Lunes, agosto 2, 2021

Juzgados ponen en riesgo vida e integridad de infantes por no respetar protocolo de actuación: OSC

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Sin la aplicación del Protocolo de Actuación especial ni de medidas para evitar la revictimización y sin priorizar el interés superior de la niñez, Juzgados de lo Familiar resuelven casos que ponen en riesgo la integridad y vida de niñas, niños y adolescentes, denunciaron Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Por ello y por considerar la existencia de supuesta corrupción, demandaron la intervención del pleno del Poder Judicial del estado en al menos cinco asuntos y demandaron la separación del cargo de juez de Alexis Minor Flores y de Alejandro Pereda Vega.

Diversas OSC convocaron a una rueda de prensa para exponer situaciones de riesgo en las que se podrían encontrar “miles o cientos de miles de niños que transitan por los juzgados familiares en el estado de Tlaxcala”.

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Yeny Charrez Carlos, presidenta de Mujeres Con Poder, señaló que hay presunción de que impartidores de justicia podrían estar inmiscuidos en asuntos “fuera de la ley, en una posible corrupción que atenta contra el interés superior de los menores y de mujeres víctimas de violencia”.

Mencionó que han recopilado casos, entre ellos el correspondiente al de una víctima de trata, el que narró porque la víctima no se presentó a la conferencia, como parte de las medidas de protección de identidad, por tanto, tampoco se dio a conocer el nombre.

“Ella fue explotada por su pareja. Después de tener mucho miedo, se atrevió a pedir ayuda para recuperar a sus hijos, a quienes tiene un lenón, el mismo que la explotaba. Fue enviada al Juzgado Familiar de Zaragoza –anotó- y el juez Alexis Minor le dijo a ella y mí que un tratante también puede ser un buen padre”.

Pero –añadió– hay otro servidor público de nombre Alejandro Pereda Vega, quien anteriormente fungía como director jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Estado y actualmente desempeña funciones de juez en el Juzgado de Tlaxco, pero también ha sido cuestionada su actuación.

Citó el asunto en el que la custodia de una infante fue concedida a su padre biológico, quien se desempeña como regidor de Santa Apolonia Teacalco, además, ha sido vinculado a proceso por violencia familiar y es señalado por no haber brindado atención médica oportuna a la madre de la niña de nombre Esmeralda N., fallecida a causa de cáncer.

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“Ella –indicó–, aun después de muerta, sigue siendo agredida por un sistema feminicida”. Lamentó que en este caso se ha mostrado que por encima del interés superior de menores, está la presunción de inocencia.

Ixchel Yglesias, activista e investigadora, apuntó en este caso hay violencia feminicida e irregularidades en el proceso de investigación desde la Procuraduría General de Justicia (PGJE), con fallas “terribles”.

Y el Juez Minor “ha mostrado una actitud sumamente violenta, déspota y misógina, pues amenazó a la familia de no volver a ver a la niña, aun cuando existen indicios de violación contra esta menor de edad por parte del regidor. Estamos en un Estado proxeneta, feminicida, cómplice de violencias machistas”.

Asimismo, Mitzy N. dio su testimonio, pues fue demandada por el padre de su hija “por reducción de pensión alimenticia y por guardia y custodia”, pese a que este hombre ejerció violencia contra ella cuando estaba embarazada. Anotó que la junta familiar se desarrolló en el juzgado en medio de presuntas anomalías que ‘pisotearon’ sus derechos humanos como mujer, ya que no se le dio la oportunidad de hablar y fue señalada por el juez de no haber realizado sus funciones de madre, entre otras cosas.

Por su parte, Félix Pozos Palafox, abogada y activista puntualizó que el Protocolo de Actuación para quienes Imparten en casos de Niñas, Niños y Adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no se respeta en Tlaxcala en la mayoría de los asuntos.

El problema –resaltó– es que no hay especialistas (como psicólogos y trabajadores infantiles, pediatras ni criminólogos en la materia, con al menos maestría y acreditación para la defensa de los intereses de este sector) para cumplirlo, ni la infraestructura especial, ya que entre otras cosas se requiere de una sala de juicio oral lúdica para menores, por lo que no hay un grupo disciplinario que videograbe las audiencias ni que garantice la no revictimización de las y los infantes.

“En el estado la mayoría de decisiones de menores no se hace así… los observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) nunca llegan, todo lo que se ha decidido en Tlaxcala está revestido de actos de corrupción”, ni se respeta el interés superior del menor, por lo que este tipo de circunstancias conducen hacia una acción de nulidad.

Sin embargo –apuntó–, ante “el odio de todo los jueces hacia las mujeres, permiten que sean violentadas ellas y sus hijos… hay un cuaderno de la SCJN que esos servidores públicos deben respetar, pero el Poder Judicial no se ha preocupado por esto”, de ahí que este tipo de omisiones pone en riesgo a infantes, indica.

Abundó que este problema no solo es en el fuero común, también se ha detectado en los tres Juzgados de Distrito del estado, pues “no respetan la suplencia de la queja ni actúan de oficio a favor” de niñas, niños y adolescentes, por lo que el caso debe trasladarse al Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación, tiempo en el que pueden estar expuestos al peligro, incluso de muerte.

Charrez Carlos agregó que en la práctica así son este tipo de audiencias “con todo el protocolo en contra”, en el que se impide la entrada de peritos de la defensa y no se practican estudios, como los que le compete realizar al DIF estatal.

Por otra parte, las OSC acusaron que por defender derechos y realizar todos estos señalamientos, algunas activistas, como Ixchel Yglesias y Félix Palafox, son víctimas de persecución por parte del Estado y de amenazas. La primera de ellas añadió que estas agresiones muestran la forma en que opera “el sistema de dominación patriarcal” pues cuando un supuesto feminicida o violador dice que se afecta su presunción de violencia, “todo el Estado se configura”.

Las OSC requirieron al Poder Judicial una reunión pública con carácter de urgente con víctimas y activistas, y la separación inmediata de Alejandro Pereda Vega, pues se tiene conocimiento que no ha realizado un examen público de oposición para desempeñarse como juez, en caso contrario que se demuestre su acreditación.

Asimismo, demandaron la intervención oficiosa para investigar a los servidores públicos señalados y demás involucrados; así como la separación del cargo de Alexis Minor como juez familiar, mientras tanto se realizan las investigaciones respectivas; y el cese a funcionarios que imparten justicia poniendo en riesgo a menores de edad, pues diariamente se realiza entre cinco y 10 juntas familiares donde se involucra a infantes.

Agregaron que han recurrido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque en Tlaxcala la corrupción “está por escrito, sellada y firmada”.

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