales, ya que data de por lo menos 15 años, lo que ha permitido conocer los impactos de estas políticas, sobre todo riesgos como disponer de las fuerzas armadas, aumento de casos de tortura, privación ilegal de la libertad y abusos sobre los propios elementos policíacos. Una apuesta que proviene desde el gobierno federal, el cual no ha reparado en atender, proteger y respetar los derechos humanos; resulta bastante preocupante que se repita esta lógica en los estados gobernados por el partido de López Obrador, que ningún contrapeso le significa.

Cada vez más vemos en los estados el repudio y criminalización de las manifestaciones feministas, los niveles de violencia que han alcanzado las acciones en contra de las mujeres que seguimos exigiendo la protección y garantía de nuestros derechos ante un sistema de procuración de justicia patriarcal, que protege y se pronuncia por los agresores y feminicidas; el movimiento feminista ha sido el más atacado durante este gobierno que no muestra interés por conocer los contextos que enfrentamos y nos ha tratado como a los peores delincuentes, bajo la brutalidad en el uso de la fuerza que, a pesar de quedar grabadas estas conductas en videos, fotografías y testimonios, no se actúa en contra de estos elementos, hombres y mujeres que responden a una orden patriarcal institucionalizada.

Para finalizar 2021 son ocho los estados en los que el secretario de Seguridad Pública es un militar con licencia o en retiro al mando de esta institución, y ahora se suma Tlaxcala, ante un contexto de represión y de política holgada de protección de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres.

Ruiz García también manifestó que “trabajará diariamente por evitar la entrada del crimen organizado en Tlaxcala”, lo que evidentemente habla o de su desconocimiento sobre las redes de proxenetas que llevan operando durante décadas en nuestro estado, o simplemente entra bajo la línea de seguir negando las realidades de violencia feminicida que las niñas, adolescentes y mujeres vivimos todos los días; las desapariciones de niñas y mujeres que se informan diariamente y su relación con otros delitos como la trata con fines de explotación sexual, los feminicidios o la violencia sexual son muestra de la presencia de la delincuencia organizada, son indicadores de que no se ha atendido como un problema grave de seguridad y de que sigue sin ser el objetivo primordial a atender.

De ahí la contradicción de insistir en querer mantener el discurso de ser uno de los estados más seguros, su plan de trabajo no puede estar basado bajo esta premisa, pues el resultado seguirá siendo la impunidad, la injusticia y la violencia feminicida de Estado.

Por otro lado, expertos en el tema opinan que “la apuesta de mediano y corto plazo debe ser el fortalecer instituciones de seguridad pública civil, apostarse a desarrollar capacidad, infraestructura, recursos humanos, equipo y capacitación para los policías, alineados a estándares de seguridad ciudadana y de respeto a los derechos humanos. También una coordinación entre los estados y municipios con el gobierno federal. Nada de eso puede garantizarlo la formación militar, está muy lejos, en el extremo opuesto de este tipo de enfoque”.

Para esto tampoco podemos pasar por alto el presupuesto que se designa y el uso que se le da para alcanzar el objetivo de garantizar la seguridad para todas las personas en nuestro estado, y que no sirva para apostar por seguir normalizando la violencia, las injusticias, las represiones, el uso desmedido de fuerza y la falta de actuación conforme a derecho y con perspectiva de género.

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