Los actores que voluntariamente se vinculan a los procesos de investigación durante las alternancias o transiciones políticas suelen ser regularmente políticos, funcionarios, burócratas de instituciones públicas y privadas, académicos afines a las Ciencias Sociales y Humanidades, defensores de derechos humanos, miembros de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales. En ellos, por mandato presidencial recae la responsabilidad de la tramitación del pasado o presente plagados de violencia y violaciones graves a los derecho humanos, el medio han sido las Comisiones de la Verdad, Fiscalías Especiales de Investigación, Organismo de Investigación, Mecanismos de Esclarecimiento Histórico, etc. La formalización del instrumento supedita los límites de estos organismos, si tendrán peso jurídico, si son mecanismos que buscan sólo la verdad, esclarecer las violaciones y evidenciar a los perpetradores, establecer procesos de diálogo entre “víctimas” y victimarios, consensar el perdón, establecer justicias, sean estas penales–jurídicas, restaurativas, retributivas o establecimiento de memorias y sentar el principio de no repetición. Todas estas vertientes y muchas más dependen completamente del modelo de alternancia o transición, del modelo de Justicia Transicional o Postransicional que los regímenes que llegan al poder planea establecer.
Muchas veces el dilema que estos organismos han tenido es el ponderar la justicia penal–jurídica en aras de la estabilidad política. En muchas partes del mundo la justicia elegida ha sido diversa, pasa por el perdón, el reconocimiento de las violaciones y la promesa de no repetición, la retribución económica o compensación material, el establecimiento de memoriales y fechas conmemorativas, develar y esclarecer las violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho perpetrados por el régimen saliente. Sólo muy pocas transiciones han alcanzado una Justicia Transicional o Postransicional jurídica–penal, cuando ello se ha logrado por el apoyo irrestricto de organismos internacionales o la Cortes Penal Internacional, órganos que acompañan a los mecanismos de investigación y también, cuando los regímenes de transición han tenido la voluntad de adecuar los códigos penales internacionales en sus países, es decir, cuando los pactos de lealtad entre los actores políticos del viejo régimen y el entrante sí son rotos, cuando la voluntad gubernamental alcanza para romper ese pacto y se anhela establecer un esclarecimiento, verdad, una justicia fáctica, no minimalista y procedimental.
En México, múltiples intentos de tramitación del pasado han sido emprendidos, tanto de forma gubernamental como autónoma, pero, es importante decirlo, los enclaves de poder político del pasado no han sido ni siquiera fisurados, la impunidad sigue intacta a pesar de vivir en un contexto Postransicional, con todo lo que ello implica, pero aún con la permanencia de las violencias oficiales e ilegales en supuestos tiempo de “paz” y en un tiempo de plena “democracia”.
Las tramitaciones del pasado de manera oficial han sido una simulación por múltiples factores: primero, porque el Estado mexicano no se ha apegado a los mandatos de organismos internacionales y a la Corte Penal, se ha negado a tipificar los delitos de lesa humanidad en su Código Penal, ello ha impedido que todos los perpetradores señalados en el pasado–pasado, en el pasado reciente y en el presente gocen o, incluso, hayan muerto en total impunidad. Segundo, los pactos de lealtad política en todos los niveles e instituciones gubernamentales no se han roto, siguen operando como lo hacían cuando gobernaba el “viejo régimen”, ello ha permitido que la impunidad tenga un paraíso geográfico que abarca de Baja California hasta Chiapas. Ni un solo perpetrador desde hace más de cuatro décadas ha sido juzgado jurídico–penalmente. Tercero, los mecanismos oficiales han funcionado más como una consultoría de quejas, en donde las “víctimas” –yo señalaría son testigos– vierten sus experiencias, testimonios y demandas ante las violencias recibidas por actores gubernamentales y no gubernamentales. Cuarto, los alcances de las investigaciones oficiales han sido importantes en términos de esclarecimiento, en develaciones de acontecimientos, actores, procedimientos y patrones represivos, fortalecido con ello, el establecimiento de algunas memorias fragmentadas a nivel nacional, memoriales o monumentos aislados, marginados de una narrativa nacional, museos de sitio con una perspectiva oficial u oficiosa que siempre pretende clausurar el pasado, borrar su continuidad y la larga duración de las violencias oficiales y no oficiales, pero, los alcances en términos jurídico–penales han sido pírricos, por lo anteriormente ya señalado, incluso, ni de lejos hemos tenido un perdón gubernamental hacia los sobrevivientes y testigos de las violencias atroces perpetradas en el pasado y en el presente.
Hoy se asoma un nuevo esfuerzo descomunal por tramitar –de nueva cuenta– el pasado, el cual, más allá de las anomalías, las dudas que puedan existir en cuanto a su operación interna, los métodos, las temáticas investigadas, las fuentes consultadas, los testimonios recabados, los debates que se abordaron al interior de este Mecanismo en cuanto a la necesidades que en México existen en torno al pasado y amén de los resultados, los cuales se espera leer en extenso, cuando tengamos la certeza si son dos informes o uno sólo que será integrado después de septiembre, es importante hacernos muchas preguntas fuera el ímpetu y el profesionalismo de las personas comisionadas y sus asistentes. Hay preguntas que este contexto postransicional conmina a realizarnos: ¿El objetivo primordial del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico como parte de una Comisión de Acceso a la Verdad el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 podrá lograrse cuando el pasado estudiado ya estaba esclarecido, había claridad de los actores, los procesos históricos y las violencias perpetradas a lo largo y ancho del país, las cuales fueron develadas con las mismas fuentes que las implementadas por el Mecanismo? ¿En verdad se asume el pasado estaba vedado, que no sabía la sociedad mexicana nada al respecto? ¿Impulso a la justicia? Podríamos ser tan ilusos en pensar que un mecanismo desdentado enfocado al “esclarecimiento” podrá fincar antecedente jurídico para llevar a juicio a los perpetradores que sigan vivos.
Asumiendo sin conceder, los anclajes del pacto político del pasado con el presente no han sido desmontados, la protección a las fuerzas armadas en este sexenio no ha tenido parangón, ni en los mejores tiempos del “viejo régimen”. ¿Justicia? A todas luces sabemos que este régimen ha entendido por justicia el modelo retributivo, eso lo sabíamos desde que el presidente fue nombrado virtualmente y no asumía el poder. Ha impulsado en múltiples testigos y sobrevivientes del pasado y del presente la formación de algo parecido a un sindicato de dolientes, a los cuales se les hará justicia a través de un olvido sufragado, listas, listas y más listas de “víctimas” a las cuales se les retribuirá su silencio y olvido. Muchos dicen que está bien, que eso también es justicia.
Anhelo que algunos de los argumentos vertidos aquí y ampliamente abordados en mi libro intitulado Metáforas de Ausencia en México. Universidad Iberoamericana/Bonilla Artigas Editores. 2023, sean erróneos y mi interpretación y evidencias sean una pifia más de otro “académico” que se goza de refugiarse en su escritorio para interpretar el presente.