El contundente triunfo de Lorena Cuéllar y de la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” representa una nueva alternancia en el gobierno estatal que ha generado una alta expectativa ante la inminente llegada de la Cuarta Transformación a la entidad, misma que se terminará de armonizar con el gobierno federal. Sin embargo, uno de los primeros pasos que tendrá que asegurar la gobernadora electa para que arranque su gobierno con el píe derecho es que reciba la administración estatal con plena transparencia y rendición de cuentas del estado que guarda la entidad en todos los rubros donde se tenga competencia. La entrega–recepción es pieza clave para el funcionamiento de los primeros meses del nuevo gobierno.
La entrega–recepción en los procesos de transmisión del poder tiene su propia historia, desde aquellos tiempos del conocido año de Hidalgo, hasta procesos de total apertura y entrega de las dependencias sin mayor contratiempo. En tiempos del régimen autoritario con un partido hegemónico y luego predominante, el proceso de transmisión era totalmente opaco, no había necesidad de generar procesos administrativos y de gestión; en cambio, se tendría que cumplir las consignas de terminarse el presupuesto, de vaciar las oficinas y dejar la menor información posible para que el que llegue inicie de cero, estas consignas se ocupaban independientemente que el nuevo gobernante fuera del mismo partido político. En esa época del PRI, las prácticas de ese tipo se soportaban en la visión patrimonialista, cuya historia data de la época colonial, misma que logró sobrevivir en el México Independiente, el Porfiriato, el México posrevolucionario, en el régimen autoritario e incluso en el proceso de transición democrática de las últimas décadas, pues el patrimonialismo hacía referencia a que todo aquello que se relacionaba con el puesto, era para uso público y privado del funcionario público en turno, servirse con la cuchara grande, hacer y deshacer con el presupuesto, con el personal a su cargo y con todo lo que tenía que ver con la dependencia. El fin de un gobierno implicaba el saqueo total o parcial de las dependencias.
La llegada de las alternancias y el cambio de un régimen provocaron cambios en los procesos de transmisión del poder público, al principio la resistencia del partido que históricamente había gobernado fue extrema y se mantuvieron las consignas señaladas, sobre todo porque ahora el adversario que asumiría el poder podría indagar sobre las prácticas de corrupción, desvío de recursos públicos y el estilo de vida de los funcionarios.
La entrega–recepción se convirtió en un peligro para los gobernantes salientes, sobran ejemplos de cómo la alternancia provocó que el saqueo fuera mayúsculo, cuya nueva consigna fue no dejar pistas, huellas sobre el ejercicio del poder público pero, sobre todo, el uso del presupuesto, había que cuidarse las espaldas y evitar posibles sanciones administrativas y penales. Por otra parte, se empezaron a generar procesos y leyes en la materia que intentaran regular la transmisión del poder ajustándose a reglas de observancia para los servidores públicos y que en caso de tropelías fueran sancionados con procesos de inhabilitación para ocupar cargos en la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, o vincularlos a procesos penales por faltas graves al erario público.
Pese a los avances en los procesos de entrega–recepción que buscaban acabar con la opacidad, la negligencia y todas aquellas prácticas nulas de transparencia y rendición de cuentas, aún siguen prevaleciendo conductas fuera de la ley para saquear o cubrir las espaldas de los funcionarios que se van.
Para el caso de Tlaxcala, en las alternancias de 1998 y sobre todo en 2004 y 2010, hubo señalamientos graves por irregularidades en el proceso de entrega–recepción, las resistencias abundaron para proporcionar información, rendición de cuentas y demás de los salientes, sin que ello tuviera repercusión alguna. En función de ello, para el año 2011, el gobernador Mariano González Zarur emitió la Ley de Entrega–Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que sigue vigente y que buscó regular el proceso, ésta se ocupó en 2016 para la entrega–recepción del saliente y del actual mandatario, con la diferencia que se entregó al mismo partido político, al PRI. Esta ley se aplicará para el cambio de gobierno en este 2021. En ese sentido, la gobernadora electa y el actual gobernador deberán ceñirse al marco normativo, de tal suerte que eso coadyuve a que el nuevo gobierno tome el control político, financiero e institucional de manera inmediata y en buenas condiciones.
Sin embargo, la voluntad política no es suficiente para asegurar una correcta entrega–recepción y la Comisión de Enlace deberá revisar con lupa lo que le será entregado, para que en caso de omisiones a la ley sean notificadas al Órgano de Fiscalización Superior para que actúe en consecuencia, pues existen muchas formas para ocultar, desaparecer o mentir a los nuevos funcionarios. La comisión deberá revisar con detalle el ejercicio del presupuesto, el comportamiento del gasto en los últimos meses a partir del triunfo de Lorena Cuéllar, así como los movimientos en nómina para asegurar que, como ocurre cada fin de gobierno, no se cometan acciones para cubrir las espaldas de los que se enriquecieron ilícitamente o los que quieren seguir viviendo del presupuesto. La entrega–recepción no sólo es un acto administrativo, sino un acto jurídico, es el inicio de la lucha contra la corrupción, el nepotismo y el patrimonialismo enquistado en el gobierno. Ver para creer.