Han iniciado los procesos de entrega–recepción que forman parte de un acto jurídico establecido en la ley para la transmisión del poder a las nuevas autoridades que fueron electas en los diferentes puestos de elección popular. Se dará desde la presidencia de la República hasta las dependencias federales, gobiernos estatales y presidencias municipales, ninguno de los titulares y estructuras podrá escabullirse para evitar este importante proceso. El incumplimiento de la ley tiene sanciones administrativas y hasta penales por no conducirse conforme lo establece la norma jurídica. La mudanza también implica la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados, por lo que la entrega–recepción es obligatoria para todos los funcionarios públicos que concluyen con el periodo por el que fueron electos o designados por las autoridades competentes, e incluso cuando por distintas razones terminan de manera anticipada.
La entrega–recepción es un acto jurídico que deben realizar los funcionarios salientes y los entrantes, así como de responsabilidad política, de tal suerte que permita que el proceso de transición cumpla con la ley y, por otra parte, favorezca que las nuevas autoridades asuman el control financiero, material, de personal y del patrimonio que será la base para el inicio de una nueva administración. Sin duda es fundamental su ejecución en los tiempos establecidos por la ley. La entrega–recepción, como actualmente la conocemos, es aún muy reciente y obedece en gran medida al cambio de régimen político, de autoritario a democrático, es decir, el cambio en el sistema electoral que favoreció la alternancia también implicó un conjunto de nuevas reglas que reflejarán la nueva realidad política de México, en principio reconociendo la pluralidad y el desplazamiento por la vía electoral del partido hegemónico y luego dominante con efectos en el ejercicio de gobierno.
En ese contexto, no sólo se modificaron las reglas de juego, sino que al presentarse de manera permanente alternancias en el poder político, los partidos y los funcionarios en el gobierno tuvieron que entregar la estafeta a otras fuerzas partidistas y, por ende, a nuevos funcionarios, fenómeno al que generalmente no se estaba acostumbrado, pues la entrega era más un acto protocolario que un acto jurídico. Cientos de casos podríamos citar de experiencias lamentables de cómo dejaban la administración los funcionarios salientes, incluso era práctica común llevarse todo, cargar hasta con el florero. Ese fenómeno que estaba normalizado era parte de la historia de gran parte del siglo XX, entre otras razones por el enquistado patrimonialismo, así como la ausencia de sanciones ante el saqueo. No había, por decir lo menos, un mínimo de normas jurídicas que aseguraran procesos de entrega–recepción que coadyuvaran al ejercicio gubernamental con eficacia y eficiencia desde el inicio de una nueva administración. El año de Hidalgo era el botín de los salientes.
El año de Hidalgo, si bien era el botín de los salientes, llegó al extremo de, por ejemplo, asegurar pensiones vitalicias, vaciar archivos físicos y más recientemente digitales, dejar en nómina a personal de confianza o buscar de alguna manera crear condiciones para despedidos injustificados con el fin de presentar denuncias laborales que terminaban siendo un lastre para las administraciones entrantes por los laudos laborales y su impacto en el presupuesto.
Esas múltiples causas dieron origen a la regulación por parte del Estado mexicano y del gobierno. En ese marco se pueden identificar la Auditoría Superior de la Federación, los Órganos de Fiscalización federales y estatales o las también conocidas contralorías internas y más recientemente los sistemas de control interno en las dependencias. Evidentemente, acompañado de distintas normas, ente ellas las de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la propia Ley de Entrega–Recepción federal y estatales, así como las modificaciones en los códigos penales, entre otras.
Lamentablemente, a pesar de esa regulación, aún prevalecen quienes intentan burlar la ley y hacer de la entrega–recepción una telaraña para evitar mostrar el estado que guarda la administración al momento de terminar de hacer la mudanza. Aun con ello en las próximas semanas muchas de las dependencias deberán cumplir con el proceso y las instituciones encargadas de observar, dar seguimiento, liberar o sancionar , tendrán que hacer su trabajo para asegurar que los salientes y los entrantes cumplan con la ley. Como se señaló, muchas instancias de gobierno están ahora mismo haciendo lo que les compete, lo que se debería esperar es que independientemente si hubo o no alternancia se realice conforme marca la ley, pues si el cambio en el partido en el poder fue esencial para avanzar en la entrega–recepción, ahora debe ser normalidad democrática acabar con el año de Hidalgo y dejar al entrante todo aquello que pertenece al gobierno. Una rendición de cuentas y de transparencia acorde a los tiempos actuales. La mudanza es un acto de congruencia, racionalidad burocrática y de altura política. Veremos cuántos cumplen y quiénes tuercen la ley o a quiénes los agarran con los dedos en la puerta, con todo y maleta.