En días pasados, durante la presentación en el estado de Tlaxcala del Informe de Incidencia Delictiva del primer trimestre de 2023, se mencionó que “se ha logrado que la entidad esté ubicada en el primer lugar a nivel nacional con menor incidencia delictiva…”. La percepción de la ciudadanía dista de ver a Tlaxcala como un lugar que genere una sensación de seguridad; durante estos meses los robos, los asesinatos, la continuidad de la operación de redes de trata, la operación de redes de prestamistas colombianos y hasta la colocación de una narcomanta han estado presentes en el territorio tlaxcalteca.
Pongamos el ejemplo de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, delito que ha sido tipificado en el estado de Tlaxcala desde el año 2008. Hasta la fecha no ha existido una respuesta integral para atender la problemática y la valoración gubernamental –federal y estatal–, más bien se ha centrado en presentar números que no reflejan la realidad; por ejemplo, el documento “Información sobre la violencia contra las mujeres”, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que de enero a marzo de este año no han existido en Tlaxcala presuntas víctimas de trata y que durante el año 2022 solo se reporta un caso. Pero esto de ninguna manera es indicativo de que en Tlaxcala no existan víctimas, redes de tratantes o puntos de demanda y explotación.
En la medida que un delito se invisibiliza en las cifras oficiales y no se castiga, se generan las condiciones para mantenerse en la impunidad y permitir la ampliación de las operaciones de las redes. En este contexto es importante realizar una serie de preguntas que permitan entender por qué, si la problemática sigue siendo grave, no se refleja en las cifras oficiales. ¿Tiene que ver con la capacidad de integración de las denuncias? ¿Con la manera en que el dato se construye y se reporta? ¿Con la corrupción de los sistemas de procuración de justicia? ¿O con resguardar la imagen del estado, uno de los más señalados todavía por este delito en el ámbito nacional e internacional?
Implementar políticas públicas para prevenir el delito, como cualquier proyecto de intervención, requiere de tener un diagnóstico lo más aproximado a la realidad y como parte de éste hay que conocer las causas que lo generan, pues si no se desestructuran esas causas quienes delinquen tienden a adecuarse al contexto y sostener o ampliar la operación delictiva. Y cuando hablamos de causas no nos referimos sólo a las preguntas antes realizadas, sino también a otros elementos de carácter social, cultural y económico que favorecen la existencia de este delito.
Si no se reconoce la magnitud del problema y sus causas principales, las políticas públicas y los millones destinados a atender el problema, como ha venido ocurriendo históricamente, solo generarán un dispendio.
Para atender un problema, se requiere no solamente mostrar números en cero, sino generar un conjunto de políticas públicas que sancionen a los delincuentes, que permitan el acceso a la justicia a las víctimas y les den la protección si es necesario, y además se requiere un proceso que lleve a un cambio cultural; para el caso de trata debe llevar también a cambiar las conductas masculinas que generan la explotación y la demanda de mujeres tratadas.
El análisis de la realidad debe ser realizado no sólo con base en las cifras oficiales, sino también con información desde la participación ciudadana y la participación académica.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define como Prevención del Delito a “las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas.” Habría entonces que preguntarle a la ciudadanía si con las cifras que se han presentado en el Informe de incidencia delictiva del primer trimestre de 2023, en Tlaxcala se ha reducido en términos reales el riesgo de que se produzca el delito y su temor a la delincuencia.
*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
