Como mero trámite, este martes se llevó a cabo el examen de oposición para designar a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con el fin de evaluar las competencias y conocimientos de la terna enviada por la gobernadora; a través de una serie de preguntas, por demás básicas, sobre algunos aspectos técnicos y sobre las “propuestas” para implementar políticas públicas en materia de justicia, de llegar a la fiscalía, así como la política criminal que se implementará.
A unos días de cumplirse el tiempo establecido para la designación de la persona titular, no se escuchó nada nuevo, ni mucho menos se les exigió demostrar amplios conocimientos, capacidades y actitudes para modificar de fondo el sistema de justicia que ha favorecido a la impunidad; además de que durante el desarrollo del cuestionamiento, el jurado invisibilizó delitos de alto impacto y graves violaciones a los derechos humanos, ya que de manera expresa, el único delito sobre el que se pidieron propuestas específicas fue sobre el robo de autos, expresando que era el delito con mayor incidencia en el estado, “aunque ha ido disminuyendo”; sin poner ningún interés en aquellos delitos que han ido en aumento permanente como las violencias contra las mujeres.
A pesar de que una de las aspirantes fue encargada de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos de Trata de Personas, así como en diversos espacios para la atención especializada en delitos de género, poco se abordaron en las necesidades que se requieren atender desde esta institución para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y contar con una política criminal que realmente dé respuestas a las exigencias de las víctimas y no se sigan minimizando estos delitos. El jurado se limitó a preguntar si se debe aplicar o no la prisión preventiva ante casos de violencia de género, sin dimensionar realmente los impactos que ha tenido la falta de protección efectiva a las mujeres que han denunciado las violencias; sólo una de las respuestas mencionó que sí en los casos de feminicidio, sin tener en consideración las distintas prácticas que implican violencia feminicida y que no se han tomado las medidas necesarias para disminuir los riesgos que viven las mujeres.
Sin embargo, lo que evidenciaron, tanto el jurado como la terna de aspirantes, fue la indiferencia hacia el contexto de la violencia feminicida que vivimos en Tlaxcala y sobre los obstáculos que viven las mujeres en procesos lentos y revictimizantes, enfrentando machismo y violencia institucional; en ningún momento se abordaron delitos de alto impacto como la trata de personas, la desaparición, violaciones o tortura y tortura sexual, como si estos delitos no fueran operados también por delincuencia en el estado o por los mismos operadores de la institución.
La misma extitular de la todavía Procuraduría demostró el trato que se ha dado a los delitos cometidos contra las mujeres como violencia de género, al mencionar que “hay que diferenciar los delitos de bajo y alto impacto”, mencionando como ejemplo la violencia de género y que ésta puede atenderse desde la mediación para “llegar a un buen acuerdo y no llevar un procedimiento largo y desgastante”; lo cual es en sí mismo violatorio a la legislación actual para la atención de la violencia contra las mujeres, ya que se establece que las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a no ser sometidas a procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima; además de que la atención por parte de las autoridades debe ser integral, gratuita y pronta; por el contrario, las mujeres viven procesos largos, lentos y costosos.
Después de la sesión de evaluación en el Congreso, sigue siendo evidente que, por el momento, sólo se observa la intención de un cambio en el nombre de la instancia responsable de la procuración de justicia, pues no se contemplan los más altos estándares para su funcionamiento, como si Tlaxcala no mereciera contar con un sistema de justicia en el más amplio significado de ésta, las prácticas al interior de esta institución no han tenido sanciones, no se tiene conocimiento de ningún funcionario o funcionaria con sanción por la obstaculización o violencia institucional que se ha ejercido. A pesar de contar con una Alerta por Violencia de Género (AVG) que contempla medidas de seguridad y justicia, las cuales deben ser atendidas por esta instancia, se mantiene en incertidumbre el cumplimiento de éstas y el compromiso de atenderlas para modificar los contextos de inseguridad e impunidad que se mantienen en el estado.
Además de todo, se sigue responsabilizando a la ciudadanía para eficientizar el sistema acusatorio, pues al preguntar cómo puede fortalecerse éste, el aspirante optó por pedir que la sociedad haga uso de los mecanismos alternos de solución de conflictos para llegar a acuerdos, además de insistir en procedimientos abreviados, cuando éstos no necesariamente aportan a la reparación integral del daño; como si no fuera obligación del Estado contar con mecanismos adecuados, que no sigan revictimizando o poniendo en riesgo a las víctimas; además de justificar el retardo que existe en los procesos que se llevan a cabo.
Otras de las respuestas ante las preguntas del jurado se basaron en decir lo que las víctimas y la ciudadanía ya sabemos, que no hay salas ni personal suficiente para atender el número de casos de diferentes delitos, que lleva a un tiempo largo para ser desahogados; que no existe especialización en el personal, expresaron que son necesarias las capacitaciones, como si no se gastaran millones de pesos en ello; sin embargo, no se han designado recursos para el seguimiento a estas capacitaciones, y medir los impactos en su implementación, ya que muchos de estos talleres que se imparten no se ven reflejados en el trato y atención que reciben las mujeres y que aumenta su situación de riesgo.
Es preocupante que en ningún momento se hizo mención o alguna referencia a los estándares internacionales aplicables para la elección de la persona responsable de la fiscalía; tanto las preguntas como las aportaciones y “propuestas” resultaron ser muy básicas, lo que no permitió identificar (como en su momento durante el proceso de selección para la Procuraduría) una amplia experiencia para garantizar el funcionamiento de manera que beneficie a la ciudadanía en general y no para el Estado mismo, como ha funcionado hasta el momento; ya que el acceso a la justicia ha sido para pocos y, por el contrario, revictimiza y criminaliza a otras.
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