La diputada panista Miriam Martínez Sánchez criticó la reciente reforma legal aprobada por el Congreso de Puebla, que obliga a los motociclistas a portar en sus cascos el número de placa del vehículo que conducen, al advertir que esta medida, más que resolver la inseguridad, podría derivar en una cadena de consecuencias legales, sociales y económicas que afecten a sectores ya vulnerables.
En entrevista, la legisladora tlaxcalteca expresó que si bien es urgente atender los delitos cometidos a bordo de motocicletas, como asaltos y robos exprés, “la solución no puede ser cargar a la ciudadanía con medidas improvisadas que no han sido socializadas ni analizadas con profundidad”.
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“Estamos de acuerdo en que la seguridad vial debe fortalecerse, pero imponer un distintivo obligatorio en los cascos sin resolver primero cuestiones operativas, jurídicas y económicas puede generar más problemas que soluciones”, advirtió.
“Quién expedirá los distintivos. Tendrá un costo. Cómo se controlará el uso de múltiples cascos o motocicletas y qué sucederá con motociclistas foráneos en tránsito por la entidad…no se puede gobernar con ocurrencias sin haber tocado tierra con quienes viven la realidad desde las calles”.
La diputada, quien ha encabezado en Tlaxcala la campaña “De Acero y de Ley” para visibilizar los derechos y necesidades de los motociclistas, alertó que la medida puede incluso propiciar nuevos delitos, como el robo de cascos para suplantación de identidad, o bien, abrir la puerta a extorsiones en retenes donde la norma no sea clara ni aplicada con imparcialidad.
Además, calificó la reforma como estigmatizante en contra de personas de todos los estratos sociales que utilizan este medio de transporte, incluidos, los trabajadores de los medios de comunicación.
Por ello, Miriam Martínez propuso alternativas más eficaces, como robustecer el registro estatal de motocicletas con datos biométricos, invertir en videovigilancia y educación vial, así como fomentar el uso voluntario de sistemas de geolocalización con incentivos fiscales o económicos.
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para abrir un diálogo serio y participativo con colectivos de motociclistas, transportistas, repartidores y expertos en seguridad, antes de imponer una norma que podría ser más costosa que útil y confió en que este tipo de disposiciones y “ocurrencias” no se repitan en Tlaxcala.
