Tras negar que el Congreso del estado haya sido exhibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que nuevamente les invalidó diversos preceptos de las leyes de ingresos de cinco municipios, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXV Legislatura local aseguró que no volverá ocurrir una situación similar en las normas que regirán la captación de recursos de la Comunas en el año 2026.
En entrevista, el también coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza Tlaxcala aseguró que las observaciones hechas por la Corte se refieren únicamente a disposiciones específicas y no a la totalidad de los ordenamientos, por lo que se trata de correcciones puntuales que, afirmó, serán atendidas a fin de que en las normas del próximo año no se repitan los mismos vicios legislativos.
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“Efectivamente, vimos que la Suprema Corte invalidó algunos artículos en particular. No son las leyes en su conjunto, como algunos medios señalaron, sino disposiciones específicas, sobre todo en lo relativo a juegos de azar, la falta de claridad en cobros de agua potable y sanciones por escándalos en la vía pública”, explicó el diputado.
Cabe recordar que la SCJN corrigió nuevamente la plana al Congreso local al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 191/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En dicha resolución, la Corte declaró inválidas disposiciones contenidas en las leyes de ingresos de los municipios de San Pablo Apetatitlán, Teolocholco, Contla de Juan Cuamatzi, Santa Ana Nopalucan y Tepeyanco.
La ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf fue respaldada por mayoría del pleno, al considerar que algunos preceptos aprobados por los diputados tlaxcaltecas invadían competencias federales o vulneraban principios constitucionales como seguridad jurídica, legalidad tributaria y libertad de expresión.
Uno de los puntos más controvertidos fue la intención de los municipios de regular y sancionar los juegos de azar, pese a que el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal establece que esta facultad corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión. Aun así, los legisladores locales avalaron que Apetatitlán y Teolocholco establecieran multas de entre 30 y 40 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) por realizar juegos de azar en lugares públicos o privados.
La Corte también invalidó las tarifas de agua potable de Santa Ana Nopalucan, Tepeyanco y Contla, debido a que se clasificaba a los usuarios como pequeños, medianos o grandes consumidores sin definir los parámetros que sustentaban esa diferenciación. En el caso de Contla, se establecían cobros por “consumo mínimo, bajo, medio y alto”, lo cual, según los ministros, violaba el principio de legalidad tributaria al delegar a las autoridades administrativas la definición de los elementos de las contribuciones.
Otro de los temas centrales fueron las multas por “escandalizar” en la vía pública, “usar palabras altisonantes” o “perturbar el orden en actos cívicos”. Los ministros advirtieron que estas disposiciones eran contrarias al principio de taxatividad al carecer de parámetros objetivos, lo cual abría la puerta a la discrecionalidad y ponía en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Cuestionado sobre si estos fallos exhiben al Congreso local, Zainos Flores rechazó esa interpretación al enfatizar que son, en algunos casos, como los juegos de azar, nuevas disposiciones federales.
“Yo no diría que nos deja mal parados, porque en realidad no se trata de leyes de ingresos anuladas en su totalidad, sino de artículos específicos que tendremos que revisar y corregir”, sostuvo.
El diputado panista recordó que, en el caso de los juegos de azar, la Legislatura ya tenía conocimiento de que esa regulación debía ser eliminada, pero el problema fue que las leyes de ingresos de 2025 se aprobaron antes de que entrara en vigor la reforma federal en la materia, lo que generó el desfase, “ya que esa disposición entró en vigor cuando ya habíamos aprobado las nuevas normas.
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No obstante, sobre los cobros de agua potable, el presidente de la Comisión de Finanzas reconoció que “faltó claridad” en la definición de las tarifas, por lo que ahora se hará un análisis técnico que permita dar certeza a los usuarios.
“El ejemplo es el municipio de Tepeyanco, en donde se cobra muy poco, alrededor de 40 pesos, pero hay comunidades que lo hacen por usos y costumbres. Lo que falta es uniformidad y claridad en los conceptos”, comentó.
En cuanto a las sanciones por escándalos en la vía pública, el legislador admitió que habrá que revisar los preceptos para evitar discrecionalidad.
En tanto, Zainos Flores afirmó que la Comisión de Finanzas y Fiscalización ya trabaja para que las observaciones de la Corte se traduzcan en ajustes concretos en las leyes de ingresos de los municipios para 2026.
“No tendría por qué repetirse la misma situación, vamos a atender puntualmente lo que la Corte nos está señalando…no hemos sido notificados formalmente de la resolución, pero una vez que lo seamos entraremos al análisis para hacer las correcciones pertinentes”, aseguró.
El congresista enfatizó que el compromiso de la Comisión de Finanzas es que para 2026 los municipios cuenten con leyes de ingresos sólidas, claras y respetuosas del marco legal, con el fin de brindar certeza a la ciudadanía y evitar nuevas correcciones desde la Suprema Corte.
Amén que recordó que la comisión a su cargo ha sido una de las más productivas de la legislatura, con un número significativo de dictámenes, incluidos los relacionados con cuentas públicas, tablas de valores y presupuestos.
“Con el apoyo de mis compañeros, estamos dando resultados, y también lo haremos en este caso, acatando lo que la Corte resolvió”, acotó.
