La doble moral del asilo y el refugio en México

Durante el siglo XX, los sucesivos gobiernos mexicanos crearon un mito sobre el papel de México en materia de asilo y refugio. Según este mito, el país tenía como principio ser salvaguarda de la vida de todos aquellos hombres y mujeres que por motivo de sus ideas, raza, religión u otros motivos fueran perseguidos por sus gobernantes.

Bajo ese principio, durante la Segunda Guerra Mundial, México otorgó visas humanitarias a europeos que eran perseguidos por el régimen nazi. También se recibieron a los “niños de Morelia”, hijos de españoles republicanos que luchaban contra Francisco Franco. En 1954, después de que la CIA organizara un golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Árbenz, cientos de guatemaltecos se trasladaron a México para salvar la vida. Ya en la década de 1970, chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos, paraguayos y un sinfín de latinoamericanos llegaron a México huyendo de las dictaduras de Seguridad Nacional que los Estados Unidos impusieron en casi toda América Latina.

Todos esos casos, y otros más, han servido para que los gobiernos se vanagloriaran de los “principios de la política internacional mexicana”. Inclusive los elevaron a rango constitucional. Un sinfín de especialistas en relaciones internacionales han servido de portavoces de estos fenómenos y creado el mito de “México, país de refugio”.


Sin embargo, tanto gobernantes como especialistas se han dedicado a crear una “historia recordada” que sirve para dotar de identidad a los gobiernos pero que solo recoge la “cara bonita”, el dato útil para el mito. Para lograr consolidar el mito, gobernantes y especialistas deben de voltear la mirada ante los hechos que cuestionan, refutan y ponen luz en todas sus dimensiones un proceso más complejo y que no tiene nada que ver con lo que han repetido hasta el cansancio hasta hacerlo lugar común y piedra de toque para sus discursos y libros.

Esta “historia recordada”, mítica, choca frontalmente cuando se le pone enfrente de la política interna. Mientras en Europa se salvaban vidas en México se perseguían a muerte a los caudillos de la Revolución Mexicana que se negaban a entrar al pacto de la Familia Revolucionaria. Mientras centenares de guatemaltecos exiliados rehacían sus vidas en el país, Adolfo López Mateos mandaba a asesinar al líder revolucionario Rubén Jaramillo. Al mismo tiempo que Luis Echeverría Álvarez recibía con los brazos abiertos a los sudamericanos ordenaba la matanza de estudiantes del Jueves de Corpus de 1971 e implementaba la “guerra sucia” contra todo disidente bajo el argumento de que eran comunistas. Pero esta contradicción, para funcionarios e historiadores de la política internacional mexicana es preferible no verla. Está allí, pero ¿para qué ponerla? Mejor seguir construyendo el mito de “México país de refugio”.

Lo mismo pasa con los claroscuros de la política exterior mexicana. Gobernantes e historiadores deben de minimizar, negar o destrozar las evidencias existentes sobre la venta de visas humanitarias que se realizó en consulados mexicanos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Gobernantes e historiadores ven para otro lado cuando se enteran que durante el gobierno de Luís Echeverría la Dirección Federal de Seguridad capturó, interrogó y torturó Percy Jacobs Fernández, un dirigente revolucionario guatemalteco, para posteriormente entregarlo al ejército guatemalteco y que ellos pudieran asesinarlo y presentarlo como un enfrentamiento armado en la zona fronteriza.

Durante los años setenta, mientras se escribían con letras de oro los “principios de la política internacional mexicana”, mientras se implementaba la “guerra sucia” contra el “enemigo interno”, el gobierno mexicano y sus aparatos de inteligencia, seguridad y represivos diseñaron, implementaron “otra guerra sucia” contra extranjeros que estaban en el país bajo las figuras del asilo y el refugio. Encarcelaron, torturaron, asesinaron y entregaron a otros gobiernos a disidentes políticos en una operación de la misma naturaleza que la aplicada por las dictaduras de Seguridad Nacional que reinaban en América Latina. México implementó su propia “Operación Cóndor”. Pero eso no hay que decirlo en voz alta porque cuestiona la manida frase de “México, país de refugio”.

Andrés Manuel López Obrador ha señalado reiteradamente que su gobierno iba a retomar y hacer honor de los “principios históricos de la política exterior mexicana”. Anunció con bombo y platillo un programa para recibir y brindar oportunidades dignas de vida a los miles de centroamericanos que huyen de gobiernos corruptos, de la pobreza y de la violencia. Pero al primer chasquido de dedos de Donald Trump mandó a la Guardia Nacional contra las caravanas de migrantes. Y la semana pasada entregó a las autoridades guatemaltecas a Julio César Macías, el comandante guerrillero César Montes, a pesar de que personalidades muy cercanas al gobierno, como Yeidckol Polevnski, aseguran que se encontraba en calidad de refugiado en México. La doble moral de la política exterior mexicana no ha cambiado.

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