Domingo, febrero 16, 2025

La pasividad del Estado frente a la tortura sexual en México y Tlaxcala

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De manera general, en Tlaxcala existe poca información y poco conocimiento respecto del contexto de violaciones graves a derechos humanos que se viven en el estado, un gran número de estas violaciones son contra los derechos de las mujeres; la apuesta política de Estado que se ha mantenido en la gran mayoría de las administraciones ha sido dirigida a negar las problemáticas que enfrentamos. Que no sólo tiene que ver con la invisibilización de los delitos cometidos, la falta de judicialización de éstos o la casi nula existencia de sentencias condenatorias dirigidas a la reparación integral del daño, sino también con la fabricación de culpables.

La sociedad civil ha tenido el compromiso de acompañar a las víctimas y de hacer visible estas realidades, mediante casos emblemáticos que han puesto a la luz estas prácticas, con informes y diagnósticos al respecto, así como pronunciamientos y diálogos con autoridades estratégicas para atender de forma particular los casos que se encuentran en la injusticia, impunidad y corrupción.

A 18 años de los hechos de represión social, detenciones arbitrarias masivas y uso sistemático de la tortura –incluida la tortura sexual– por fuerzas policiales estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, realmente poco se ha avanzado de manera sustancial en los procesos de justicia y las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en diciembre de 2018.

La Corte IDH ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas de reparación: (1) fortalecer el Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); y (2) crear un Observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México; en ambas medidas, no se ha tenido respuesta para su implementación, lo que sin duda ha tenido impacto en todo el país, ya que los actos de tortura y tortura sexual en los estados de la República no son casos aislados, aumentando las condiciones de vulneración para las mujeres.

Ejemplo de esto, desde el año 2013 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro ProDH), ubicado en la Ciudad de México y con más de 30 años de trayectoria, ha acompañado a las sobrevivientes de tortura sexual, documentando y exponiendo el contexto que se vive en el país al respecto; como resultado de este esfuerzo se ha impulsado desde 2014 la campaña nacional Rompiendo el Silencio, Todas Juntas contra la Tortura Sexual, lo que ha impactado, entre otros resultados, las liberaciones de mujeres que han denunciado la tortura sexual.

El Centro ProDH conoció y ha acompañado la situación de Keren Ordóñez, originaria de Veracruz, quien fue acusada y encarcelada por un delito que no cometió en 2015 a sus 19 años en ese entonces y víctima de tortura y tortura sexual; lo que pone sobre la mesa la fabricación de culpables en un intento institucional por demostrar resultados en la atención del contexto de inseguridad y violencia, aprovechándose de mujeres en situación de pobreza y vulneración social, así como de la violencia ejercida por autoridades del estado.

Este contexto se ha puesto en lo público en Tlaxcala, ya que pareciera que en nuestro estado no se viven estas violaciones graves a derechos humanos, llevando a la falta de exigencia social para la protección y garantía de nuestros derechos y que haya sanción a los perpetradores, lo que suma a los niveles de impunidad que el sistema de justicia del estado ha mantenido. Lo que muestra también este caso son las omisiones e incumplimiento por parte de las autoridades del estado, ya que Keren ha contado con diversos defensores públicos que no cumplieron con su obligación de brindar una defensa técnica adecuada, omitiendo recabar y ofrecer pruebas adecuadas para que pueda obtener su libertad.

Tal como lo refiere el Centro Pro DH, “las detenciones arbitrarias, los actos de tortura, las violaciones a derechos humanos contra las mujeres y la discriminación en razón de género en el sistema de justicia persisten”; en Tlaxcala este es el contexto, no se ha tenido avance significativo en la materia, parece que las autoridades cumplen con lo mínimo para poder pasar a otras cosas de mayor importancia para ellas; pues en noviembre de 2022 se creó la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en Tlaxcala, ente que debió haber sido constituido en la entidad en diciembre de 2017, en atención a reformas realizadas a la Ley General para Prevenir la Tortura; y, es en febrero de 2023 que la Procuraduría del estado instaló la Fiscalía en Apizaco, la cual pasa desapercibida como otras instancias más de justicia.

El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio, marca el momento en que, en 1987, entró en vigencia la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Hoy, la Convención está constituida por 174 países, entre ellos México, que debe adoptar medidas para prevenir y disminuir estas prácticas, sobre todo las que son efectuadas por el mismo Estado, ya que tampoco hay sentencias en contra de los funcionarios/as que ejercen estas violaciones a derechos humanos.

En el marco de esta conmemoración es necesario poner mayor atención a esta realidad, ya que en el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra Mujeres Privadas de su Libertad en México, presentado en diciembre de 2022, Tlaxcala ocupó el primer lugar a nivel nacional por tortura sexual cometida contra mujeres; en este mismo diagnóstico, se informa que existe una Recomendación por tortura. A pesar de estas condiciones, no se cuenta con acciones en favor de la erradicación de esta violación grave a derechos humanos, y tampoco se observa un compromiso real para no dejar en la impunidad los casos ya existentes en el estado, no debemos olvidar que se suma a las deudas históricas para los derechos de las mujeres en Tlaxcala.

Bajo este contexto, son de gran importancia las palabras de António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas: “Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura”.

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