La corrupción en los ámbitos municipal y estatal fomenta el desarrollo de la delincuencia organizada en el país y una manera de frenar las estructuras financieras de los grupos que delinquen es pegarles en donde más les duele, esto es, en sus bolsillos.
Lo anterior fue expuesto en el acto de inauguración del Primer Congreso Nacional de Unidades Anti Lavado de Dinero en México, en el que participan 27 titulares de Unidades de Inteligencia de diferentes entidades de la República.
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En este acto, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo y extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo recordó que desde 2011 comenzó la creación de unidades de inteligencia patrimonial y económica en el país con el propósito de detener las operaciones de la delincuencia organizada y evitar que coopten a más jóvenes para integrarse a sus filas. Por ello, destacó que es importante la coordinación entre estas instituciones.
“En el proyecto de la estrategia de seguridad pública para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sería la segunda etapa, se estableció la necesidad de crear una Guardia Financiera, por un lado; por otro lado, la obligación de crear una política de crecimiento de las unidades de inteligencia patrimonial y económica”, comentó.
Además, resaltó que a diferencia de sexenios anteriores, la confrontación de las autoridades contra la delincuencia se había centrado en combatir a los sicarios, pero no tocaban las estructuras financieras, lo que permite su permanencia y reproducción.
“Un tercer elemento tiene que ver con la corrupción política que les da finalmente cobijo, los grupos delictivos no nacen por generación espontánea, muchas veces están ligados –sobre todo en los ámbitos municipales– a ámbitos de corrupción; también en los ámbitos estatales. (…) De ahí hay que partir y reconocer que hay corrupción judicial, policial que en ocasiones les da un halo de protección jurídica a los grupos delictivos”, puntualizó.
Este Congreso fue inaugurado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien afirmó que éste es un evento que permite sumar esfuerzos para retomar buenas prácticas en la materia.
“Dar vida al Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, que será un órgano descentralizado de la administración pública con personalidad jurídica y patrimonio propios; así, en un acto de justicia social en Tlaxcala, podremos destinar los bienes, activos y empresas improductivas para el estado a servicios públicos, programas sociales, de prevención del delito para el fortalecimiento de instituciones de seguridad pública e impartición de justicia, en fines educativos, de asistencia social y otras políticas públicas prioritarias”, indicó.
A su vez, el director de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tlaxcala (UIPET), Neri Toshiro León Sauza expuso que el objetivo de este congreso, que reunirá a 14 ponentes, es diseñar una estrategia efectiva a través de compartir experiencias entre las unidades de inteligencia para lograr “tiros de precisión” a las estructuras patrimoniales, a fin de conocer al último beneficiario de los recursos de procedencia ilícita y así lograr la extinción de dominio.
Por su lado, la subdirectora del Programa de Procuración de Justicia de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en México, Annaliese Heiligenstein manifestó que a través de este evento sus participantes tendrán el conocimiento, habilidades y herramientas para “pegarle al crimen organizado donde más les duele, en sus bolsillos. Lo mejor de todo es que no tenemos que disparar una sola bala. El grado de peligrosidad de las organizaciones criminales nos exige que las combatamos considerando diferentes puntos”.
Enfatizó que sin dinero los criminales no pueden producir droga, comprar armamento o afectar a la sociedad, por lo que la organización es importante para identificar los problemas comunes, retos y oportunidades en materia de lavado de dinero.
En este congreso participan los representantes de Baja California, Chiapas, Campeche, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Baja California Sur, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Nayarit, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Tlaxcala.