Estamos ante la danza de los sapos. Los casos de la Estafa Maestra, Odebrecht y la Reforma Energética han desnudado la forma sistemática que la clase política ocupaba para desviar recursos públicos para fines personales o de grupo, ya sea para amasar fortunas o para permitir el enriquecimiento de empresas y empresarios nacionales o extranjeros a cambio de jugosos sobornos o para apoyar campañas políticas. Si bien, había evidencias de estas prácticas multimillonarias, así como expedientes abiertos ante la Fiscalía General de la República (FGR), ahora estamos asistiendo a la danza de los sapos que supone que los involucrados están abriendo la boca para intentar evitar la cárcel o disminuir sus posibles sentencias condenatorias apegándose al criterio de oportunidad. Tres sapos han empezado a cantar: Emilio Zebadua, Rosario Robles y Emilio Lozoya, pero habrá más porque al abrir la cloaca se está rompiendo el pacto de impunidad de la clase corrupta enquistadas en el PRI, PAN y PRD.
Pero más allá de los destinos individuales de los involucrados, que tendrán que responder a las acusaciones de la FGR y recibir una ejemplar sentencia, lo interesante de la danza de los sapos es que se empieza a conocer por los propios actores las formas que éstos y otros ocupaban para desviar recursos, apoyar campañas o incidir en la agenda del gobierno. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en 2017 un documento titulado “Contra la captura de las políticas públicas”, que forma parte de sus estudios sobre Gobernanza Pública, mismo que plasma precisamente el funcionamiento de estas prácticas y cómo inciden en el crecimiento económico, la salud, la educación y otros temas profundizando la desigualdad en los países. Ese el problema central, la captura de las políticas y acciones del gobierno arremete contra los que menos tienen, porque cuando el servicio público se pone en manos de delincuentes de cuello blanco y éstos sin ningún tipo de escrúpulos dejan de atender el interés público para servirse de él, el asunto adquiere una enorme trascendencia social, así, por ejemplo, que la Cruzada contra el Hambre fuera ocupada para desviar recursos para las campañas políticas del PRI, no sólo puede influir en las elecciones, sino que amplía las desigualdades de los grupos más pobres del país o que los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht hayan servido para privatizar al sector energético con el apoyo de la triada PRI–PAN–PRD afectando la soberanía energética. De comprobarse los dichos de los sapos, se estaría confirmando que la captura de las políticas fue un modus operandi en contra de los mexicanos.
Al respecto, la OCDE define la captura de políticas públicas como el “proceso mediante el cual las decisiones de política se desvían constante y sistemáticamente desde el interés público hacia intereses particulares de personas o grupos específicos. La captura es lo opuesto a generar políticas incluyentes y justas y siempre socava los valores centrales de la democracia. Es posible lograr la captura de decisiones públicas mediante una variedad de instrumentos ilegales, como el cohecho, pero también usando los canales de la ley, como el cabildeo, y el apoyo a los partidos políticos y campañas electorales. Es capaz de entorpecer el crecimiento económico sostenible, afectar la calidad y eficacia de servicios y políticas públicas, y minar la confianza en el gobierno, profundizando aún más las desigualdades y dejando a las sociedades atrapadas en un círculo vicioso” (OCDE, 2017,12).
Destaca el propio informe que entre los efectos se pueden citar: 1. La captura conduce a la asignación errónea de los recursos públicos y privados, lo que genera actividades de captación de rentas e ineficiencia en la productividad y determinación del presupuesto; pone en peligro el crecimiento sostenido, 2. La captura perpetua o exacerba las desigualdades sociales y económicas. Los beneficios obtenidos por medio de la captura permiten al grupo de interés seguir invirtiendo en la búsqueda de influencias para mantener y expandir su riqueza y poderío; por ende nutre el ciclo vicioso de la desigualdad, 3. La captura tiene la capacidad de bloquear reformas o propiciar políticas mal ejecutadas, a fin de proteger los intereses arraigados; también puede redirigir las reformas en curso para alejarse del interés público, 4. Es probable que merme la confianza en el gobierno y fomente así la percepción de que la política es injusta y ésta influye de forma indebida. Puede erosionar la legitimidad y credibilidad en el gobierno, y obstaculizar la implementación efectiva de medidas. Incluso la influencia indebida logra tener esos perjudiciales efectos y 5. La captura conlleva amenazas a la salud, al medio ambiente y a la seguridad al propiciar, por ejemplo, servicios de menor calidad, o descuidando el sector de la salud. La captura del sistema de justicia por parte del crimen organizado facilita sus operaciones. La captura de políticas sanitarias y educativas puede llegar a contribuir aún más al círculo vicioso de la desigualdad. (OCDE, 2017, 12).
Sobra decir que los sapos estarían reconociendo que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón, uno del PRI y otro del PAN, gobernaron para los intereses personales y de grupo y no para la defensa de los mexicanos. Bienvenidos a la danza de los sapos.
Entre tanto, dónde están los drones que la alcaldesa de Tlaxcala prometió?