La 3de3 solo es un acto de buena voluntad al carecer de efectos legales, señala Nava

Al carecer de efectos legales, la iniciativa 3de3 “solo es un acto de buena voluntad”, por lo que las autoridades correspondientes deben dar certeza a la sociedad de que en el estado se va a cumplir que ninguna persona con antecedentes de violencia de género será candidato, aseveró Silvia Nava Nava, consejera social por Tlaxcala ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

La también activista consideró necesario hacer una revisión porque la violencia política contra las mujeres en razón de género “la puede ejercer cualquier ciudadano, no solamente las autoridades, ya sea hombre o mujer”.

Asimismo, convocó a las autoridades electorales a verificar el cumplimiento de las sentencias que han emitido, “porque que se siguen cometiendo violaciones y omisiones… no se trata de una elección nada más; durante milenios hombres y mujeres hemos trabajado por este derecho a la igualdad, para ser tratados con dignidad y acceder a las mismas oportunidades”.

Lamentó que aún exista una cultura en servidores públicos de sugerir a víctimas la negociación, pero “los derechos son innegociables, no se pueden fraccionar ni se puede retroceder, y en materia de violencia política, no existe esa posibilidad”.

Nava Nava acentuó que es preocupante que la 3de3, solamente sea “un acto de buena voluntad, ya que carece de efectos legales” y en el caso de Tlaxcala, todavía no hay acceso a información puntual al respecto.

En este sentido, se deben observar esos lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), para que ninguna candidatura cuente con antecedentes de agresiones sexuales, violencias de género o deudores de pensión alimenticia.

Consideró que la justicia electoral es “sumamente cara y larga”, pues los casos que pudieran trasladarse a las instancias judiciales, probablemente serían desahogados en una primera audiencia hasta el mes de septiembre.

En Chiautempan también se han registrado “cosas lamentables”, como la que se difundió en medios de comunicación sobre la evidencia a un candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por presunto gasto anticipado de campaña, lo cual no solo vulneraría la ley electoral sino también se convertiría en un acto de violencia política, indicó.

Además de que existe resistencia cultural a acatar la ley y a respetar los derechos humanos como los laborales. Al respecto, recordó que en el estado existe el antecedente de un regidor de Españita “que continúa en la nómina”.

Mencionó que a esa persona se le ordenó ofrecer disculpa pública por sus acciones, pero nunca lo hizo “y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en un papel vergonzoso, no hizo cumplir esa disposición”.

Otro caso –dijo– es el de Quilehtla, donde el presidente municipal está en proceso por segunda ocasión, por ejercer violencia política en contra de la síndica, a quien se le han retenido salarios y no se le proporcionan recursos materiales y humanos suficientes para trabajar, pues su personal fue despedido. “Y en Huactzinco, la síndica ya ni se queja” de las vulneraciones que se cometen en su contra, expresó.