Con el arranque de una nueva administración federal se pone de manifiesto la propuesta de restaurar los tres ríos más contaminados del país: Tula, Lerma–Santiago y Atoyac en los estados de Puebla y Tlaxcala. La meta que se estableció fue sanear y restaurar ecológicamente estos ríos, lo que significa reducir sustancialmente el vertido de contaminantes y recuperar la función ecológica de los cauces. La Mtra. Alicia Bárcena, secretaria de Semarnat, ha insistido en atender el problema bajo el modelo de restauración basada en la naturaleza; es decir, realizar solo aquellas obras de ingeniería indispensables y buscar alternativas ecotecnológicas que faciliten los procesos de sucesión y restauración naturales.
Con este mensaje se establece un cambio de paradigma y visión de la política de la Conagua de los últimos 25 años en materia de saneamiento. Sin embargo, esta visión no se ha plasmado en el nuevo Plan Nacional Hídrico (PNH) 2024–2030. Hace unos días se dieron a conocer de manera general las acciones que la Conagua plantea para los próximos años respecto a la restauración de los ríos. Se destaca que para alcanzar la meta del gobierno federal se llevarán a cabo la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento y de reúso de agua, clausura de descargas ilegales, un sistema de monitoreo, reforestación y humedales.
Sin embargo, no es que se desestime que dichas obras sean necesarias, sino que se nota una falta de entendimiento en el modelo de soluciones basadas en la naturaleza (SBN) como un marco de referencia para entender que la manera de abordar el problema es comprender los ciclos naturales, los procesos históricos y evolutivos de los ecosistemas y determinar los factores de estrés y presión que han ocasionado su alteración o degradación. La SBN es un modelo que, llevado a la práctica en la política ambiental, resulta en cambios estructurales y conceptuales para resolver los problemas de fondo que han ocasionado alteraciones negativas en la integridad de los ecosistemas.
Resulta contradictorio que el PNH 2024–2030 muestre más de lo mismo, pero con la adopción de conceptos que no se logran entender.
El río Atoyac y sus tributarios cuentan con estudios técnicos actualizados que han demostrado reiteradamente que la contaminación y extracción del agua han alterado la función ecohidrológica de los ríos, y que desde 2008 se vierten 146 toneladas de materia orgánica, 62 toneladas de sólidos suspendidos y al menos una tonelada de contaminantes tóxicos (metales pesados y compuestos orgánicos tóxicos) afectado seriamente la salud de la población. De igual manera, los estudios señalan que la construcción de plantas de tratamiento ha sido una falsa solución si no se instalan de manera estratégica y cuentan con diseños que realmente reduzcan la carga de contaminantes orgánicos e inorgánicos. En cuanto al sistema de monitoreo, en la Cuenca Alta del Atoyac operan 73 sitios: 41 en Puebla y 32 en Tlaxcala, de acuerdo con la Conagua. Se tiene una base de datos en la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua desde 2012 hasta 2023, que muestra que los patrones de contaminación permanecen sin cambios a pesar de los millones invertidos en programas de saneamiento durante las pasadas administraciones.
Para las comunidades afectadas y los escenarios que derivan de las últimas investigaciones realizadas por los Programas Nacionales Estratégicos del Conahcyt 2021–2024, es claro que gran parte del problema inició y se mantiene por las decisiones de concentrar polos industriales con regulaciones ambientales laxas y una creciente expansión urbana, basada en el mercado inmobiliario. Precisamente por eso, la estrategia de restauración ecohidrológica del río Atoyac requiere de una visión más amplia en cuanto a políticas de intervención federal. En este sentido, los planes de ordenamiento ecológico del territorio son instrumentos indispensables que deben ir de la mano con las acciones de restauración ecológica. El ordenamiento ecológico debe ser la guía para que planes parciales de desarrollo municipales y planificación urbana tengan coherencia y faciliten la coordinación entre las instancias de gobierno municipales y estatales.
Esto último es un aspecto estratégico para recuperar los cauces ecológicos del río Atoyac y tributarios, sin embargo, hay municipios sin programas de ordenamiento ecológico, tanto en la zona del Atoyac como la del Zahuapan. La falta de comunicación y coordinación intermunicipal ha sido un gran obstáculo: mientras que el río en los límites estatales de Puebla no sea ecohidrológicamente viable, la sección del río que pertenece a Tlaxcala no podrá ser restaurado y viceversa.
Sumado a lo anterior queda por resolver el problema del Programa Metropolitano de Puebla–Tlaxcala y del Programa de Ordenación Tlaxcala–Apizaco, que propician regionalmente la ampliación de las zonas urbano–industriales sobre territorios que han llegado al límite de su capacidad de carga.
Indudablemente se ha dado un segundo gran paso para recuperar y restaurar los ríos contaminados del país tras la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-Semarnat-2021. Están proyectados seis meses de trabajos intensos para contar con los estudios y proyectos ejecutivos, y se han destinado recursos federales por aproximadamente de 4 mil 500 millones de pesos para 2025. Pero nuevamente los costos ambientales se externalizan a la sociedad y los responsables directos de la contaminación quedan exentos o, en el mejor de los casos, a expensas de que tengan la voluntad de disponer recursos para revertir el daño ambiental que ocasionan.
Finalmente, lo que aplica para un río, aplica para los otros.
*Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, UNAM.